En los límites de la democracia

Prefirió inaugurar su campaña electoral para los comicios de octubre próximo en lugar de abrir las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Javier Milei gastó gran parte de su oración de la víspera en una hagiografía hiperbólica de su gestión y en prometer que cambiará la composición del Congreso. Muchas de las cosas que dijo son ciertas, pero casi todos los anuncios ya los había hecho. Agresivo por momentos, y parafraseando a Churchill sin nombrar a Churchill, solo sobrevoló, sin embargo, la extraordinaria crisis institucional que desató hace pocos días cuando nombró por decreto a dos jueces de la Corte Suprema.

Detengámonos en este conflicto y en las maneras de su gobierno porque las instituciones forman parte también de la economía que el jefe del Estado tanto defiende. Y llamemos a las cosas por su nombre: fue una grosería. Es lo que él hizo cuando firmó un decreto designando a dos jueces de la Corte Suprema en comisión a solo tres días de que termine el receso del Senado, que es la Cámara que debe darles su acuerdo, con una mayoría agravada, a los miembros del más alto tribunal de justicia del país. El Gobierno forzó la interpretación de la Constitución con un falso argumento, según el cual la demora del Senado en aprobar la iniciativa presidencial (los envió a la Cámara alta hace 8 meses) es razón suficiente para que el jefe del Estado los designe sin el acuerdo de nadie. ¿Dónde está el párrafo de la Constitución que dice que si el Senado demora el acuerdo, el Gobierno está en condiciones de nombrar por decreto jueces de la Corte? No está, no existe. Milei está pisando el borde mismo de la constitucionalidad de sus decisiones. Cuidado. Todo lo que hace el oficialismo, desde los formal hasta el lenguaje que se usa en las redes sociales que lo apoyan, está demostrando una peligrosa deriva hacia una democracia iliberal. El Gobierno camina a contramano de su discurso supuestamente liberal. ¿Por qué Milei no pensó en los casi 350 legisladores que debían escucharlo ayer, 1º de marzo, cuando convocó a una hora exótica, las 21, a la Asamblea Legislativa para inaugurar el año legislativo? ¿Por qué no lo hizo al mediodía, como lo hicieron todos los presidentes? La respuesta a tanta descortesía, sumada a los zafarranchos institucionales, fue un recinto parlamentario semivacío por primera vez en 40 años de democracia. La petulancia política y la devaluación democrática tuvieron otros síntomas. En los últimos días, una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se publicó en el Boletín Oficial, calificó de “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a las personas que deben recibir una pensión no contributiva. El progreso de la humanidad había dejado esos calificativos en los desvanes de la historia. El enorme tamaño de la polémica posterior obligó al Gobierno a aceptar que había cometido un “error” y a anunciar que la cambiaría. Pero ya antes, el propio Milei había insultado al economista Roberto Cachanosky con la palabra “mogólico”, que le valió una dura protesta pública de asociaciones que trabajan en ayuda de personas con Síndrome de Down. En las cuentas de las redes sociales adictas al mileísmo es común encontrar claras alusiones cargadas de gerontofobia (la aversión a las personas mayores), de homofobia y de discriminación a quienes sufren alguna discapacidad. Tampoco el Presidente está en condiciones legales de pedirle la renuncia a un gobernador elegido, tan legal y legítimamente como él. Axel Kicillof podrá ser un desastre, pero es el gobernador de una provincia de un país federal. Milei se presenta como una persona religiosa. Aunque nació en la religión católica, siente simpatía por la judía. Ninguna de esas dos religiones tolera la discriminación de seres humano ni, mucho menos, el odio hacia el otro.

Regresemos a la Corte. El tribunal más empinado de la Nación decidió aplicarle al juez federal Ariel Lijo la cronoterapia que él tantas veces usó con los expedientes que llegaron a su despacho. De hecho, demoró tanto uno de ellos, el que investiga el desembarco de la familia Eskenazi en YPF en 2008, que esa indolencia judicial podría explicar la decisión de la jueza neoyorquina Loretta Preska que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares en indemnizaciones. La Corte le tomó juramento al otro juez designado por decreto, el académico Manuel García-Mansilla, pero postergó la decisión de Lijo hasta el próximo jueves. Otra lectura de esa decisión podría consistir en que los jueces supremos le dieron siete días a Lijo para que reflexione, retire su pedido de licencia y presente su renuncia como juez federal para poder asumir como juez de la Corte. La jurisprudencia de la Corte indica que casi nunca el tribunal aceptó que un juez con acuerdo del Senado –Lijo lo es como juez federal– sea juez en otra instancia en comisión, sin el necesario acuerdo del Congreso. De hecho, el antecedente más cercano es el del presidente José María Guido, quien en 1962 (el Congreso estaba cerrado desde el derrocamiento de Frondizi) designó al camarista José F. Bidau en comisión como juez de la Corte Suprema. Bidau estuvo un año en la Corte; luego, el nuevo Senado en tiempos de Illia no le dio el acuerdo y perdió los dos cargos en la Justicia: el de juez supremo y el de juez de Cámara.

García-Mansilla asumió porque la Corte entendió que tenía los papeles en regla, aunque debe consignarse que su juramento en comisión sucedió apenas 48 horas antes de que concluya el receso del Senado. El límite constitucional estaba demasiado cerca. De todos modos, había sido designado por decreto; no tenía cargos en el Poder Judicial y, por lo tanto, no necesitaba renunciar a nada y, además, debía cubrir la vacante que dejó el exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló durante el receso del Congreso. El artículo constitucional que habilita al Gobierno a designar por decreto en comisión a los funcionarios que necesitan el acuerdo del Senado pone dos condiciones: que el Congreso esté en receso y que la vacante se haya producido durante el receso. Vale la pena tener en cuenta la opinión de varios constitucionalistas que subrayan que ese artículo de la Constitución se relaciona con los cargos del Poder Ejecutivo que necesitan acuerdo senatorial (militares y diplomáticos, por ejemplo); no se refiere, por lo tanto, a los jueces de la Corte Suprema. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si cumplido el plazo del año legislativo, que estipula ese artículo para el acuerdo senatorial, el Senado no se pronuncia? El Presidente podría nombrarlos de nuevo en el próximo receso del Congreso y estirar la permanencia de esos jueces hasta el infinito. Se habría instaurado, de esa manera, otra forma de nombrar jueces de la Corte Suprema con la exclusiva voluntad del presidente de la Nación y con la eliminación explícita del Congreso. Ni Alberto Fujimori, que disolvió el Congreso de Perú, lo habría hecho mejor.

La situación de Lijo es distinta. En primer lugar, la Corte debe decidir si es correcta la licencia que le concedió la Cámara Federal en una decisión inédita. Las licencias extraordinarias, que es la que pidió Lijo, las concede la Corte Suprema, no una Cámara Federal que solo puede dar licencias ordinarias. Los seis jueces que integran esa Cámara habrían sido presionados fuertemente por el juez de la Corte y expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti para que le concedan la licencia a su ahijado Lijo. La deliberación de la Cámara Federal fue larga y tuvo momentos de extrema tensión. El presidente del cuerpo, Mariano Llorens, que es un juez razonable, debió hacer equilibrios entre los que querían darle licencia a Lijo y archivar el asunto y los que, en cambio, preferían respetar la autoridad de la Corte y enviarle el pedido de licencia sin resolver nada. Al final, se optó por una redacción de la resolución que solo expuso, sin decirlas, las disidencias internas. Resuelve, por caso, “hacer lugar” al pedido para evitar la palabra “conceder” la licencia. O decide “remitir” a la Corte el pedido de Lijo y no “archívese”. En síntesis, le dejó a la Corte la solución del caso Lijo. En principio, una anterior mayoría de dos jueces (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) había decidido que solo le tomarían juramento a Lijo si renunciaba a su cargo de juez federal; para ellos, no era válida una licencia. Seguramente, Lorenzetti, al revés de sus colegas, le aceptaría la licencia. Pero ahora, después de la incorporación de García-Mansilla, la Corte está integrada por cuatro miembros. ¿Qué hará García-Mansilla el próximo jueves cuando deba participar de la reunión semanal de la Corte y tratar el asunto de Lijo? Una actitud inteligente de él consistiría en tomar distancia de la polémica y, sobre todo, de Lijo. Aunque compañeros en la aventura en la que los metió Milei, García-Mansilla y Lijo no son lo mismo. El único cuestionamiento a García-Mansilla se escuchó en las últimas horas y fue un reproche, sobre todo de senadores, porque aceptó la designación por decreto cuando ya se vivían las vísperas del fin del receso del Congreso. Antes, solo tuvo objeciones ideológicas.

El desparramo institucional del Presidente tuvo tal dimensión que obligó al expresidente Mauricio Macri a pronunciarse otra vez contra Lijo, y también contra los decretos para nombrar jueces de la Corte. Escribió un texto que es la aceptación implícita de que él cometió un error cuando designó jueces de la Corte por decreto, a pesar de que ni Rosatti ni Rosenkrantz aceptaron asumir sin contar antes con el acuerdo del Senado. Rosatti tuvo 60 votos a favor de un total de 70 senadores que había en el recinto, y Rosenkrantz obtuvo 58 votos también a favor. Pocas veces, hubo tanta aceptación senatorial para jueces de la Corte. De todos modos, Pro tropezó con posiciones distintas sobre la decisión de Milei. Estuvieron los llamados “garrocheros”, porque están con la garrocha en la mano para saltar hacia La Libertad Avanza, y estuvo de manera destacada el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que también integra el grupo de los “garrocheros”. Pero el caso Lijo es otra cosa para él. Montenegro asumió junto con Lijo, hace 20 años, como juez federal. Aunque luego Montenegro renunció para ser funcionario de Macri en la Capital, nunca dejó de pertenecer a la corporación judicial. En la reunión de la mesa directiva de Pro del martes pasado para tratar el caso de Lijo, Montenegro se enfureció con sus conmilitones cuando se manifestaron contra ese juez. “¡Es mi amigo!”, estalló en un momento. Montenegro no actuaba en ese momento como dirigente de Pro ni como intendente, sino como miembro de la corporación judicial de Comodoro Py, donde están los despachos de los jueces federales, los más poderosos del país. Más lejos que nunca de Montenegro, Macri dijo después públicamente que los jueces de la Corte no pueden llegar a sus cargos con tanto rechazo; se estaba refiriendo sobre todo a Lijo, que es el que tuvo realmente muchos rechazos. Y señaló que su posición era mayoritaria en su partido; así quedó notificado también Alfredo de Angeli, presidente del bloque de senadores de Pro, quien pidió votar en contra de los jueces. “Estás empoderado para hacerlo. Esa es la posición de Pro”, le respondió Macri.

A partir del lunes comenzará el turno del Senado, que es la Cámara del Poder Legislativo a la que Milei eludió con su designación por decreto de dos jueces de la Corte. El Senado es también una corporación, y no aceptará fácilmente que le arrebaten una de sus más poderosas facultades constitucionales, como es su acuerdo, con una mayoría especial, para los jueces de la Corte. Los senadores kirchneristas ya anticiparon que votarán contra los dos jueces, y varios senadores radicales anunciaron que cambiaron su voto a favor de García-Mansilla luego de que este aceptara la designación por decreto. Lijo está más cerca de ser vapuleado por el Senado; su pliego ya tiene dictamen de comisión y está en condiciones de ser tratado en cualquier momento. A García-Mansilla le falta todavía la opinión de la Comisión de Acuerdos, que es necesaria para el tratamiento, pero no es vinculante. ¿Qué hará Milei si el Senado le rechaza el acuerdo de los dos jueces? La dosis de grosería política e institucional ya se agotó.

Por Joaquín Morales Solá

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• Corte Suprema de Justicia

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