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Fiscalización de los servicios públicos
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La tarea de reglamentar y fiscalizar el funcionamiento de los servicios públicos privatizados o entregados en concesión por el Estado debe ser ejercida con el máximo rigor técnico, contemplando el interés de los usuarios en cuanto a calidad y costo de las prestaciones, pero asegurando, a la vez, las condiciones económicas que permitan mantenerlas en el nivel de eficiencia más alto posible e incorporar las mejoras que el avance tecnológico vaya ofreciendo, lo que suele requerir un ritmo de inversión considerable.
Como se advierte, se trata de alcanzar un equilibrio nada fácil entre objetivos que, a primera vista, tienen sentido contrario. La misión de los órganos de reglamentación y control es hacer que, en conjunto, esos objetivos concurran armónicamente a la expansión y la mejora permanente de los servicios, de modo que lleguen a un mayor número de usuarios, a precios competitivos y con una calidad inobjetable.
En el proceso de privatización y concesión de los servicios públicos felizmente concretado bajo la actual administración se han producido -más allá del ostensible mejoramiento de las prestaciones y, en algunos casos, de la rebaja de precios- litigios y enfrentamientos que dificultaron las relaciones entre el gobierno, las empresas a cargo de los servicios y la comunidad que los utiliza. A veces, los problemas surgieron de imprecisiones y oscuridades que circunstanciales urgencias pudieron imponer en los requisitos de las licitaciones, pero en muchos casos, también, de una regulación imperfecta y de un control deficiente, sin contar las imputaciones nunca probadas que achacan las fallas a decisiones politizadas o a la compra de voluntades.
Es un hecho que en gran parte de las concesiones de servicios públicos ha habido complicadas renegociaciones de contratos, airados cuestionamientos, protestas, impugnaciones, proliferación de pleitos judiciales, y muchas veces con escándalo de la opinión pública. Desde la cuestión famosa del rebalanceo de tarifas telefónicas hasta los aumentos en los peajes y la falta de seguridad en las rutas, pasando por los suplementos que incluyen las facturas de Aguas Argentinas, las quejas sobre la calidad de algunos servicios ferroviarios o el encarecimiento de ciertos servicios eléctricos, muchos fueron los motivos de duda, desazón y sospecha que encontró la ciudadanía.
No se podía esperar que en un proceso transformador de tal magnitud y profundidad todo saliera de entrada a la perfección, sin suscitar queja alguna. Pero a esta altura de los hechos, resulta claro que un sistema idóneo de supervisión y una reglamentación perfeccionada deben tratar de corregir lo que se haya hecho mal y evitar nuevos tropiezos. Hay que tener en cuenta que con los entredichos, las protestas y las reclamaciones políticas, administrativas y judiciales se generan incertidumbres que agregan costos al funcionamiento de los servicios, se demoran obras que deberían favorecer al público usuario y se deteriora la relación entre empresas y clientes, que debería ser de recíproco respeto y entendimiento.
La idea de poner en manos de un super ente regulador gobernado desde el Congreso la reglamentación y el control de los organismos que hoy realizan la tarea no contribuirá a resolver los males generadores de cuestionamientos y suspicacias. El mentado super ente, propuesto en un proyecto de ley que la bancada oficialista presentó en Diputados, no dejaría de ser un órgano político que tendería naturalmente a decidir según los mandatos partidistas. Y lo que hace falta son cuerpos con alta idoneidad profesional y total independencia de juicio, alejados de los poderes políticos, en los que una representación no partidista haga oír la dispersa voz de los usuarios, y la eficiencia de los servicios sea la máxima prioridad y el criterio rector excluyente.
Los marcos regulatorios deben ofrecer seguridad jurídica y absoluta transparencia, de modo de evitar casuismos burocráticos enervantes, eludir los vacíos que llevan a interpretaciones atravesadas y garantizar el máximo rigor técnico, económico y ecológico de las decisiones.
