OPINIÓN
En boca del mentiroso
La Justicia deberá establecer si hubo delitos; pero la credibilidad de un funcionario que reconoce haber falseado información y mentido reiteradamente es una cuestión política que ya está bajo escrutinio público
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Determinar si Adorni cometió enriquecimiento ilícito corresponde a la Justicia; hay que esperar.
Determinar si Adorni realizó negocios incompatibles con la función pública corresponde a la Justicia; hay que esperar.
Determinar si Adorni recibió dádivas corresponde a la Justicia; hay que esperar.
Determinar si Adorni cometió un delito tributario corresponde a la Justicia; pero ayer Adorni ya confesó. Igual hay que esperar.
Determinar si Adorni cometió el delito de falsear u omitir datos a sabiendas en las declaraciones juradas que presentó como funcionario público corresponde a la Justicia. Pero ayer Adorni ya confesó. Igual hay que esperar.
Saber si Adorni mintió es competencia de la Justicia. Todos lo sabemos fehacientemente. Para eso no hay que esperar.
La moral -declarada política de Estado- y la ética pública son incompatibles con la mentira que destruye la confianza y la credibilidad
Adorni mintió en sus declaraciones juradas, las que presentó como ciudadano de a pie, la que presentó como candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, y las que presentó desde 2025 a la Oficina Anticorrupción como funcionario público. Adorni lo confesó ayer.
Adorni mintió ante la Cámara de Diputados en ejercicio de sus funciones como jefe de Gabinete de ministros, al presentar el informe que ordena la Constitución. Adorni lo reconoció ayer.
Adorni mintió en conferencia de prensa y, por tanto, ante toda la ciudadanía. Adorni lo reconoció ayer.
Adorni mintió. Ayer quedó más que claro. Nos mintió a sabiendas a todos y probablemente también al presidente de la Nación.
Determinar si Adorni cometió el delito de falsear u omitir datos a sabiendas en las declaraciones juradas que presentó como funcionario público corresponde a la Justicia. Pero ayer Adorni confesó
Determinar si puede seguir siendo jefe de Gabinete alguien que admite haber ocultado información patrimonial, que reconoce haber mentido reiteradamente y que incumplió obligaciones legales no es una cuestión penal. Es una decisión política que corresponde al Presidente que lo nombró y al Congreso que tiene facultades para removerlo.
La moral -declarada política de Estado- y la ética pública son incompatibles con la mentira que destruye la confianza y la credibilidad. Ya lo dice el refrán: “En boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso”.
No hace falta esperar una sentencia para juzgar la conducta política de un funcionario que admite haber mentido. Para eso ya hay elementos suficientes. Y por eso Adorni no debería seguir siendo jefe de Gabinete de ministros.
Doctora en Derecho. Expresidente de Transparencia Internacional
LA NACION
