
Es el momento de afianzar la paz interior
Por Jorge Reinaldo Vanossi Para LA NACION
1 minuto de lectura'
Como es sabido, en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional están enunciados los grandes fines que fueron asignados por los constituyentes a los poderes públicos creados a partir de la organización nacional. Esos fines son más vastos -si se los considera cualitativamente- que los objetivos asumidos por uno u otro gobierno, ya que mientras los gobiernos cambian y se transforman, los fines permanecen y se prolongan a través de sucesivas generaciones de argentinos: la unión, la justicia, la defensa, el bienestar general, la libertad y, también, la paz interior.
Los constituyentes de 1853 y 1860 no se olvidaron de la paz exterior (artículo 27) ni omitieron establecer la competencia de la Corte Suprema para resolver eventuales reyertas entre provincias (artículo 109 del texto histórico) como metas por alcanzar en el terreno de la pacificación nacional. Esto confirma la convicción que ellos compartían acerca de la necesidad de superar décadas de guerras civiles y conflictos internacionales que habían asolado el territorio patrio y que habían diezmado a sus habitantes, lo que retrasó la llegada de un progreso muy difícil de materializar en una atmósfera de violencia e inseguridad.
Al cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo, Joaquín V. González, el estadista por antonomasia, escribió su obra El juicio del siglo, en la que, como agudo observador, detectó que durante aquel largo período de nuestra historia una constante desgraciada nos había azotado: la "ley del odio", anidada en el seno de nuestra sociedad y alimentada por luchas facciosas sucesivas, que habían causado inmensos estragos en el alma nacional.
Tendencia tanática
Cuando estamos a pocos años de celebrar el segundo centenario del nacimiento de la patria, cabe preguntarse si hemos dado pasos efectivos para revertir la tendencia tanática que se registró también en gran parte del siglo XX. Hay indicios y evidencias que indican que la norma denunciada por el gran hombre público riojano sigue operando, subyacente, en una Argentina llena de desencuentros y frustraciones.
Pero la otra Argentina, la subterránea, la que Eduardo Mallea descubrió luminosamente en sus ensayos de introspección social (especialmente en La vida blanca, que escribió en 1942, pero que sólo decidió publicar en 1962), sigue reclamando la superación de la fatalidad histórica, verdadera cuadratura de nuestro círculo. Todo pueblo tiene derecho a la justicia y al conocimiento de la verdad. La impunidad no puede ser la regla (¡que le caiga el sayo a todos los responsables!), pero, al mismo tiempo, el pueblo percibe que no puede vivir y convivir en el desasosiego permanente, porque ninguna nación crece y se desenvuelve sobre los pilares del rencor y de la sed de venganza.
Para auyentar la suspicacia de los que padecen de hemiplejia histórico-política, basta con acudir a una línea de jurisprudencia trazada por la Corte Suprema hace más de un siglo: ni la más generosa de las leyes de amnistía puede cubrir con su manto los crímenes aberrantes.
Hoy, más que nunca, el fin por consolidar es la "paz interior" de nuestro proemio constitucional, de esa misma ley suprema que, en diversas circunstancias de nuestra historia -algunas dramáticas y otras trágicas-, apareció ante el pueblo como la tabla de salvación para lograr, entre todos y para todos, la reconciliación y el reencuentro. Debemos buscar el "bienestar general" con nuevos emprendimientos y con políticas que articulen mejor las energías que, para desplegarse, sólo aguardan la consolidación de la seguridad individual y social como condimento insustituible de un real y efectivo Estado de derecho.
Es imperioso que todos los dirigentes se hagan cargo de este reclamo de "paz interior", que tiene fundamento histórico en una Constitución carismática. Tenemos el privilegio de contar con este instrumento de paz y unión que transfiere el carisma de los hombres al símbolo de la ley, tal como lo ha demostrado después de cada crisis institucional durante el siglo XX, y especialmente en 1983, con las secuelas de la Guerra de las Malvinas.
Que se deponga la beligerancia entre sectores, grupos y personas. Los decibeles de la agresión mutua ya resultan intolerables para la calidad de vida política e institucional que merecen todos los argentinos y no argentinos de buena voluntad que habitan nuestro suelo. Porque, desgraciadamente, todos los días asistimos a la percepción de signos, mensajes y ruidos que se emiten con la intención de agredir, ya sea a gobernantes o a gobernados, de incitar a la violencia o de sacralizar la apología del delito.
Todo vale
Y, para empeorar la cosas, los fiscales actúan tibiamente, siendo que ya Montesquieu afirmaba que lo grave no es tanto que las penas sean leves sino que no se apliquen. La comprobación de la impunidad es un estímulo para la ilicitud y, a la postre, es la puerta de entrada a la anomia: el todo vale.
No se trata de coartar libertades: de reunión, de crítica, de manifestación o de disenso. Pero el ejercicio de esos y otros derechos no es ilimitado, pues (parece obvio reiterarlo) los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los otros.
En definitiva, de lo que se trata es del cumplimiento cabal del artículo 22 de la Constitución, habida cuenta de que el pueblo gobierna a través de sus representantes y de que toda reunión armada o grupo de personas que se atribuya los derechos del pueblo comete el delito de sedición. Eso es así, por más justo que puedan parecer el reclamo o las pretensiones que se esgriman.
No está de más traer a colación la sabia premonición de la Corte Suprema: fuera de la Constitución, sólo cabe esperar la anarquía o la tiranía. Nos atrevemos a añadir que la experiencia ha sido cruel: por lo general, la primera suele desembocar en la entronización de la segunda.
Que Dios, "fuente de toda razón y justicia", como reza el Preámbulo, ilumine a todos los protagonistas de este país. Que, entre todos, demos un paso hacia la sensatez, antes de que sea tarde.





