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Función de la universidad
Por Alieto Aldo Guadagni Para La Nación
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EN los últimos quince años el alumnado de las universidades públicas creció fuertemente (más que duplicándose) hasta llegar a alrededor de 900.000 alumnos matriculados. Pero, a pesar de que prevalece el ingreso irrestricto (salvo varias facultades de Medicina) y la gratuidad por la inexistencia de aranceles, la igualdad de oportunidades está muy lejos de estar asegurada. No se cumple así lo prescripto en la ley de educación superior Nº 24.521, que establece como uno de sus objetivos: "Contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades".
Veamos cuál es el nivel de ingreso familiar de los actuales estudiantes universitarios. Mientras el 40 por ciento más rico de la población aporta 540.000 alumnos, apenas asisten 180.000 alumnos que corresponden al 40 por ciento más pobre. Dicho en otros términos, "por cada alumno pobre gozan gratuitamente de toda una carrera universitaria tres alumnos ricos". El aporte del presupuesto nacional en favor del grupo de altos ingresos llega a 1100 millones de pesos anuales, mientras que apenas 370 millones de pesos benefician a alumnos de familias de bajos ingresos. La gran desigualdad en el acceso a la educación superior también se refleja en el hecho de que el 75 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 21 años del 10 por ciento más rico cursa estudios universitarios, mientras que en el estrato del 10 por ciento más pobre apenas ingresa en la Universidad el 5 por ciento de los jóvenes y prácticamente no se gradúa ninguno.
Calidad de la enseñanza
No es razonable que la Universidad pública financie indefinidamente a estudiantes "crónicos" (algunos de ellos dirigentes estudiantiles con sueldo pagado por la propia universidad), mientras que la mayoría de la gente (60 por ciento) carece de recursos para asistir a la escuela secundaria. Existe una muy baja relación entre egresados y alumnos en muchas carreras. Anualmente ingresan alrededor de 240.000 alumnos, pero cerca del 80 por ciento no se gradúan.
Tampoco debería continuar una situación en la cual se bloquea la posibilidad de que familias relativamente pudientes aporten al sostenimiento de la educación universitaria que beneficia directamente a sus hijos. No olvidemos que el ingreso medio de los contribuyentes en la Argentina es inferior al ingreso medio de la población universitaria.
Es hora de debatir estas cuestiones, así como el grave problema del deterioro de la calidad de la enseñanza y la inexistencia de mecanismos transparentes y eficaces para su evaluación, como por ejemplo los implantados en Brasil hace cinco años. Las universidades no deberían bloquear estas alternativas actuando como "islas" separadas del país y como si tuvieran derechos, pero ninguna obligación.
La Reforma Universitaria de 1918 postuló el sano principio de la autonomía universitaria. Pero muchos ahora se preguntan: "La Universidad es autónoma ante el Estado, ¿pero ante quién es responsable?" © La Nación
