1
Milei y sus nuevos socios peronistas
El peronismo traicionó al Presidente justo cuando este creía que acordar con ese partido le permitiría tener el presupuesto que él imaginaba para el próximo año
10 minutos de lectura'
LA NACIONJoaquín Morales Solá
Tropezó con lo probable. El peronismo lo traicionó a Javier Milei justo cuando este creía que acordar con ese partido le permitiría tener el presupuesto que él imaginaba para el próximo año. Ya es extravagante que el país haya administrado sus cuentas públicas sin un presupuesto durante los dos años del actual presidente. Pero más asombroso es que el gobierno libertario haya decidido negociar con el kirchnerismo para integrar el directorio de la Auditoría General de la Nación (AGN), que es un organismo constitucional de control de los gastos del gobierno y que depende directamente del Congreso, no del Poder Ejecutivo. ¿Quería alcanzar la comprensión de los peronistas? Solo logró que lo comprendieran algunos de ellos y nada más que parcialmente. El presidente de la AGN debe ser por disposición constitucional un representante de la principal oposición (ahora lo es el peronista Juan Manuel Olmos), pero su directorio está integrado por representantes de los más importantes bloques parlamentarios. Tres delegados de la Cámara de Diputados y tres del Senado. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompió relaciones con el interbloque de diputados de Pro y el radicalismo (por lo general, aliados históricos de La Libertad Avanza) y nombró a dos representantes del peronismo. Uno de ellos es de La Cámpora, Juan Ignacio Forlón, ciegamente seguidor de Máximo Kirchner -no sabe a dónde va, pero va con él- y la otra representante es la salteña massista Pamela Caletti. La tercera es la libertaria Rita Almada, que tiene más fe en “Lule” Menem que en la escuela austriaca. Martín Menem les tomó juramento de urgencia cuando ya amanecía el día posterior, cuando ya todos estaban más cerca de los gallos que de la medianoche. Quedaron descartados de tales designaciones el radical Mario Negri y el macrista Jorge Triaca, exministro de Trabajo. Los dos tienen más pergaminos que los candidatos finalmente nombrados por el heredero de los Menem. Cristian Ritondo, presidente del bloque de Pro, se enfureció con quien se llevaba bien hasta el jueves, Martín Menem, y le reprochó a los gritos que no cumpliera con sus compromisos. “Usted no tiene códigos”, lo vapuleó en pleno recinto. El Pro y el radicalismo se retiraron del recinto antes de que se consumaran tales designaciones para no legitimar un acto inconstitucional. Es inconstitucional. En el periodo de sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar las cuestiones para las que fue convocado expresamente por el Poder Ejecutivo. Las importantes designaciones de los representantes legislativos ante un organismo de la Constitución no figuran en ninguna atribución del Congreso mientras las sesiones sean extraordinarias. Los bloques relegados irán ahora a la Justicia para denunciar la inconstitucionalidad de las designaciones de Menem. La necesaria lectura política es más grave aún: al gobierno de Milei, parece decir, le es indiferente la relación con Mauricio Macri y con su partido. También influyó, seguramente, el viejo reproche de Martin Menem a Ritondo porque este fue candidato a presidir la Cámara de Diputados. Lo fue, inclusive, antes de las elecciones del 26 de octubre pasado en el caso de que esos comicios hubieran tenido un resultado victorioso, pero magro, o directamente perdidoso para el Gobierno. ¿Cómo seguirá la relación de Pro con Milei? “Está fría, muy fría, y no hay razones para que cambie”, responde alguien que suele escuchar a Macri. Ya había una situación de extrema tensión con Macri desde que el mileísmo (sobre todo Patricia Bullrich) se obsesionó con vaciar los bloques de Pro en Senadores y Diputados. Ella tiene la fanática fe de los conversos. Sin embargo, los dirigentes más destacados de Pro adelantaron que seguirán apoyando al Gobierno en el Congreso para aprobar los proyectos que consideren buenos y necesarios. “Pero el apoyo será proyecto por proyecto, no algo automático”, aclararon. Se terminó la amistad; solo perdurará la convivencia. La mayoría de los legisladores de Pro le atribuyen la autoría intelectual de la ruptura a la hermana del Presidente, Karina Milei, y a los primos Menem más que al jefe del Estado. El ministro del Interior, Diego Santilli, se enteró de la maniobra que afectaba a su propio partido, Pro, por las páginas web de los diarios. Gracias, primos Menem. Lo desautorizaron demasiado pronto.
Ahora bien, ¿por qué ese apoyo a las pretensiones del peronismo? Milei no conoce al peronismo y cree que las promesas que hace las cumple como si fuera un juramento religioso. Macri cometió el mismo error cuando asumió la presidencia y les entregó miles de millones pesos a los gobernadores peronistas porque confiaba en que lo acompañarían. Un viejo dirigente del peronismo, y exfuncionario destacado de Menem, lo llamó en el acto a Macri para reprocharle: “Se equivocó, presidente. Al peronismo hay que pagarles los favores en cuotas y, a veces, demorar un pago para renovar el contrato de adhesión”. La historia posterior le dio la razón. Los gobernadores peronistas fueron los primeros que abandonaron a Macri cuando a este le llegó la mala hora.
En días recientes, Milei creyó que con una distribución masiva de los recursos de los ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) a las provincias peronistas conseguiría que los diputados que responden a esos gobernadores le asegurarían el quorum de la sesión de Diputados, la aprobación en general del presupuesto de 2026 y, al final, la votación en particular. Entregó cerca de 70.000 millones de pesos. La distribución de los recursos de los ATN es absolutamente arbitraria por parte del gobierno federal. Basta mirar un reciente informe de Idesa sobre la distribución de ese dinero durante la administración de Milei para advertir que fueron los gobiernos de Tucumán, Catamarca, Chaco, Chubut, Salta y Misiones los que más recursos recibieron, aunque los de Tucumán y Misiones fueron por lejos los más beneficiados. Sus gobernadores son, también, los que más ayudaron a Milei en el Congreso. Milei se equivocó cuando evaluó la relación entre el precio y la calidad: los gobernadores peronistas son más caros que el precio que él pagó. Sus diputados le aseguraron al Presidente el quorum y la aprobación en general del presupuesto, pero no en particular, que significa la aprobación artículo por artículo. “Eso tiene otra tarifa”, dijeron, no sin cinismo, aunque habían aceptado votar por capítulo, con varios artículos cada uno, en lugar de artículo por artículo. Le rechazaron el artículo XI que incluía cuestiones tan diversas como la devolución de los recursos coparticipable que Alberto Fernández le sacó al gobierno de la Capital o los fondos del Consejo de la Magistratura, además de la derogación del financiamiento universitario y de la discapacidad. En rigor, la devolución de los fondos que le corresponden a la Capital solo necesitaba de un artículo propio para cumplir con una orden expresa de la Corte Suprema. Poco más tarde, el Gobierno anunció su absoluta decepción: “Así, el presupuesto no sirve”, dijeron fuentes del Ministerio de Economía. ¿Cuál será la solución entonces? En el Senado no hay votos para restablecer los artículos rechazados por la Cámara de Diputados. Y si tuviera los votos, sería igualmente inútil porque el presupuesto debería regresar a la Cámara de Diputados para aprobar los cambios en el Senado. ¿Por qué los diputados aprobarían lo que ya rechazaron? Improbable, si no imposible. Según varios senadores, versión que es compartida por el oficialismo, la Cámara alta aprobará el presupuesto sancionado por Diputados y luego Milei modificará todo con decretos de necesidad y urgencia. La solución carece de legalidad, de legitimidad y de ética política. Ningún párrafo de la Constitución faculta al Presidente a restaurar por decreto los proyectos rechazados por el Congreso. El escándalo que sucederá será enorme, aunque también es cierto que los diputados y senadores disponen alegremente de gastos del Estado. En verdad, es el Poder Ejecutivo el que dispone los gastos y los legisladores tienen la facultad de aprobarlos o de rechazarlos. Sería imposible un administración en la que todos los poderes del Estado dispusieran de nuevas erogaciones. Adiós al déficit cero, dice el Gobierno con la intención de sembrar el pánico.
El peronismo está tomando de su propia medicina
“Hay impericia y también hay prepotencia”, describe, a su vez, un senador radical que no milita entre los enemigos del Gobierno. La impericia para manejar algunos rubros del Estado es una certeza desde que Milei está al frente del Ejecutivo. Pero es del mismo modo veraz que se agregó la prepotencia en los últimos días, como si el triunfo electoral de octubre pasado y la total ausencia de una alternativa opositora lo autorizara a romper todo los límites de la política. Patricia Bullrich, siempre más oficialista que el oficialismo, debió retroceder con la reforma laboral cuando tomó nota de lo que había sucedido con el presupuesto en la Cámara de Diputados. Si hubiera un veto presidencial al presupuesto aprobado por el Congreso o un decreto que modifique sus decisiones, el estrépito político que ocurrirá podría sellar de mala manera la suerte de la reforma laboral. El proyecto de reforma se tratará el 11 de febrero, anunció la flamante senadora; de paso, Bullrich notificó que habrá sesiones extraordinarias en febrero. Falta la convocatoria presidencial. Las sesiones ordinarias comenzarán recién el 1º de marzo con el discurso del Presidente sobre el estado de la Nación.
Antes, Bullrich había protagonizado otra disputa cuando anticipó la integración de las comisiones. Los números de los senadores que integran cada comisión habían sido confiados en los últimos años a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también presidenta del Senado. Los nombres de los senadores que las integrarán fueron siempre una atribución de cada bloque. Bullrich decidió esta vez establecer ella el número de senadores por partido que formarán parte de cada comisión y le quitó al peronismo entre uno y dos senadores por comisión. La boca sucia del kirchnerista José Mayans cuando protestó por esa decisión exponía argumentos que no carecían de razón, aunque ellos hicieron lo mismo cuando tenían el poder en el Senado. “Están tomando su propia medicina”, se regodeó un senador radical que los soportó en los buenos tiempos del kirchnerismo.
La prepotencia, o la enorme sensación de impunidad de la administración mileísta, se comprobó también con las designaciones del jefe del ARCA (exAFIP), Andrés Vázquez, un viejo recaudador tributario que está siendo investigado por la Justicia por evasión impositiva. Ese oxímoron es incalificable. Solo es suficiente recordar que Vázquez tiene tres departamentos en Miami a nombre de empresas (las expensas las paga él) y ninguno fue declarado en la agencia de recaudación impositiva argentina. Los argentinos pueden tener propiedades o ahorros en el exterior, pero deben declararlos en el ARCA como cualquier otra propiedad o dinero que poseen dentro del país. Vázquez, con muchas amistades en las cloacas de los servicios de inteligencia, se especializó en la persecución de personas y empresas que el gobierno de turno consideraba enemigos verdaderos o imaginarios. Ningún funcionario oficial consultado pudo contestar qué méritos le vio el gobierno de Milei a Vázquez para llevarlo hasta la cima del organismo de recaudación tributaria. ¿Lo eligió también para perseguir a sus opositores y a sus críticos? Nadie puede pronosticarlo. Nadie sabe decir que si o que no.
La segunda figura en importancia dentro de la recaudación tributaria es el también nuevo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, un viejo amigo y compañero de correrías de Vázquez. Dos fiscales federales, Gerardo Pollicita y Diego Luciani, denunciaron en los tribunales que la oficina impositiva a cargo de Mengochea durante el esplendor de los Kirchner protegió descaradamente a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, amigos históricos del kirchnerismo. Una cosa es el pragmatismo para gobernar (lo que Weber resumió como la ética de la responsabilidad) y otra cosa es el pegoteo inconstitucional o los acuerdos escabrosos con el kirchnerismo. El reproche social aparecerá, inevitable y puntual, cuando cambie la dirección del viento.
Tipo de trabajo:análisis
