Fútbol, quiebras y política

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27 de junio de 2010  

En la Argentina, cuando un club cae en desgracia por manejos fraudulentos de sus dirigentes o porque el contexto económico devora sus ingresos, su futuro se bifurca entre dos caminos: lograr un salvataje estatal a través de la intervención política o desaparecer. El antecedente emblemático es Racing, que incluso motivó la sanción en el Congreso de una ley a su medida (25.284) para evitar la caída en el abismo. Todavía afronta un plan de pagos para los acreedores, tras hipotecar las sedes de Avellaneda y Villa del Parque. Pero la intervención del gobierno porteño evitó, en su momento, el remate de su sucursal en la Ciudad de Buenos Aires.

La del noventa fue la década negra para los clubes. La frase de la síndico Liliana Ripoll "Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir" todavía sobrevuela como un espectro en los recuerdos de los académicos. Pero la política siempre resultó la solución de última instancia cinco segundos antes del derrumbe.

En 1991, el juez Miguel Bargalló decretó la quiebra judicial de Atlanta, ícono del barrio de Villa Crespo. Catorce años después, la Legislatura porteña dispuso la expropiación de la sede, que había sido vendida en 1994 para pagar deudas. El entonces jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, fue la figura central de las celebraciones para la reinauguración. El club todavía usa el predio en comodato, ya que nominalmente pertenece a la Ciudad.

En 1999 quebró Deportivo Español. La reacción de los socios incluyó tomas y piquetes para impedir el ingreso de los interesados en los remates de los bienes. El club tuvo que cambiar de nombre para no perder su plaza en Primera B. Y en 2007 recuperó parte de sus instalaciones gracias a otra expropiación y una compra impulsada políticamente a través de la Corporación Sur. "Ferro todavía depende de las resoluciones de un órgano fiduciario similar al creado para administrar Comunicaciones", compara Mónica Nizzardo, de la agrupación Salvemos al Fútbol. La particularidad es que las autoridades designadas por la justicia para regir los destinos del club de Caballito debieron ser reemplazadas tras denuncias de negociados.

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