Hay que actualizar las normas sobre la inmigración

Difícilmente se encuentre un país con antecedentes más autorizados en materia de inmigraciones que la Argentina. Tanto por su legislación como por su historia. Se organizó constitucionalmente sobre principios liberales y con la vocación, fomentada por principios y por la visión inmediata de un territorio inmenso y despoblado, de que urgía abrir las puertas a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitarla. Cumplió el sueño de Alberdi.

Nuestra Constitución de 1853/60 plasmó esa idea, que en pocas décadas facilitó, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el arribo de más de cuatro millones de inmigrantes europeos: italianos, en primer lugar; españoles, en segundo término, y más lejos, aunque en importantes contingentes, rusos y franceses.

Nuestro texto constitucional equiparó a los extranjeros con los nacidos en territorio argentino en cuanto a derechos y libertades civiles, Mientras tanto, se habilitaba un proceso de no más de dos años para que obtuvieran la ciudadanía. Otras inmigraciones populosas que aportaron su influencia cultural a la sociedad argentina fueron las de la comunidad judía, que arribó a nuestras tierras desde 1870/1880, y la que se reconoce árabe, fundamentalmente proveniente del Líbano y Siria, asentada aquí, en su mayoría, entre 1900 y 1930.

El país está orgulloso de esta fecunda tradición inmigratoria. Esos sentimientos son tan rotundos como siempre, pero una situación de fronteras perforadas por la irresponsabilidad de los gobernantes de los últimos tres lustros ha instaurado la acuciante necesidad de que algo nuevo deba hacerse frente al ingreso sin controles serios de extranjeros. El jefe del bloque de senadores nacionales del justicialismo, Miguel Pichetto, dijo lo que está en la boca de crecientes sectores de la sociedad argentina y que pocos se atreven a manifestar: "Aquí no se expulsa a nadie".

El tema de la inmigración sin debida fiscalización se activa frente a la alarma social por los gravísimos índices de inseguridad que azotan a nuestra sociedad. Fuentes del Ministerio de Seguridad, del que dependen la Dirección Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de las Personas, han hecho saber que sobre 15.000 disposiciones de expulsión sólo se han concretado 70 en los últimos años. Otra arista de este tema es el que plantea los costos de la atención sanitaria de los inmigrantes. Está claro que nuestra sabia Constitución ampara el derecho a la salud de todos quienes quieran habitar el suelo argentino. Esto no incluye a quienes llegan en ómnibus desde países limítrofes exclusivamente para atenderse gratuitamente en nuestros hospitales, para dar a luz o para someterse a una cirugía y luego regresar a sus países de origen.

En cuanto a la educación, particularmente aquella de nivel universitario estatal gratuita, que aún goza de reconocimiento entre nuestros hermanos latinoamericanos, sería de estricta justicia que se evaluara algún sistema mixto o de becas que permitiera que los visitantes realicen en algún momento algún tipo de aporte, como ocurre en otros países o en el ámbito privado.

Por otro lado, basta tomar nota del elevado número de extranjeros, en particular latinoamericanos, en asociaciones criminales, particularmente las que operan en el campo del narcotráfico, para que se produjera una reacción destinada, por ejemplo, a exigir que se revea la reglamentación de la ley sobre inmigraciones, a fin de asignar nuevos fondos para infraestructura en los pasos de frontera, construir celdas especiales para quienes violan la ley argentina de admisión, capacitar a inspectores y acelerar las expulsiones de quienes hayan ingresado con antecedentes penales insostenibles para radicarse en el país.

Una decisión de capital importancia será la instrumentación de una tarjeta de tránsito vecinal fronterizo, por la cual se fijaría un plazo máximo de 72 horas por visita, ajustado a un radio de no más de 50 kilómetros del punto de ingreso. El llamado contrabando "bagayero", de baja escala, pero de alta significación en la suma de personas que lo realizan a lo largo del año, así como el ingreso de drogas prohibidas, quedaría restringido si las nuevas medidas se aplicaran con eficiencia.

Alrededor del 4,5% de la población total del país procede del extranjero. En más del 80% está asociada a corrientes que provienen de países con fronteras comunes y de Perú. En general, residen todos, en alta proporción, en esta ciudad y en el conurbano bonaerense. Las nacionalidades prevalecientes en esa inmigración son la paraguaya, con más de 600.000 personas, y la boliviana, que suma otras 350.000 personas.

Una actualización de reglas sobre el ingreso de extranjeros y la instrumentación de su cumplimiento beneficiará a todos, tanto a los nacionales como a la inmensa mayoría de latinoamericanos y de personas de otras regiones del mundo que han venido a rehacer sus vidas en un país bendecido por las posibilidades que su historial y su naturaleza brindan a quienes encarnan una firme voluntad de trabajo y un sueño justo de prosperidad. Separar la paja del trigo y evitar la presencia tóxica de quienes pretenden prolongar aquí la trayectoria delictiva en sus países de origen ayudará a la sociedad a rehabilitarse de sus angustias diarias ante un estado de inseguridad que no ha conseguido mejorar el cambio de gobierno.