Gobierno: los dueños de la verdad siempre mienten

Durante la conferencia de prensa del martes, donde se presentaba el nuevo cuadro tarifario, el colega Gonzalo Aziz acertadamente preguntó: “¿Qué van a hacer para que este aumento de tarifas no termine convirtiéndose en inflación en el día de mañana?”, inmediatamente la titular de AySA, Malena Galmarini, sin sonrojarse contestó: “Gonzalo, te corrijo, no es un aumento de tarifas sino una redistribución del subsidio”. La mentira es central en el concepto esgrimido por la funcionaria. Si se tratara de una “redistribución” simplemente el estado invertiría los mismos fondos de otra manera, pero en esta ocasión se trata de recortar subsidios y transferir al sector privado parte de la carga del costo de los servicios esenciales. De esa manera, para una parte de la sociedad se trata de un “tarifazo”, como parte de una política de ajuste que aproximadamente significa el 1,0% del PBI, así los subsidios energéticos se reducirían del actual 3% del PBI al 2,0%. Se trata de un simple ajuste con tarifazo, por más que lo intenten disfrazar con verba cargada de épica igualadora.

Horas después del anuncio del tarifazo, comenzaron a difundir, a través de distintos medios de comunicación, listados de personas famosas, políticos, empresarios, artistas, deportistas que recibían subsidios en sus tarifas. Un subsidio que el mismo gobierno otorgaba y que, por lo tanto, era legal. Esa demostración de abuso de poder, exponiendo a personas que recibían un beneficio que seguramente estaba mal otorgado por sus posibilidades económicas pero que nunca pidieron a modo de excepción, es demasiado peligrosa, porque pone en riesgo la seguridad de los señalados que, curiosamente, en su mayoría son reconocidos opositores a este gobierno. Este comportamiento muestra la cara autoritaria de un gobierno que no duda en marcar públicamente a ciudadanos que no cometieron ningún delito, en medio de un ambiente caldeado y con la bronca social golpeando la puerta de la realidad cotidiana.

Paradójicamente, se trata del mismo gobierno que retiró a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Investigación Financiera del juicio más importante contra la corrupción que se está llevando adelante en la Argentina y que tiene a Cristina Kirchner apuntada como líder de una asociación ilícita que manejaba parte de la obra pública. Ahí no aparecen los listados ni la colaboración con la justicia, solo se dedican a obstruir la investigación, porque como se sienten dueños de la verdad, ya decidieron que Cristina y el resto de los investigados sean inocentes, más allá de la catarata de pruebas, algunas impensadas y que sorprendieron hasta a los principales denunciantes, presentadas por el fiscal Luciani.

La palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, entra constantemente en contradicción, suele afirmar conceptos opuestos a lo que sugería hasta no hace muy poco, como que iba a “barrer con los ñoquis de La Cámpora” y hoy habla y acuerda permanentemente con su líder Máximo Kirchner, que también tiene lo suyo. Vale recordar cuando en mayo de 2018 cargaba contra el gobierno de Mauricio Macri señalando que “demagogia es decir que no hay tarifazos y después hacerlo”, algo parecido a lo que sucedió esta semana en su gobierno pero que no ameritó modificar su silencio cómplice con la situación.

Como frutilla del postre, ayer la CGT realizó su marcha de protesta, con una convocatoria que tuvo ribetes tan confusos como cómicos ya que en medio de una situación económica casi desesperante para los trabajadores, desocupados, sectores medios, pymes y pequeños productores castigados por una crisis inflacionaria que no da respiro, se escuchó decir: “Es una marcha a favor del gobierno”, como afirmó Hugo Moyano. Pero también vimos a Héctor Daer hacer malabares para que entendamos que la protesta es contra el gobierno anterior, con una asombrosa capacidad de lectura y paciente comprensión del contexto internacional enfocado en la guerra entre Ucrania y Rusia y los efectos de la pandemia para darle cobertura y no señalar la enorme cantidad de desaciertos que tuvo este gobierno, que ya lleva 32 meses de gestión sobre los 48 que abarca su mandato. Solo el tiempo transcurrido debería otorgarle responsabilidades en este presente, pero al tratarse de un gobierno propio, en una país donde ya aceptamos que la central obrera esté “partidizada”, prima la necesidad de defender al peronismo sobre los intereses de los trabajadores que representan, que fueron convocados a marchar para apoyar al gobierno que más atentó en los últimos años contra sus salarios y su poder adquisitivo, como también contra las jubilaciones y de los sectores que viven de la ayuda social estatal.

Mientras tanto, el Presidente dijo ayer en La Rioja que “estamos creciendo y avanzando”, a pesar de que el país se balancea entre una demanda y protesta social a la otra. Es que el gobierno de los Fernández tiene esta característica, construir realidades basadas en relatos sin sustento y poco apegadas a la verdad. Lo hizo durante la pandemia, cuando nos “vendían” como ejemplo en el mundo y terminamos siendo exactamente todo lo contrario; también durante la negociación con el FMI, cuando necesitó de la oposición para salvar ese acuerdo y no entrar en default mientras el kirchnerismo duro le daba la espalda. Allí, en lugar de reconocer ese gesto de gobernabilidad, el Presidente hizo una lectura contraria y señaló a la oposición de poner palos en la rueda.

Ejemplos hay muchos, situaciones contrapuestas aparecen a diario, el relato ficticio es moneda corriente. El problema es que para adueñarse de la verdad necesiten que la mentira prevalezca y sea parte medular del discurso oficial, poniendo en riesgo la credibilidad de todo el sistema, mucho más cuando termina atentando contra la propia capacidad del gobierno para comprender y dimensionar los problemas que nos afectan.

Pero lo peor de todo es que mientras todo esto sucede, la sociedad asiste al triste espectáculo de ver cómo los responsables de administrar el país, en lugar de admitir sus fracasos, eligen creer sus propias mentiras.