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Entre la valentía de la fiscal y la sonrisa de Boudou
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LA NACIONHéctor M. Guyot
Aunque estemos acostumbrados, aunque las hayamos naturalizado, sorprenden las cosas que es capaz de hacer el sistema para garantizar su supervivencia. Sabíamos que el tiempo es relativo y está en relación con el espacio, y que depende asimismo del observador. Lo raro es que un grupo de jueces venga a ratificar los insondables enigmas de la teoría de Einstein mientras se aboca a su tarea con un fin eminentemente práctico, muy alejado de la ciencia. Sobre todo, de la ciencia jurídica.
Ocurrió esta semana, en Entre Ríos. Pero no es una excepción. A lo largo de las últimas décadas, la Justicia argentina ha demostrado que conoce y maneja todos los secretos del tiempo. Así, en un alarde de elasticidad, una sentencia puede demorar en llegar diez, quince, veinte años, lo que haga falta para que se la trague un agujero negro; o, por el contrario, unas pocas semanas. Las que demoran años luz son las que corresponden a causas de corrupción en las que se simula que se juzga al poder. Las que viajan a la velocidad de la luz son aquellas en las que se juzga a los que juzgan en serio al poder. En nuestro país la justicia, como el tiempo, depende también de la posición del observador. Y es así como se perpetúa el sistema.
No hablo, por supuesto, del sistema en el que se supone vivimos, bien descripto en la Constitución Nacional, sino del otro, aquel que se ha ido consolidando desde mediados del siglo pasado y, con lógica mafiosa, se sostiene en el poder de corporaciones que ven en el Estado un botín a usufructuar. Lo que de un lado se quita, falta del otro: los privilegios que han concentrado estas elites más o menos encubiertas han producido un Estado inviable, una economía enferma, una política agonal y un país en el que la mitad de los argentinos son pobres. Ese sistema al que se aferran ha crecido como una mancha y también nos comprende, se ha vuelto nuestro hábitat, es el aire tóxico que respiramos. De un modo u otro, todos participamos de él. Sin embargo, hoy parece agotado: ya no hay de dónde sacar. La gran pregunta es si la sociedad será capaz de exigir e imaginar un camino alternativo y de reunir el coraje para emprenderlo.
Como tantas mujeres ante la corrupción endémica, Cecilia Goyeneche está decidida a dar batalla por la aplicación de la ley. No está sola.”
Por eso, entre los muchos antagonismos del presente, quizá el más relevante sea aquel que se despliega dentro de la Justicia entre los jueces que están al servicio del viejo orden y aquellos que están decididos a volver a la ley. Ahí se juega la suerte del país, más que en las rencillas patéticas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y más que en los tironeos cada vez menos solapados en que se debate, con un dogmatismo necio, la oposición. Solo podremos aspirar a algo mejor el día en que los delitos del poder reciban la correspondiente pena a través de una sentencia justa. Si no, nos seguirán robando hasta que no quede nada. Es la ley o la fuerza. Y la fuerza lo quiere todo.
¿A qué viene todo esto? A que esta semana estos dos países en pugna se expresaron en dos casos concretos. El país sin ley se mostró desafiante en la visita de Amado Boudou al Senado, donde participó de un acto del kirchnerismo. Condenado en el caso Ciccone, se lo recibió como a un héroe, entre vítores y aplausos, pocos días después de que la Justicia de Formosa lo sobreseyera, junto a Gildo Insfrán, por el presunto cobro de sobornos en el proceso de reestructuración de la deuda de la provincia. Lo presentaron como “expresidente”. La locutora, entre risas, dijo que el error podría ser premonitorio. No tanta risa. Si prevalece el sistema (el viejo), podría ser otro aspirante a lucir la banda.
Por supuesto, el lugar donde el tiempo corre distinto es Entre Ríos. El jury para destituir a la fiscal anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, estaba listo para dictar sentencia a los diez días de empezado el proceso. ¿Cómo explicar semejante diligencia? Goyeneche, quien promovió el juicio en que el ex gobernador Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel por delitos de corrupción, está destapando un escándalo de contrataciones truchas que involucra a políticos de todos los partidos provinciales y causó un perjuicio de más de 50 millones de dólares en diez años. Las entrañas del sistema, a la vista de todos. Pero con el poder no se jode. Así entendió el mensaje la fiscal entrerriana. No faltan ejemplos en la historia reciente argentina.
Como tantas mujeres ante la corrupción endémica, Goyeneche está decidida a dar batalla. No está sola, al parecer. Dentro de la Justicia hay quienes, como ella, se muestran comprometidos con la aplicación de la ley. Los jefes de los fiscales de todas las provincias –salvo Jujuy, Formosa y Tierra del Fuego– viajaron a Entre Ríos en su apoyo. Por otro lado, la Corte Suprema avaló un amparo que la fiscal entrerriana opuso por irregularidades en el proceso y el jury quedó virtualmente en suspenso. En otro gesto trascendente, la Corte en pleno viajó a Rosario, donde se reunió con fiscales federales de todo el país y pidió más “decisión política” en la lucha contra el narcotráfico, que hoy asedia esa ciudad.
La madre de todas las batallas toma cuerpo, en un país que se debate entre la valentía de Cecilia Goyeneche y la sonrisa de Amado Boudou.
