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Fortalecer la inteligencia criminal
Por José Manuel Ugarte Para LA NACION
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La eficacia en la lucha contra el delito requiere en el orden nacional el pleno desarrollo de las capacidades de la seguridad interior y de las instituciones de seguridad federales en aspectos como la inteligencia criminal. Esta función policial, entre cuyos cultores se destacó tempranamente el FBI norteamericano, consiste en la aplicación de la metodología de la actividad de inteligencia, especialmente en materia de análisis, a la investigación de las organizaciones criminales. Se procura determinar su composición, medios humanos y materiales con que cuentan, actividades que realizan, delitos cometidos, en comisión y por cometerse, activos de que disponen, etcétera, en un trabajo que suele durar años y que excede la investigación de un caso criminal determinado. El objetivo es lograr un panorama completo de la organización que posibilite la captura de la totalidad o de una parte sustancial de ella.
Incluida en esta función está la investigación de formas delictivas que por su reiteración e importancia no resultan susceptibles de ser enfrentadas con éxito por la investigación judicial o policial. Se procura analizar las características fundamentales de victimarios y de víctimas, las circunstancias que posibilitan o favorecen la perpetración de tales delitos, los modos de acción de los delincuentes, entre otros factores, para luego, con la cooperación de la comunidad, lograr suprimirlos o reducirlos significativamente.
Por su naturaleza de actividad policial, la inteligencia criminal se diferencia de la actividad de inteligencia. De allí que consideramos un error su inclusión en la Ley de Inteligencia Nacional(N° 25.520) y su sujeción a la coordinación de la Secretaría de Inteligencia.
Dificultades burocráticas
La ley N° 24.059 creó en la Secretaría de Seguridad Interior la Dirección de Inteligencia Interior como órgano destinado a la dirección funcional y coordinación de la actividad de inteligencia policial y a la realización de análisis en la materia.
Con diversos nombres, este órgano ha subsistido hasta el presente, aunque dificultades burocráticas perjudicaron su desempeño. Fue conformado inicialmente con personal que en muchos casos carecía de la necesaria formación. Tampoco lo favoreció la aplicación de las normas y escalafón ordinarios de la función pública, poco propicios para esta actividad, que requiere prioritariamente contar con excelentes analistas, plenamente formados.
En los últimos años, la Secretaría de Seguridad Interior sufrió drásticas reducciones, carencia por largos períodos de estructuras aprobadas, personal designado irregularmente, constantes cambios de dependencia y carencia de fondos para el desempeño de las funciones más elementales. Eso favoreció también la reducción progresiva de la jerarquía del personal de las instituciones de seguridad nacionales, como la mencionada dirección, rebautizada en la ley N° 25.520 Dirección de Inteligencia Criminal. Hoy la evidente voluntad de la conducción del área se estrella contra la virtual carencia de medios materiales y la escasez de personal idóneo, circunstancias que contrastan con la magnitud y trascendencia de su misión.
La importancia de esta actividad para la lucha contra delitos como los secuestros extorsivos fue reconocida por la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas, creada por el decreto 1651/2002, que propuso establecer, bajo la dependencia de la Dirección de Inteligencia Criminal, el Programa de Inteligencia Criminal para la Prevención e Investigación de los Secuestros Extorsivos.
A través de ese programa, y por medio del procesamiento y análisis de las informaciones suministradas por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, con la requerida cooperación de la Procuración General de la Nación y de la Procuración General de la Provincia, y solicitando información a las restantes policías provinciales, con participación de inteligencia fiscal y construyendo y administrando un nodo informático central y bases de datos entre los organismos que suministrarían y requerirían información, se procedería a elaborar y suministrar inteligencia criminal sobre este tipo de delitos, lo que posibilitaría su prevención y apoyaría la labor de jueces y fiscales en la materia.
Excelentes ideas, sin duda. Pero es preciso destacar que en la Secretaría de Seguridad Interior se trabajaba desde hace años en la interconexión informática en tiempo real de todas las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nacionales, así como del Registro Nacional de Propiedad del Automotor, el Registro Nacional de las Personas y el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, y los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección Nacional de Migraciones y, en una segunda etapa, de las Policías Provinciales. De esta manera se constituiría el Nodo Nacional Argentino (Nonar), integrado a su vez en el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur, Bolivia y Chile (Sisme),
Sólo la falta de voluntad política y de una suma de dinero totalmente irrelevante para el Estado ha impedido hasta ahora que la Dirección de Inteligencia Criminal y, en general, la Secretaría de Seguridad Interior cuenten con estos formidables instrumentos.
Cualquier forma delictiva
Se advertirá que más importante aún que contar con inteligencia criminal para determinada forma delictiva, por importante que pueda ser (y que probablemente en el futuro pierda importancia relativa, en razón del cambio de circunstancias que hoy parecen favorecerla), es contar con inteligencia criminal para enfrentar cualquier forma delictiva que la requiera. Pero nuestro país parece sólo marchar a impulsos de la coyuntura. Esto impide toda acción coherente.
Preciso es, pues, desarrollar una acción estatal activa y coherente para superar esta situación. Un escalafón y normas sobre personal adecuados a la activida, personal idóneo designado por métodos de evaluación apropiados, el pleno desarrollo de una doctrina adecuada, el otorgamiento de medios materiales suficientes, la asignación a la Dirección del personal más capaz con que cuenten las instituciones federales, la regularización de las designaciones y su jerarquización, el desarrollo del Nodo Nacional, diseño y gestión de adecuadas bases de datos, intercambio de información de seguridad en tiempo real, constituyen algunas medidas requeridas por la situación actual.
Sobre esa base, la realización de una efectiva coordinación de la actividad de inteligencia criminal en todo el país, contando con una sólida capacidad de análisis, y de una eficaz labor docente y de adiestramiento en la materia de las policías provinciales, que reemplace el ideologismo por la objetividad y profesionalidad, son pasos por seguir.
El premio será una mayor eficacia en la lucha contra el delito.
El autor es abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Corredactor de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
