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Escenarios y tendencias en la situación fiscal de las provincias
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A mediados de 1995, y con renovado impulso en 1996, se han sucedido numerosas transformaciones en la órbita de las provincias argentinas, la gran mayoría de carácter estructural y que repercutirán favorablemente en la gestión futura de los gobiernos provinciales.
Las principales reformas instrumentadas radican básicamente en la transferencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones al Estado nacional, la privatización de bancos y empresas públicas, la reducción de la planta de personal administrativo y la implementación de otras medidas de carácter extraordinario orientadas a contener los gastos corrientes.
Es importante otorgarle a dichas reformas su verdadera dimensión económica y política porque, además de constituir medidas que permiten atacar el déficit estructural de las provincias, sus autoridades debieron superar en muchos casos la fuerte resistencia de grupos que históricamente se beneficiaron con la existencia de estas estructuras.
Además, este conjunto de medidas de carácter estructural permite a los gobiernos provinciales concentrar su esfuerzo y capacidad administrativa en aquellas funciones indelegables para el Estado, como son la salud, la educación, la seguridad y la Justicia.
En el plano de las finanzas públicas, estas políticas impactaron directamente en el resultado fiscal de 1996 y se reflejan más favorablemente en el curso del año actual. Es así como, mientras que en 1995 el déficit fue aproximadamente de 3600 millones de pesos, al cierre del ejercicio 1996 el conjunto de las provincias y la ciudad de Buenos Aires finalizaron con un resultado deficitario de 1800 millones (aproximadamente un 6 por ciento del total de las erogaciones) sin considerar los ingresos extraordinarios por privatizaciones de bancos y empresas públicas.
Mejores ingresos
Otro determinante de la mejora verificada en el balance fiscal del conjunto de provincias estuvo dado por el lado de los ingresos. En 1996 se produjo un incremento tanto de los recursos girados desde la órbita nacional como de los ingresos de origen provincial.
En total, el incremento de los recursos alcanzó a más de 1800 millones de pesos, pasando de 26.400 millones a 28.300 millones en 1996. Sin embargo, tanto en términos absolutos como relativos, el incremento de las transferencias nacionales fue el más significativo. El aumento de los recursos y aportes nacionales explican el 71 por ciento de la variación total de los ingresos provinciales en 1996.
Los determinantes de este incremento fueron el aumento de las transferencias por coparticipación, que crecieron más de 360 millones de pesos, y de las transferencias asociadas a funciones específicas en las provincias que superaron en más de 730 millones los montos enviados durante 1995.
También influyó en el resultado del ejercicio 1996 el incremento registrado en los recursos de origen provincial, que superaron en 530 millones de pesos los ingresos obtenidos por las provincias en el año anterior. No obstante esta recuperación de los ingresos propios, la recaudación está lejos de alcanzar los niveles potenciales estimados, y esto constituye una de las principales asignaturas pendientes para las provincias.
Racionalización
Por el lado de las erogaciones, en 1996 el impacto de las políticas de racionalización se reflejó en los presupuestos de varias provincias. Es así como las erogaciones corrientes bajaron 113 millones de pesos como resultado de un ahorro en las partidas de personal (375 millones) y de bienes y servicios no personales (257 millones), parcialmente compensado por el incremento de los pagos de intereses de la deuda (229 millones) y de las transferencias realizadas por los gobiernos provinciales a los municipios (164 millones).
La situación del presente año es alentadora. Se estima desde el gobierno nacional una mejora sustancial de las finanzas provinciales, con una reducción del déficit provincial consolidado a menos de la mitad del año anterior (850 millones de pesos) y un ahorro corriente de más de 1000 millones.
La caja nacional
Este resultado surgiría como consecuencia de un espectacular crecimiento de las transferencias de recursos de origen nacional (se espera que al finalizar el año las provincias reciban desde la Nación prácticamente 1500 millones de pesos adicionales a los girados en 1995) y un moderado incremento de las erogaciones corrientes. Es destacable que esta mejora se logra en el marco de una expansión sin precedente de la inversión pública provincial.
La madurez del compromiso asumido por las provincias en lo que se refiere a la administración racional de sus recursos queda de manifiesto cuando se observa el volumen de créditos de los organismos multilaterales orientados al financiamiento de programas de reformas estructurales. Dichos créditos, por los que compiten diferentes niveles subnacionales en todo el mundo, exigen el cumplimiento de ciertos compromisos, en general asociados con el mantenimiento de un presupuesto balanceado.
Por otra parte, un fenómeno auspicioso en el plano de las finanzas públicas provinciales son las recientes colocaciones en los mercados de capitales (nacionales e internacionales) de bonos y títulos públicos de varias provincias.
Este hecho, inusual en la historia argentina, además de reflejar el éxito de la gestión financiera de algunas administraciones provinciales, compromete a las actuales autoridades y a las que las sucedan a mantener una mayor disciplina financiera, por cuanto deben garantizarles a los innumerables tenedores de los títulos la solvencia que les permita cancelar los vencimientos futuros.
Por último, puede ocurrir que las reformas pendientes de los Estados provinciales en algunos casos se posterguen por determinados factores políticos y sociales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el contexto económico actual cualquier demora en la transformación de la estructura del Estado y de las economías provinciales dejaría a esas regiones rezagadas en términos de bienestar y de competitividad.
