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Gobernabilidad: el colapso del PAMI puede impedir acuerdos entre Milei y los gobernadores
“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, dijo esta semana el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamando una deuda de la nación a la provincia de $50.000 millones. También habló el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que pidió: “no se escondan más, pongan la cara y los recursos”. En el caso de Córdoba, fuentes oficiales provinciales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios en medicamentos de alto costo. La provincia calcula que PAMI le debe entre $1700 millones y $1800 millones mensuales desde octubre. Ayer, unos 150 intendentes cordobeses presentaron un reclamo en la sede provincial del PAMI por una deuda que lleva 9 meses de retraso y expusieron una situación que, según advierten, ya superó el umbral de la crisis administrativa para convertirse en una emergencia sanitaria. “En los hechos, Milei nos está tirando a las provincias el PAMI”, señalan los funcionarios de Córdoba para describir la grave situación que atraviesa la obra social que atiende a cinco millones de jubilados, y se anticipan a un escenario que ven cada día más posible: su provincialización.
Los reclamos se suman a voz alta. Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Jujuy, San Juan, la provincia de Buenos Aires, Misiones, Chubut, entre otras fueron escalando en su pedido ante la falta de respuesta de parte de las autoridades nacionales. La crisis del PAMI obligó a las provincias a sostener un aumento de la demanda que oscila el 30% de nuevos pacientes en los sistemas de salud pública de sus territorios. Ante la falta de atención de parte del PAMI sus afiliados migran a los sistemas públicos de cada provincia y municipio generando un problema presupuestario en las administraciones locales. Allí aparece un conflicto político y económico, los gobernadores podrán reclamar juntos ante el gobierno nacional por una situación que los obligó a invertir más presupuesto en sus sistemas de salud pública para financiar más horas de trabajo para los profesionales y administrativos, recursos logísticos y, algo más delicado, en medicamentos, que los jubilados no pueden comprar y los están recibiendo en los hospitales provinciales.
Días atrás, invitado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el ministro bonaerense Nicolás Kreplak advirtió sobre la falta de envío de remedios y vacunas por parte del Estado nacional y el deterioro del abordaje en salud mental y, por supuesto, la situación del PAMI. “El sistema de salud de nuestra provincia ya entró en colapso. Hoy 1 de cada 4 medicamentos que necesitan nuestros adultos mayores no está siendo cubierto, y eso aumenta la mortalidad”, dijo Kreplak.
No fue el único, el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, denunció la interrupción de programas clave: “Hace 11 meses que no tenemos vacunas contra el HPV. Eliminan políticas sin consultar y además mantienen deudas con las provincias”. Por su parte, la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, alertó sobre el impacto directo en el territorio: “El recorte del programa Remediar golpea de lleno a la atención primaria. Si se reduce la provisión de medicamentos, el daño sanitario será inmenso”.
Provincias que suelen tener un buen diálogo con nación, incluso aportando votos en el Congreso, como Mendoza, Jujuy, Misiones y Tucumán, entre otras, se suman al reclamo generalizado que hoy no distingue filiación política. El PAMI se está convirtiendo en un grave problema para el sistema de salud pública, ya deteriorado, y podríamos estar frente a una crisis terminal que, sumado a otros problemas como los conflictos salariales con los médicos, que deriva en una alarmante migración de los profesionales de la salud y que están dejando sin atención a los jubilados, hace pensar en una situación de colapso generalizado. Un claro ejemplo es el programa Remediar, destinado a garantizar los medicamentos para el 85% de las consultas en centros de salud: se encuentra prácticamente desmantelado, dejando sin cobertura en tratamientos básicos y afectando de manera directa a la población más vulnerable. Además, basta recorrer los medios provinciales para informarse diariamente sobre los reclamos por la falta de entrega de pañales para la tercera edad, algo que afecta a miles de jubilados. Días atrás, Rosa Pan, una consejera federal del PAMI de Bahía Blanca, alertó sobre la situación de modo descarnado: “Lo que está ocurriendo ahora con el PAMI no lo vivimos nunca en la historia, es peor que en 2001, cuando le enseñábamos a la gente a hacer la bolsa de colostomía con un sachet de leche”.
La situación del PAMI ante la falta de pago por parte de Nación está generando una crisis sin precedentes que afecta toda la red de atención sanitaria. Los datos presentados por los ministros de Salud provinciales en Diputados reflejan un deterioro alarmante: caída en la cobertura de medicamentos esenciales, interrupción y desorganización de campañas de vacunación, reaparición de enfermedades prevenibles, desfinanciamiento de la atención primaria y saturación de hospitales. Todas estas coberturas deberían ser abonadas por el PAMI al prestador, lo que se conoce como “pago por cápita”, y se da cada vez que un hospital público atiende a un afiliado. La deuda de la obra social de los jubilados con las provincias crece día a día y se está volviendo multimillonaria e incobrable. Ese es el reclamo generalizado que une a todos los gobernadores que están pensando reunirse en breve en el Consejo Federal de Inversiones para tratar este problema. Un gobernador no peronista, de buena relación con el gobierno nacional, advirtió: “no podemos negociar ningún apoyo en el Congreso a las leyes que impulsa Milei si antes no solucionan la deuda del PAMI. Entendemos la necesidad de sostener el equilibrio fiscal pero no pueden hacerlo a costa de la salud de los jubilados”, sentenció.
A este cuadro de crisis habría que agregar que el año pasado se radicaron denuncias de corrupción en distintas delegaciones, en Misiones, Chaco, San Luis, La Plata, La Pampa, Santa Cruz, entre otras, muchas de ellas realizadas por funcionarios de La Libertad Avanza que fueron desplazados. Para legisladores opositores, el PAMI, junto a la Andis, están en la órbita de sospechas en sobreprecios de insumos y servicios. El año pasado fue público el caso de Viviana Aguirre, diputada suplente de LLA y exfuncionaria del PAMI en La Plata, que fue despedida por denunciar hechos de corrupción apuntando contra el armador libertario, que responde a Karina Milei, Sebastián Pareja, hoy protagonista de una feroz interna dentro del oficialismo.
Entre los problemas que deberá enfrentar el gobierno nacional este año y, ante la necesidad de tener que negociar apoyo de las provincias para poder llevar adelante sus reformas en el Congreso, aparece este conflicto que se está tornando irresoluble y que puede implicar un enfrentamiento sin solución entre nación y las provincias. Es mucho el dinero el que está en juego, la deuda de PAMI con los distritos crece todos los días, no hay respuesta oficial y ningún gobernador quiere pagar el costo político ante la población más vulnerable, entonces refuerzan la atención en los hospitales que dependen de ellos, pero señalan la responsabilidad política del gobierno nacional.
El ministro de Salud, Mario Lugones, no supo encontrar palabras tranquilizadoras sobre el problema, al contrario, elevó la temperatura cuando la semana pasada, en su intervención durante el encuentro de la AmCham Summit, dijo: “El PAMI tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Por eso el PAMI tiene una carga muy grande”. Lo que desnudó no solo falta de sensibilidad -la vida de las personas nunca es una carga- sino también, una alarmante incomprensión con falta de proyección sobre el tema, ya que la longevidad y la extensión de la esperanza de vida no se dio de un día para otro, es desde hace muchos años algo previsible. Hoy existen estudios que proyectan que para 2030 una de cada seis personas tendrá 60 años o más y se espera que el grupo de más de 80 años se triplique entre 2020 y 2050. No se puede planificar una atención sanitaria para adultos mayores leyendo la realidad solo como un problema y no como una consecuencia. Quizás esta desatención no sea casual y tenga un objetivo, varios especialistas coinciden en que no se trata de una crisis coyuntural, sino de una decisión política que redefine el modelo sanitario al que aspira el gobierno libertario: “Están dejando colapsar el PAMI para tirárselo a las provincias sin recursos”, dicen. Creen que ese es el plan que quiere llevar adelante el gobierno de Milei.
