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Elegir la ley o el poder político
La Corte Suprema es la institución a la que los argentinos dimos un poder formidable: el de cuidar los derechos de cada uno de nosotros y obligar a las otras ramas del Estado a limitarse a ejercer el rol que les fijó nuestro pacto de convivencia en paz: la Constitución nacional. La Constitución equilibró las facultades de unos órganos del Estado, que solo pueden hacer ciertas cosas, con las de otros órganos, que solo pueden hacer otras cosas, y dio al Poder Judicial la capacidad de decir cuándo se cumple con la ley suprema y cuándo hay abuso de poder. Además, la Constitución reconoce el pacto político que fundó nuestra nación al establecer que los pueblos de las provincias se pueden autogobernar, porque las provincias conservan todo el poder que no fue delegado a la Nación expresamente por la Constitución.
La Corte tiene en estudio para resolver el caso que planteó la ciudad de Buenos Aires cuando una rama del Estado nacional, la ejecutiva, decidió quitarle sin consulta y por decreto una suma enorme de ingresos que le pertenecen por coparticipación federal de impuestos. En esa materia la ciudad tiene los mismos derechos que las provincias, como surge con claridad del art. 75 de la Constitución
La Corte tiene en estudio para resolver el caso que planteó la ciudad de Buenos Aires cuando una rama del Estado nacional, la ejecutiva, decidió quitarle sin consulta y por decreto una suma enorme de ingresos que le pertenecen por coparticipación federal de impuestos. En esa materia la ciudad tiene los mismos derechos que las provincias, como surge con claridad del art. 75 de la Constitución. Uno de esos derechos de las provincias y de la ciudad es el de cobrar ciertos impuestos y, si permiten que los recaude la Nación, entonces adquieren el derecho a que la Nación les deposite diariamente su parte de lo que cobra para sí y para las provincias y la ciudad. Otro derecho de las provincias y de la ciudad es que la Nación no les pueda quitar nada de esos recursos sin un previo acuerdo de la provincia o ciudad. Esta es la base del pacto federal que dio nacimiento institucional a nuestra nación, tras una guerra civil de más de treinta años.
Por suerte la Corte ha sido una fuerte defensora de este tratado de paz de los argentinos, que se basa en el federalismo. La Corte ha sido consciente de que –como su par de EE.UU., sobre cuyo modelo se creó– tiene el poder y el deber de "garantizar a cada persona el derecho a una justicia igual basada en la ley". El famoso juez Cardozo de la Corte norteamericana afirma que uno de los intereses sociales más fundamentales de la democracia es que el derecho sea uniforme o imparcial. Si la ley debe ser igual para todos (artículo 16 de nuestra Constitución), también y fundamentalmente los jueces deben aplicar la ley a todos por igual. Y la Corte ya ha resuelto en el caso "Entre Ríos", entre otros, que las provincias (y la ciudad) no pueden ser privadas por la Nación de sus ingresos de coparticipación de impuestos sin su consentimiento previo.
Ahora el oficialismo impulsa en el Congreso un proyecto de ley para intentar consolidar la decisión política del Presidente de sacarle su dinero a la ciudad, para dárselo a su aliado partidario que gobierna la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lo que no podía hacer el Presidente por decreto en este caso tampoco lo puede hacer el Congreso por ley, porque quien no puede quitarles ingresos a las provincias –como resolvió la Corte– es el Estado nacional, por ninguno de sus órganos, sea el Ejecutivo o el Legislativo. Además, el Congreso ya había aprobado la coparticipación de la ciudad por varias leyes de pactos fiscales y presupuesto, y no puede ahora pretender ir para otro lado, legislando aquello que tiene prohibido, como quitarle recursos sin acuerdo a ninguna provincia o a la ciudad. En nada cambia la situación que el Congreso en un artículo consume el saqueo y en otro diga que en el futuro hay que acordar algo, porque lo único que eso implica es que si hay que acordar algo es porque no hubo acuerdo o, lo que es peor, que sí hubo un acuerdo aprobado por el Congreso y que ahora la mayoría del Congreso de la Nación prefiere unilateralmente no cumplir, perjudicando a una entidad federal.
Los efectos de la quita inconsulta de coparticipación ya se sufren: la Ciudad no pudo cumplir con el presupuesto vigente votado por los representantes de su pueblo y ahora se ve forzada a poner nuevos impuestos (a las compras con tarjeta), para financiar al gobernador Kicillof, que representa a otro pueblo federal.
Subir impuestos es una tragedia en medio de una recesión de más una década. Subir impuestos –como también acaba de hacer Diputados– es encarecer los productos, bajar el consumo popular, quitar parte del capital destinado a producir y generar empleo. Esperemos que la Corte Suprema, que ya ha demostrado que defiende sólidamente el federalismo, resuelva rápidamente esta causa, así la ciudad de Buenos Aires no aprueba el nuevo impuesto y eso nos lleva a acordar entre todos un nuevo pacto: el de respetar las instituciones, respetar las reglas para ganar previsibilidad y confianza en el derecho y en los jueces, mostrar responsabilidad fiscal, poner nuestras energías del lado del pueblo llano, del trabajo, de la producción, de la estabilidad y de la rápida recuperación de moneda, empleo y consumo.
Expresidente provisional del Senado (Pro-Capital)
