Garantizar los derechos humanos

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está en peligro. Luego de la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolló el mes pasado en Bolivia, quedó abierto el camino para que próximamente se limiten la autonomía y la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primer garante del sistema. Este organismo, que está integrado por siete juristas elegidos por la OEA a propuesta de los Estados miembros, se ha mostrado independiente para exigir el respeto a los derechos humanos frente a gobiernos de distintos signo político y ha conseguido resultados palpables.

En la Argentina, la CIDH se hizo conocida para la sociedad en 1979, cuando visitó el país para llamar la atención sobre los crímenes de la dictadura. En los años 80 y 90, su jurisprudencia fue clave para promover y acompañar los juicios por delitos de lesa humanidad y, más acá, sirvió para invalidar la ley de autoamnistía del régimen del ex presidente peruano Alberto Fujimori, e influyó en la caída de las leyes de punto final y obediencia debida en la Argentina. El sistema interamericano también ha contribuido a reforzar las instituciones y consolidar el Estado de Derecho en los distintos países. Los habitantes de la Argentina, por ejemplo, le debemos la derogación del delito de desacato y la despenalización de las calumnias e injurias, reformas importantes en materia de libertad de expresión.

En casos concretos, miles de víctimas y familiares han encontrado un camino a la justicia y la reparación en el sistema interamericano de derechos humanos, creado hace más de 50 años por la OEA para dar a los habitantes de las Américas una instancia supranacional a la cual acudir cuando no puedan obtener justicia en los sistemas internos. El funcionamiento del sistema ha sido un obstáculo para los abusos de distintos gobiernos y algunos de ellos han reaccionado con cuestionamientos no sólo a los órganos supranacionales, sino también a los organismos de la sociedad civil que promueven su actuación. En la asamblea de Bolivia se le dio tiempo hasta el primer trimestre de 2013 al Consejo Permanente de la OEA para que proponga reformas al sistema. Es un plazo demasiado corto para que se exprese la CIDH, un órgano que no sesiona en forma permanente, y también para las organizaciones de la sociedad civil, que cuentan con recursos escasos.

Si se reforma el sistema interamericano de derechos humanos, debe ser fruto de un diálogo constructivo del que participen todos los actores –especialmente, la propia CIDH– y con el objetivo de reforzar su autonomía e independencia, no al revés.

Desde la recuperación democrática, la Argentina se ha erigido como un referente de la región en materia de derechos humanos. Nuestro país tiene una historia que muestra no sólo la experiencia de los juicios por los crímenes aberrantes de la dictadura –reabiertos en los últimos años–, sino también una posición sostenida a favor de los sistemas de protección. Amnistía Internacional exhorta al gobierno argentino a asumir un rol de liderazgo, para que la eficacia y la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos no se deterioren y, en cambio, se fortalezcan.

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