En defensa del pluralismo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en debate si es admisible o no la educación religiosa obligatoria en las escuelas de gestión pública. Eso ocurre a raíz de una acción judicial iniciada hace ya casi ocho años contra el Estado provincial de Salta por un grupo de padres y madres afectados por ese modo de funcionamiento escolar.

La acción fue acompañada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), institución de la cual soy director ejecutivo y en representación de la cual escribo. No dedicaré ni una línea a los aspectos legales de la cuestión; sólo anticipo la enorme trascendencia que un fallo del superior tribunal de la Nación tendría en caso de receptar nuestro simple argumento de base: es contrario a nuestra Constitución y a los tratados internacionales a los que adscribimos un sistema educativo provincial que atenta contra la libertad de pensamiento, valor central de nuestra vida en sociedad.

Me voy a detener puntualmente en una cuestión: la imposición de la educación religiosa, cualquiera fuera el credo (aunque no ignoramos que en Salta es el católico el que está en cuestión), ataca otro valor esencial: la tolerancia. No estoy afirmando que la Iglesia Católica u otros credos no cuenten con ese atributo, sino que me refiero a que cualquier religión, brindada obligatoriamente desde la escuela, limita miradas distintas ante problemas comunes.

Si algo ha logrado la democracia en la Argentina desde 1983 es una fuerte apuesta por la diversidad, por escuchar a todos sus ciudadanos sin prejuicios, por atender sus reclamos e inquietudes sin cortapisas. Fue un largo camino que nos llevó a legislar y a dictar jurisprudencia señera sobre el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, el reconocimiento y la protección de la identidad de género, el aborto no punible, sólo por nombrar algunos entre muchos otros avances consumados. ¿Y qué decir de las normas de nuestra Constitución que atienden con respeto las creencias y proyectos de vida de los pueblos originarios? Nada de eso, en mi opinión, se hubiera logrado con una enseñanza religiosa obligatoria y unidireccional, sea ésta católica o, como dije antes, de cualquier otro credo.

El carácter obligatorio de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta es un retroceso a un debate que la sociedad zanjó casi 150 años atrás con la ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria. De este modo, la instrucción actual, limitándose a un pensamiento unidireccional, crea situaciones de conflicto y grave marginación para los alumnos -y sus familias- que no responden al credo en cuestión, cualquiera fuera éste, o, es más, tal vez a ninguno. La separación de los alumnos por cuestiones religiosas amenaza la idea de pluralidad cultural, de libertad e intercambio que toda sociedad democrática requiere, así como inviste un claro tinte discriminatorio.

Nuestro país es modelo de tolerancia. Salvo descalificables excepciones, todos aceptamos el pensamiento y el modo de vida de cualquiera de nuestros semejantes. Las normas lo imponen, desde su vértice, la Constitución nacional y los tratados internacionales elevados a su nivel. Pero también las prácticas, desde 1983, acompañaron ese proceso. Aceptar una educación religiosa obligatoria sería un enorme paso atrás para nuestro sistema democrático.

Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)