Fin de las minas antipersonales

La puesta en vigor del Tratado de Ottawa que prohíbe el uso de las minas antipersonales debe ser recibido como un significativo paso adelante en el camino hacia la paulatina proscripción del armamentismo y, por vía indirecta, de la guerra como instancia aceptada para solventar conflictos entre Estados.

Ese tratado fue suscripto en l997 por 133 Estados; desde enconces lo ratificaron 65, en los que a partir de ahora debe comenzar la destrucción de esos terribles artefactos, uno de los ingenios más infames con que la destreza del hombre acompaña en la época actual sus empresas bélicas.

El domingo último, sin ir más lejos, un general de Israel -hijo de un argentino que se radicó en 1956 en un kibbutz de ese país- murió en el sur del Líbano al detonar una bomba colocada por el grupo terrorista pro iraníHezbollah.

Las minas terrestres permanecen activas por tiempo indefinido y continúan cobrando víctimas mucho después de extinguidos los conflictos que llevaron a sembrarlas. En Vietnam, en Irán, en Egipto, en Nicaragua, existen todavía por millones -en las Malvinas hay unas 17.000, como resabio de los acontecimientos de 1982-, al igual que en otros países en los que hoy día se combate: se calcula que matan o hieren anualmente a unas 25.000 personas, casi en su totalidad civiles.

La proscripción de esas armas se suma a otras convenciones similares acordadas desde comienzos de siglo para desterrar ciertos recursos bélicos y que, en verdad, casi no han sido respetadas. Sin embargo, el paso está dado y su proyección es la formal admisión de que usarlas entraña una actitud criminal, merecedora de condena y de castigo. Esas sucesivas proscripciones anticipan, por otra parte, el momento venturoso en que la guerra misma sea vista como un crimen y los Estados renuncien a valerse de ella, convencidos finalmente de que se trata de una no humanizable explosión de salvajismo, de un acto indigno, independientemente de los muchos crímenes que anidan en su seno.

El camino por conseguirlo es por demás arduo. Debe lamentarse que países de la importancia militar de los Estados Unidos, Rusia, China, India, Irak, Irán e Israel no hayan admitido los términos del Tratado de Ottawa, lo que podría llevar a creer que su efectividad será sólo relativa.

Es lógico que el hecho cause contrariedad y preocupación, pero no debe originar un pesimismo negativo o paralizante. En mayor o menor medida, todas esas naciones temen por sí y no quieren prescindir de un medio que los expertos militares consideran como un mero reemplazo de puestos de guardia. Pero en todos lados el reclamo en favor de la proscripción definitiva actúa con la fuerza concluyente que le da el representar uno de los tantos aspectos del anhelo universal de paz.

Así, en los Estados Unidos, donde se alega que prescindir de las minas antipersonales debilitaría las defensas establecidas a lo largo de la frontera entre las dos Corea, el gobierno -presionado por la opinión- ha tenido que prometer que se sumará a la proscripción en el 2006: cuando lo haga, seguramente pocos argumentos les quedarán a los restantes países renuentes para conservar esos medios de masacre en sus arsenales.

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