Etiquetado frontal: la Argentina y una posibilidad histórica
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Este mes nuestro país puede dar un paso decisivo hacia una Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Este proyecto, que se conoce como Etiquetado frontal, es la puerta de entrada a que el Estado aborde la problemática de la mala alimentación y malnutrición en nuestro país.
Después de dilaciones, la Cámara de Diputados debate un proyecto que visibiliza con claridad que nuestra salud está determinada por las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de lo que comemos. El proyecto, que obtuvo media sanción en el Senado en octubre del año pasado, cuenta con la mejor evidencia científica, basada en la experiencia en países de la región que ya lo implementaron.
Hay cuatro puntos fundamentales en el proyecto. El más conocido es el de etiquetado de productos con sellos de advertencia sobre excesos de nutrientes críticos -azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas y grasas totales- que son los principales causantes de las enfermedades no transmisibles. Estos estarán representados por octógonos negros con la leyenda “Exceso de”, y serán una herramienta de suma utilidad para garantizar el derecho de acceder a información clara, oportuna y veraz.
Según la segunda encuesta nacional de Salud y Nutrición del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2019), en comparación con los adultos, los niños, las niñas y adolescentes consumen un 40% más de bebidas azucaradas, el doble de snacks y el triple de golosinas. Por eso es importante otro punto del proyecto que promueve que se dejen de vender los productos que contengan exceso de algún nutriente crítico en las escuelas para garantizar entornos saludables y brindar más espacios de enseñanza sobre alimentación adecuada.
El tercer punto es regular la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, principales víctimas de la publicidad excesiva y engañosa. Unicef (2021) analizó el contenido en redes sociales de 18 marcas de productos alimenticios y bebidas dirigidos a esta población y evidenció que todos los productos analizados, serían considerados “no permitidos” para ser promocionados según lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por último, otro punto fundamental del proyecto apunta a que el Estado priorice en sus compras productos que no estén etiquetados, lo que repercutirá directamente en merenderos y comedores que acceden a estas compras en distintos niveles. Siete de cada 10 personas en nuestro país padecen malnutrición por excesos, que tiende a acentuarse en las poblaciones más vulnerables. En un contexto donde la pandemia demostró la importancia de estos espacios en cada barrio y asentamiento, resulta necesario que la provisión estatal sea con alimentos que garanticen una adecuada alimentación, porque comer sano no puede ni debe ser un privilegio.
Que esta ley sea, entonces, la puerta de entrada en la construcción de una alimentación adecuada, justa y sostenible para todas las personas, que garantice nuestro derecho a la salud y de acceso a la información.
Cofundadora de Consciente Colectivo
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