Función pública y equilibrio emocional
ALDO RICO ha dado, a esta altura, sobradas muestras de que carece de la prudencia y el equilibrio emocional que la sociedad exige a una persona cuando le confía las responsabilidades propias de un funcionario de primera línea.
A sus recientes ataques y amenazas a la prensa se ha sumado la semana última su fallido intento por vincular al presidente de la Nación con un ex carapintada de oscuro pasado, en un hecho que, además de afectar la investidura del jefe del Estado, mostró que el ministro de Seguridad bonaerense tiene una rara habilidad para generar conflictos innecesarios.
Asombra que, frente a la preocupación de la sociedad por el auge de la delincuencia, quien está encargado de velar por buscar soluciones a esos problemas, cual si fuera un provocador profesional, se ocupe de crear situaciones de malestar a partir de cuestiones artificiales.
En sus tres meses como ministro, Rico ha dado varias ejemplos de lo que no se espera de un funcionario público de relevancia. Cultivó un estilo autoritario, con desplantes de prepotencia, que sufrieron los hombres de prensa, los jueces -a los que, olvidando el principio de separación de poderes, acusó de "no trabajar los fines de semana porque prefieren descansar en los countries"- y, por último, el primer mandatario. Con sus temerarias advertencias a periodistas, a quienes quiso ahuyentar diciéndoles que les iba a mandar a la policía "para que los persiguiera", dejó la sensación de que pretendía servirse de las fuerzas del orden que de él dependen para satisfacer objetivos personales.
La designación de Rico como ministro de Seguridad ha desembocado en una decepción para el gobernador Carlos Ruckauf y para los sectores que apoyaron su incorporación al gobierno bonaerense. El primer mandatario provincial, al convocarlo para que se sumara a su gabinete, privilegió la necesidad de dar una señal a la opinión pública apostando a un perfil simbólico, más que la capacidad técnica y el necesario equilibrio espiritual y anímico que debe caracterizar al ocupante de un cargo de tamaña responsabilidad.
Como se señaló en un editorial publicado pocos días antes de la asunción del gobernador bonaerense, su designación tampoco parecía aconsejable mientras no estuviera totalmente claro que Rico no tenía nada que ver con un caso de naftas adulteradas que investiga la Justicia.
La continuidad de Rico en su cargo constituiría, a estas alturas de las circunstancias, no sólo un innecesario desgaste para el gobernador bonaerense. También sería una traba a la imprescindible cooperación que debe existir entre el gobierno de la mayor provincia argentina y las autoridades nacionales.
Al asumir sus funciones, el doctor Ruckauf anunció que sus ministros trabajarían codo a codo con sus pares del gobierno nacional. Casi simultáneamente, se confirmó la integración de la provincia de Buenos Aires en el sistema de seguridad nacional. Pero la coordinación de acciones conjuntas requiere de una buena sintonía entre los funcionarios nacionales y provinciales que no está garantizada con la presencia de Rico.
Es de esperar que, en adelante, nuestros gobernantes midan acertadamente si quienes son llamados a ocupar funciones ejecutivas reúnen, además de los requisitos de idoneidad, las cualidades personales requeridas para un cargo de esa envergadura.