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Es inviable un acuerdo con la oposición
El gobierno nacional convocará a la oposición, principalmente a Juntos por el Cambio, para negociar un acuerdo sobre las medidas que estima necesarias para salir de la profunda crisis en la que se encuentra el país.
Lamentablemente, este acuerdo no es viable, en primer lugar, porque el gobierno no es confiable.
El presidente de la Nación y la vicepresidenta (quién detenta mayor poder) han demostrado tener conductas zigzagueantes, privilegiando siempre sus intereses personales y no los de nuestro país. Entre ellos, además, hay una evidente desconfianza y resquemores que se extienden como un virus a los demás referentes del Frente de Todos, que, para colmo, tienen criterios disímiles sobre las políticas que se deben seguir.
Dado entonces que el oficialismo ofrece un cuadro patético de balcanización descoordinada, ¿con quién negociar un acuerdo?
El Presidente perdió gran parte de su acotado poder y casi no gobierna. Luego de la derrota en las PASO resignó muchas de sus funciones en favor del actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero éste, a un mes de asumir, viene perdiendo su inicial potencia. El ministro Martín Guzmán solo maneja la negociación con el FMI (que se alarga indefinidamente, mientras ese organismo reclama un plan económico serio que no aparece) y no existe coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo ni con el de Trabajo ni menos con la Secretaría de Comercio, como se ha podido apreciar por el manejo enérgico y autónomo de Roberto Feletti, que dispuso un férreo control de precios sin consultar con Guzmán.
Esta falta de coordinación comprende también áreas esenciales para cualquier acuerdo que se proponga, como energía, que atrasa las tarifas de los servicios públicos, generando mayor déficit fiscal, o el Banco Central, esencial para combatir la inflación y lograr un tipo de cambio competitivo.
En el Congreso la situación es similar. Sergio Massa, que preside la Cámara de Diputados, tiene claras diferencias de criterio con Cristina Fernandez de Kirchner, que preside la Cámara de Senadores, y tampoco hay confianza entre ellos.
También cunde la incertidumbre entre los gobernadores peronistas y ese desconcierto se extiende a los representantes de esas provincias en el Congreso, que tienen posiciones diversas de los llamados “cristicamporistas”.
Es decir, no hay interlocutores válidos ni en el Poder Ejecutivo ni en el Congreso. El FdT es un mosaico de desavenencias, odios, desconfianza y criterios dispares que imposibilitan una negociación seria y racional. Además, ¿cómo podrá Juntos concurrir a un diálogo si el oficialismo despotrica siempre con hostilidad enfermiza en su contra? Todo lo malo es culpa del anterior gobierno, sin reparar en que el FdT lleva casi dos años en el poder.
Ello pareciera indicar que no hay una verdadera intención acuerdista sino un engañoso manejo al que Juntos no tendría que prestarse.
Por último, pero no menos importante, Juntos por el Cambio no está ni remotamente de acuerdo con muchas de las políticas del gobierno en temas fundamentales.
En política exterior existen discrepancias profundas. Las más evidentes son las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ocurren en los regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua, denuncias que Juntos apoya firmemente pero que el gobierno no acompaña en los foros internacionales; también hay discrepancias con respecto a Brasil y Uruguay, países con los que el gobierno tiene malas relaciones poniendo en riesgo el Mercosur.
Pero no es el único tema. Hay otros.
Inflación: Juntos no está de acuerdo con el control de precios como herramienta para combatirla sino que propone desarrollar una política monetaria sana, sin la emisión descontrolada que realiza el gobierno.
Acuerdo con el FMI: el Gobierno tiene que terminar con su discurso esquizofrénico. En el exterior dice que quiere lograr un acuerdo pero aquí despotrica contra el Fondo, cuestiona la deuda y pone condiciones imposibles de lograr.
Impuestos: el Gobierno inventa nuevos impuestos para sufragar sus políticas populistas sin importarle que la altísima presión impositiva actual es uno de los motivos principales de la falta de inversiones y creación de puestos de trabajo. JxC, por el contrario, propone una profunda reforma impositiva que promueva las inversiones y la generación de trabajo legítimo.
Seguridad: mientras el área este a cargo de Aníbal Fernández será imposible el diálogo. El ministro carece de las condiciones de equilibrio necesarias, como demostró al amenazar a Nik con un mensaje propio de las mafias. Además, JxC no está acuerdo la negativa a ayudar a las provincias que reclaman auxilio de la Nación (Santa Fe y Río Negro) y mucho menos con la postura frente a los actos de terrorismo de los supuestos mapuches en la Patagonia.
Justicia: el FdT quiere avanzar con leyes para la “democratización de la justicia” y la elección por mayoría del procurador general, proyectos ambos que en realidad tienen por finalidad el control y manipulación de los procesos judiciales, en especial, aquellos en los que están procesados Cristina Fernández y su familia, además de Cristóbal López, Lázaro Báez, Amado Boudou, Julio De Vido y muchos otros. Juntos se opone férreamente a esas leyes, quiere que se avance contra la corrupción y sus propuestas para mejorar y agilizar la justicia son diametralmente opuestas.
Lo que el gobierno debe hacer es, justamente, gobernar. Juntos lo acompañó en cuanta iniciativa razonable propuso y lo seguirá haciendo desde su lugar de oposición constructiva. Pero no lo hará si lo que pretende el Gobierno es hacer demagogia y populismo sin fondos ni crédito, que es como querer volar sin alas.
Abogado
