Es cuestión de ampliar derechos

La organización popular de mujeres y puntualmente, desde hace 13 años, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito hicieron posible que las senadoras y los senadores estemos ante la histórica posibilidad de debatir el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, que permitiría ampliar derechos luego de 2 años y medio en que el Congreso de la Nación no ha sancionado ninguna ley en ese sentido.

Aun cuando la intencionalidad de muchos sea utilizar este tema para esconder acuerdos con el FMI, los tarifazos, el crecimiento del desempleo y la pobreza en nuestro país, quienes defendemos este derecho sentimos que se trata de una deuda de la democracia. Por este motivo es que si bien respeto las opciones personales y las diferentes posiciones éticas, religiosas y filosóficas al respecto, quienes hoy tenemos que tomar posición y decidir sobre este proyecto no debemos basarnos en creencias personales, sino en la salud, la vida y la integridad de las mujeres.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es sobre la ampliación de derechos, la justicia social y la libertad. Hoy, las mujeres que no tienen recursos económicos arriesgan su vida o su salud para interrumpir un embarazo, mientras que quienes tienen una mejor posición económica acceden a abortos seguros en clínicas o consultorios privados en condiciones de seguridad y salubridad. Eso no es justicia social. En el mismo sentido, una mayor o plena libertad será alcanzada cuando las argentinas tengamos garantizado efectiva y equitativamente el acceso a la educación sexual, a los anticonceptivos y en última instancia, si así lo decidiéramos, al aborto legal. Esta es la deuda de la democracia, que hoy nos toca saldar como representantes del pueblo.

No estamos discutiendo a favor o en contra del aborto, estamos discutiendo si estos se van a realizar en la clandestinidad, cobrándose la vida de las mujeres o no. El verdadero desafío es que el Estado implemente políticas públicas que impidan la muerte por causas que podrían evitarse si garantizamos, a través de la aprobación de este proyecto de ley, salud integral para todas nosotras. El caso de Uruguay es esclarecedor a la hora de analizar las consecuencias de la legalización del aborto. No solo lograron incorporar al sistema de salud a cientos de mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos, también disminuyeron la cantidad de embarazos a través de información sobre alternativas de anticoncepción.

Párrafo aparte merece analizar cómo fracaso la penalización en la Argentina, que, como sabemos, es un delito salvo en determinadas circunstancias, tal como se legisló en 1921 en el Código Penal en su artículo 85. Existen cientos de ejemplos a partir de los cuales podemos afirmar que fracasó no solo porque ninguna mujer deja de interrumpir voluntariamente un embarazo simplemente porque exista una ley que lo prohíba, sino porque las condenas a mujeres por tales circunstancias y a médicos que participaron en la práctica del mismo son casi inexistentes. Pero, aun así, en los casos en que la Justicia penalizó esta conducta primó el ensañamiento y la falta de criterio, claro ejemplo de ello es la condena que sufrió Belén, la joven tucumana que fue encarcelada dos años y medio y fue condenada sin pruebas a ocho años de prisión, tras ir a un hospital público por complicaciones con un aborto espontáneo en 2014.

Existen cientos de ejemplos a partir de los cuales podemos afirmar que la penalización del aborto ha fracasado. El Estado argentino no solo continúa poniendo en riesgo nuestra vida y salud, sino que al sostener la penalización y la ilegalidad promueve la creación de clínicas abortivas que funcionan en la clandestinidad y fuera de la órbita de control estatal. Aquí está el verdadero trasfondo a partir del cual debemos basar nuestra decisión. Si queremos un Estado presente que regule y garantice la interrupción voluntaria de los embarazos, apoye la concepción no deseada con equipos adecuados, conozca y cuantifique el problema para enfrentarlo de forma integral o si dejamos a las mujeres argentinas libradas a su propia suerte.

Ojalá el Senado esté a la altura de la historia... ¡Que sea ley!

Senadora nacional (Frente para la Victoria)

Anabel Fernández Sagasti