
Entre la aversión al cambio y el legado de Alberdi: la histórica media sanción de la reforma laboral
En un país que no genera empleo privado registrado neto desde hace unos 15 años, se ha dado un primer y tímido paso en la dirección correcta
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En un país que no genera empleo privado registrado neto desde hace unos 15 años, en el que hace 4 generaciones que crecen de manera exponencial la precarización y la informalidad (pobreza y marginalidad), en el que el sistema educativo fracasa en formar a los ciudadanos con las habilidades duras y blandas necesarias para insertarse en el mercado laboral incluso antes de la adopción masiva de la inteligencia artificial y en el que se acumuló un déficit habitacional tan significativo que una buena parte de la ciudadanía carece de una vivienda digna, se traslada largas horas y de manera insegura hasta sus lugares de trabajo y tiene hábitos alimentarios que no cumplen con los estándares nutricionales mínimos recomendados por los especialistas, la media sanción de la ley de reforma laboral debe interpretarse como lo que es: un primer y tímido paso en la dirección correcta.
No se trata de una solución efectiva parcial ni mucho menos integral a los dramas mencionados, fruto de décadas de desidia en materia económica y política. Si la ley hubiese sido mucho más ambiciosa y transformacional de lo que se votó, tampoco hubiera servido por sí sola para revertir la decadencia que explica el deterioro en el ingreso y la calidad de vida que posicionó a la Argentina como un ejemplo único de reversión del desarrollo. En este sentido, es necesario un shock de calidad institucional, con reformas estructurales profundas y bien diseñadas (incluidas la de la seguridad social, la tributaria, la financiera, la monetaria y la federal, sumadas a la de la administración pública), más un esfuerzo coordinado, sostenido y valiente para mejorar la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la infraestructura física básica y el cuidado del medio ambiente, para que el país se encamine. Más: no deben implementarse solo en el nivel federal, sino en todos y cada uno de los estados provinciales. También deben mejorar sustantivamente los estándares de política y administración pública en el nivel municipal.
En síntesis, falta un enorme trayecto por recorrer y el actual gobierno, a pesar de las promesas electorales y de las prácticas autocelebratorias del Presidente y sus principales funcionarios, está muy lejos de proponer una agenda de cambios tan amplia como necesaria. Y hasta ahora, las fuerzas opositoras se limitan a obstaculizar y a lo sumo mejorar marginalmente las iniciativas del oficialismo, más que a elevar el nivel del debate y aprovechar la oportunidad para inducir un salto de calidad en el acervo institucional del país. Aun así, no deja de ser un hecho positivo y simbólicamente relevante: una señal de que, por fin, la política nacional se animó a quebrar un statu quo de más de 4 décadas.
Cuesta enormidades que nuestro sistema político reaccione antes de que la sangre llegue al río. Ignoramos todas las alertas tempranas de que las cosas no están bien y reaccionamos cuando, por lo general, es demasiado tarde y los costos de romper la inercia son significativa e innecesariamente más altos. Tendemos a tolerar cuestiones que requieren de una solución inminente, a sobreadaptarnos con indolencia y resignación a situaciones de extrema gravedad, para actuar cuando no queda más remedio: nos estallan las crisis en la cara. Y no siempre (casi nunca) de manera adecuada, programada, pensada, coherente. Hacemos lo que podemos, “vamos viendo”. Ocurrió con la violencia política (estatal y de grupos terroristas), la inflación, la inseguridad, la corrupción y, como no podía ser de otra manera, con la cuestión laboral.
Lo que no pudo Alfonsín al comienzo de la transición, lo que no quiso Menem por sus acuerdos con los sindicalistas, lo que derivó en el colapso de la Alianza a comienzos de siglo y lo que ni siquiera pudo plantear en serio Cambiemos, este nuevo intento de modernización y aggiornamiento fue posible gracias al enorme pragmatismo de un gobierno que mantiene una retórica muy encendida, incluso con componentes épicos casi revolucionarios, pero que en la práctica demuestra, por necesidad o por virtud, una cuota enorme de eclecticismo y sentido común.
Esto nos remite al principal legado de Juan Bautista Alberdi, que pensó la organización institucional del país en etapas y puso un esfuerzo extraordinario en conformar el esqueleto provisorio de una república “verdadera”, el punto ideal de llegada, a partir de un período de transición para el que diseñó una “república posible”, plasmado en sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (1852), en el que se inspiraron los constituyentes que al año siguiente sancionaron nuestra primera carta magna.
Para frenar la dinámica de guerras civiles, violencia, divisiones, dolor, exilios y frustración que caracterizó el período posterior a la Gesta de Mayo, con el predominio de liderazgos personalistas y basados en el dominio territorial (los caudillos provinciales), Alberdi pergeñó una solución extraordinaria, práctica y a la postre exitosa: un Poder Ejecutivo unipersonal y muy concentrado, una suerte de monarquía sin reelección: solo por 6 años. Inspirado en la Constitución de EE.UU. y muy influenciado por su experiencia en el exilio chileno, donde estudió a fondo la experiencia del “orden portaliano” (la organización de un régimen fuerte, impersonal e institucionalizado, con claros atributos autoritarios), que solucionó el drama de la inestabilidad posindependencia y constituyó un paso fundamental para disuadir y hasta resolver los principales y enormes conflictos que vivía nuestro país.
Alberdi pretendía una república en serio, pero sabía que era utópico construirla desde la nada. Prefirió concentrarse en el impulso germinal para que más adelante pudieran implementarse esfuerzos complementarios y superadores. En esa misma línea parece moverse esta media sanción de la reforma, que no satisface ni a quienes aspiran a un rediseño completo del régimen de trabajo ni, sobre todo, a quienes preferirían conservar intacto el antiguo esquema. El Ejecutivo cedió en capítulos sensibles: no avanzó con cambios en la cuota sindical ni con modificaciones de fondo en el financiamiento de las obras sociales. Los sindicatos mantienen fuentes de recursos claves y capacidad de acción colectiva. Esto puede leerse como una señal de debilidad, pero también como una expresión de realismo político.
Las transformaciones efectivas y duraderas rara vez son cabales en su primera versión. Se trata de procesos acumulativos que requieren prueba y error, corrección y adaptación, un monitoreo permanente, un compromiso por mejorar de manera continua el marco regulatorio vigente. La pretensión de “pureza” doctrinaria suele desembocar en parálisis y acelerar conflictos. Las grandes revoluciones se producen y gestionan día a día, con pequeños pasos. Las transformaciones relevantes nunca son lineales. En contextos de incertidumbre y fragilidad, pero también en tiempos más generosos, el gradualismo puede ser más trascendente que la ruptura o las opciones en apariencia más ambiciosas.
La experiencia comparada ofrece otra enseñanza sustancial. Los países con sindicatos fuertes tienden a mostrar mejores indicadores de distribución del ingreso. Más aún, las organizaciones representativas de intereses, incluyendo los empresarios, contribuyen a disminuir los costos de transacción en las negociaciones y a evitar situaciones de dispersión y complejización del conflicto social. Esto no significa imponer normas o acuerdos rígidos o totalizantes, sino ofrecer una instancia para coordinar esfuerzos, resolver problemas puntuales y contribuir a evitar obstáculos para la creación de riqueza.
La Argentina nació reivindicando tanto la libertad como la igualdad. Nuestro himno lo expresa con precisión: “Ved en trono a la noble igualdad” y, al mismo tiempo, “oíd, mortales, el grito sagrado: libertad”. Esa tensión latente atraviesa cada debate sobre política pública. El desafío consiste en construir instituciones que no sacrifiquen uno de esos principios en nombre del otro. La reforma laboral es un primer paso que rompe el círculo vicioso de informalidad, litigiosidad y exclusión de millones de trabajadores del sistema formal. Esta versión no es el final del proceso. Por el contrario, abre una etapa de implementación y evaluación. Si el diseño resulta insuficiente o genera efectos no deseados, habrá margen para ajustes. La clave está en no enamorarse de los instrumentos, sino de los resultados: más empleo formal, decente y bien remunerado; mayor competitividad y productividad. Construir entre todos reglas claras que promuevan el desarrollo con equidad.






