Radicalismo: la religión cívica de la Constitución

En 1916, la UCR llegó al poder e inauguró una forma de entender el buen gobierno, que sería pronto eje de conflictos
Ana Virginia Persello
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3 de julio de 2016  

En 1916, la "causa", identificada con la nación y con el radicalismo, venció al "régimen" en las urnas, después de haberlo intentado por la vía de la revolución. La ley electoral de 1912, que había sumado a la universalidad, el secreto y la obligatoriedad del voto, y la construcción de un partido en condición de reclutar los electores, que exigía el sufragio ampliado, le posibilitaron el triunfo. Pero para Hipólito Yrigoyen se trataba menos de un partido que de una religión cívica de la que se asumía como apóstol. Su misión era construir la nación; su programa, la Constitución, y su horizonte, realizar un "gobierno ejemplar".

Sin embargo, no todos los radicales coincidían con la perspectiva de Yrigoyen y la ocupación del gobierno dividió al partido. Los primeros desprendimientos antipresidencialistas, que en 1923 culminaron en ruptura, cuestionaban el personalismo, que el partido había combatido en los gobiernos conservadores, y la ausencia de programa, que permitía la centralización de las decisiones en el presidente. Paralelamente, la disputa por los recursos estatales exacerbó las querellas locales que se tradujeron en conflictos de poderes, intervenciones y desplazamientos en la administración pública.

Pero, sobre todo, el triunfo yrigoyenista introdujo una brecha entre los comportamientos esperados por los reformadores de 1912 y el modo en que se puso en marcha el camino hacia la democratización. El sufragio como principio último de legitimidad del poder había sido aceptado casi sin resistencias, aunque la profesión de fe democrática no alcanzaba para aceptar resultados que, durante catorce años, ratificaron a los radicales en el poder. El número avasallaba la razón y un electorado inmaduro, que respondía a lealtades carismáticas, retrasaba la dificultosa construcción del ciudadano.

Los gobiernos conservadores habían fundado su legitimidad en la capacidad para gobernar. Eran los "mejores", representaban la civilización y habían hecho posible el progreso. Los gobiernos radicales apelaban a una misión -restablecer el imperio de la Constitución- y en el apoyo popular para realizarla. Lo que estaba en juego era el modo en que se concebía el buen gobierno: a la voluntad popular se le oponía la ley; al plebiscito, la plasmación de las diferencias; al "gobierno ejemplar", el gobierno de orden común. Las posiciones se tornaron irreductibles, el parlamento fue muchas veces un campo de batalla en el que los contendientes se negaban recíprocamente legitimidad e impedían legislar, y la gran prensa multiplicó las críticas a un gobierno al que consideraba personal y arbitrario, pero además incapaz.

El golpe de septiembre de 1930, que desalojó al radicalismo del poder, cerró un ciclo en el que se suponía que el liberalismo iba a articularse con la democracia. Ambas tradiciones de pensamiento estaban en crisis. La Gran Guerra y la crisis económica desencadenada en 1929 en Estados Unidos pusieron en cuestión el mito del progreso indefinido, y las experiencias políticas europeas aportaron argumentos para descreer del principio "cada hombre un voto". Mientras que para algunos Yrigoyen era un accidente por superar con el fortalecimiento de las instituciones, para otros se trataba de cambiar las reglas de juego político. Hacia delante, los golpes se tornaron frecuentes y la lógica amigo-enemigo formó parte de la cultura política argentina.

La autora de la nota es doctora en Historia, docente de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Conicet. Es autora de El partido radical (Siglo XXI)

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