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Hacia una sociedad más plural y democrática
La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa abre un espacio propicio para reflexionar sobre el rol que desempeña el ejercicio de la profesión periodística en democracia . Esto debe hacerse a la luz de la mutación y el desafío formidable que supone el avance de las nuevas tecnologías, atreviéndonos a incorporar la discusión sobre los límites que el Estado debe respetar para garantizar su desarrollo sin restricciones ni censura. Debe incluirse, además, el debate sobre la capacidad de las empresas periodísticas para adaptarse al cambio sin sucumbir en el intento.
Resulta imposible no estar de acuerdo con la idea de contribuir a la transparencia y empoderar al pueblo como una manera de aumentar la capacidad de fiscalización ciudadana y mejorar las condiciones de gobernanza. La consecución de estos objetivos supone la confrontación del poder estatal con el de las empresas mediáticas, ya que cada uno defiende un interés que, naturalmente, no es concurrente.
Regular estos intereses, es decir, promover la pluralidad de voces sin condicionar la libertad de expresión, sin manipular la información ni obstaculizar el accionar de las empresas es una tarea compleja para los contendientes. En medio, queda la ciudadanía que busca o rehúye la información sin poder prescindir o "ponerse a resguardo" del manejo que se hace con ella. Se trata de la misma ciudadanía que busca y genera nuevas modalidades para informarse y/o sustraerse de una contienda que no le interesa y, sin embargo, la afecta.
Si lo que se pretende desde el Estado es evitar los monopolios, resulta paradójico fomentar o favorecer -desde esa órbita- la emergencia de otros. Si el objetivo buscado consiste en aumentar la pluralidad con transparencia, resulta inconcebible que países como el nuestro todavía no cuenten con una ley de acceso libre a la información pública.
El acceso de los ciudadanos a la información sobre las actividades de la administración pública es una exigencia básica de cualquier democracia que se precie. Asimismo, los medios, sin perder su independencia editorial ni permitir tutelajes de ninguna naturaleza, deberían informar sin intención de socavar o dañar gobiernos.
El último Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA da cuenta de la nada saludable confusión entre defensa del pluralismo informativo por el que bregan los gobiernos autoproclamados progresistas (centralmente Ecuador, Venezuela y la Argentina) y el avance de legislaciones que promueven tanto la concentración como la expansión mediática estatal. El abuso de la cadena nacional en nuestro país, los "mensajes obligatorios" que el Estado les impone a las emisoras en Ecuador para desmentir supuestas informaciones falsas o difamantes y el acoso permanente a Globovisión en Venezuela son algunos ejemplos de gestiones comunicacionales. También lo son la estigmatización a directivos de empresas y periodistas desde las altas esferas del Gobierno; los escraches y las amenazas; el bloqueo a la distribución de periódicos; la pugna por dominar la producción de papel, y el uso discrecional de la pauta oficial, con lo que se asfixia económicamente a los extraños mientras se oxigena a los propios.
En esta puja entre poderes queda atenazada la ciudadanía que, con sobradas razones, duda a dos bandas. El resultado se vuelve patente de manera inexorable: se resume en la pérdida de la credibilidad de medios y gobierno. Pero, como contrapartida, surge un fenómeno social nuevo que se manifiesta en la capacidad ciudadana para armar su agenda propia, generar, seleccionar y replicar noticias articulando esquemas informativos en función de gustos e intereses con gran potencial de agregación. Esto viene siendo favorecido por la capacidad difusiva de las redes sociales que acrecienta y consolida el espacio de libertad restándoles márgenes a la manipulación y a la censura.
Mientras los gobiernos de sesgo autoritario sustituyen monopolios, la dinámica tecnológica y de mercado tiende a concentrar la prestación de servicios de comunicación a través de un mismo soporte. El vehículo por el que marcha la información (básicamente Internet) se ha transformado en algo así como la energía y cada uno la usa para lo que puede o quiere.
Es claro que la competencia y la regulación de la prestación de servicios de comunicación es importante para mejorar la calidad y empujar las tarifas a la baja. Y es claro también que este fenómeno parece inevitable. Tanto los costes como la naturaleza del servicio apuntan a concentrar las inversiones y a que por un mismo conducto se brinden los servicios de televisión, telefonía e Internet.
Con un horizonte donde el "triple play" apunta a dejar paso al "múltiple play", los esfuerzos por evitar la concentración se vuelven vanos por más que nos parezcan deseables. Pero tras esta convergencia de servicios y las dificultades para aumentar la cantidad de prestadores, reside el germen de este fenómeno nuevo que no hace más que acentuar el pluralismo y la deliberación social.
Los cambios que se están registrando aceleradamente en el mundo de las comunicaciones conducen, paradójica y felizmente, hacia una convergencia en la prestación de los servicios que impulsa la democratización de la información, es decir, la diversidad o divergencia.
Convergencia y divergencia indican la tendencia y el resultado posible hacia el que nos desplazamos. Vamos, en definitiva, hacia una sociedad más plural y democrática a pesar de los esfuerzos por coartar el derecho a la información, obstaculizar la labor periodística e intentar que exista una sola historia manteniendo a la ciudadanía sujeta a cadenas nacionales.
El autor es director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)
© LA NACION
Por Gerardo Milman
