Entre los tercos y los enojados

Desde su inicio, y salvo en el año 2009, el gobierno nacional elevó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en cada uno de los distintos ejercicios presupuestarios del mandato iniciado en diciembre de 2007. Cada vez que lo hizo, adujo cuestiones de estricta justicia social que buscaban evitar que el ingreso de los asalariados se viera afectado por un impuesto que razonablemente grava la riqueza. Ahora, el discurso oficial ha variado de tal modo, que esos mismos asalariados se convirtieron en los "privilegiados del modelo" a los que ya no se les concede el derecho a reclamar aquello que tantas veces les fue reconocido.

¿Por qué ese cambio? Aunque la razón no ha sido dicha, no es difícil inferir que, habiendo asomado el déficit fiscal en medio de una economía que comienza a evidenciar signos de deterioro, no resulta conveniente privar a las arcas estatales del ingreso de 3500 millones de pesos, aun cuando ese dinero provenga del bolsillo de los asalariados. Entonces, la "justicia social" pasa a ocupar un plano secundario y, discursos al margen, se decide que el "ajuste" lo paguen, en este caso, los que viven de un sueldo.

Bastó con ver el malestar que trasuntó la Presidenta en su discurso del día martes para entender de qué modo esa decisión puso en crisis el relato épico que suele esgrimir en sus apariciones públicas. Nada de heroico tiene afectar impositivamente el salario de personas que trabajan en relación de dependencia. Antes que admitirlo, la Presidenta prefirió descalificar a quienes le solicitaban que no lo hiciera acusándolos de formar parte de una "campaña destituyente". Así, tras cada manifestante gremial, dibujó la silueta de un peligroso golpista y hasta no tuvo empacho en advertirle al ciudadano independiente que pudiera adherir al reclamo y sumarse a la marcha, que ningún policía lo cuidaría en la manifestación.

La situación fiscal de la Nación también contagia a las arcas provinciales. Los impuestos coparticipables caen a la par del consumo, las transferencias de recursos se hacen más lentas y las cajas de jubilaciones locales languidecen mientras la Anses financia al Estado Nacional, la compra de televisores, electrodomésticos y ahora viviendas. Cuando el reclamo de los gobernadores asoma, la Presidenta también se molesta y les recomienda seguir su ejemplo a la hora de administrar los recursos públicos.

Tal vez olvide que Néstor Kirchner, siendo gobernador de su provincia, solía quejarse del menemismo que siempre descalificaba sus demandas y, siendo convencional constituyente, se sinceraba ante sus pares recriminándole al gobierno nacional de entonces "las veces que han dicho que éramos malos administradores porque gastábamos mal", para trabarle pagos adeudados o desconocer sus reclamos.

Antes era Menem. Pero ahora es Cristina quien hace eso con los gobernadores ¿Hasta donde querrá que copien su conducta? ¿Cuánto podrá reprochar si la causa del malestar provincial se genera muchas veces en sus políticas erradas? ¿Estará pidiendo a los gobernadores que aumenten el gasto hasta caer en déficit fiscal como ha hecho el gobierno nacional? ¿Les estará reclamando que financien la transmisión gratuita del fútbol o del automovilismo? ¿Les estará encomendando que sostengan empresas públicas que gastan millones de dólares en alquilar aviones que no vuelan?

El singular discurso que la Presidenta pronunció exactamente un día antes de que la CGT convocara a sus adherentes a la Plaza de Mayo, terminó por validar, en gran medida, la manifestación obrera.

La Presidenta sabe que la competitividad de la producción argentina pasa por un momento crítico. Lo reconoció en noviembre en la cena anual de la Unión Industrial Argentina. Advirtió entonces que como no era posible mejorar la competitividad devaluando la moneda, pues ello incrementaría una inflación que ya hoy resulta muy desgastante, la ecuación sólo se corregiría limitando el "costo laboral". Por eso quiso que las paritarias no superaran el 18 % de incremento salarial.

En el mismo instante en que Moyano propuso que el salario creciera según el "índice inflacionario del supermercado", el gobierno nacional inició su cruzada por borrarlo del escenario sindical. Para empezar, promovió una ruptura de la central obrera asociándose con los mismos sindicalistas que antes había señalado como cómplices del deterioro del trabajo argentino durante la década de 1990. Después, no quiso ceder ante ninguna demanda proveniente de Moyano: ni mejores salarios para los camioneros, ni más beneficiados con las asignaciones familiares, ni menos impuestos sobre los asalariados. A tal punto llevó la disputa que hasta acabó denunciándolo en la justicia penal, dando la primera muestra de criminalización del ejercicio del derecho de huelga en un gobierno kirchnerista.

Moyano conoce de estas disputas. Fue en los años de Carlos Menem primero y con Fernando de la Rúa después, un crítico incansable de sus administraciones. Adhirió al modelo de gestión inaugurado por Néstor Kirchner sólo cuando verificó su decisión de recomponer el trabajo y de promover una distribución del ingreso más equitativa. Su solidaridad acabó cuando la Presidenta le puso límite a sus demandas salariales. Moyano es un gremialista con mucha historia, a quien sin dudas se le pueden formular reproches y críticas, pero no precisamente por los motivos que lo hace la Presidenta, en su rol de defensor del salario de los trabajadores.

Ayer, en su discurso, Moyano pareció mejor predispuesto para enfrentar los problemas que la misma Presidenta elude. Es verdad que no ahorró cuestionamientos ni chicanas. Pero reclamó dejar la soberbia de lado y recuperar el diálogo para encontrar salida al tiempo difícil que nos toca vivir. Hasta ubicó la crisis en su punto exacto distanciando los problemas actuales de aquellos que determinaron el colapso institucional y económico del 2001.

La Presidenta debería dejar de reconstruir la historia según le convenga y asumir la experiencia en su integridad, con sus fortalezas y con sus debilidades, pero abandonando definitivamente la idea de que ella es una luchadora solitaria que afronta una guerra fundacional contra todos los poderes instituidos, mientras el resto de los ciudadanos se divide en dos bandos: los que la vitorean y los que le ponen palos en la rueda. No es así la realidad y sería saludable que entendiera que la sociedad no observa ni quiere semejante escenario de disputa constante.

De cualquier modo, la disputa sirve de poco. Sólo los medios encuentran en ella un buen tema con que cubrir espacios destinados a las noticias. Para la política, se trata de una pelea que desgasta a sus actores y con ese deterioro algunos medran. Pero en cualquier caso, el país pierde.

Pierde porque del capricho y de la falta de eficacia de los que gestionan sólo germina el enojo de muchos. Pero del Partido de los Enojados no suelen germinar soluciones para los problemas que afrontamos. Asoman odios y rencores que impiden cualquier análisis objetivo que sirva para construir algo mejor. Y ése es precisamente el desafío.

Por Alberto Fernández

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