Hay que privatizar el Banco Nación

Un productor agropecuario visita el Banco Nación para ampliar su financiamiento accediendo a los créditos promocionales que se estaban publicitando en los medios de comunicación.

Sin embargo, el empleado, después de revisar su legajo, le explica que no puede acceder porque está al día y los créditos a tasas preferenciales son únicamente para refinanciaciones.

"Atrásese unas cuotitas -es la sugerencia amistosa-, que con eso alcanza para otorgárselo sin problemas."

Para cualquier argentino entrado en años, esta historia reaviva la pesadilla de un sistema de incentivos equivocados y de reglas que abren la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción.

La defensa que podría hacer el banco es que ante la imposibilidad de pago, la refinanciación a tasas bajas es la única vía que permitirá, quizás en el futuro, recuperar algo. Esto puede ser cierto. Pero igualmente cierto es que es perverso darle, automáticamente, mayores facilidades al empresario incumplidor (o al que fracasa) que las que se dan al cumplidor.

Recientemente, la ley 25.299 introdujo modificaciones en la carta orgánica que, al menos en su letra, señala un cambio de énfasis en el papel que aparentemente jugará el Banco Nación en los próximos años. Se explicita que debería convertirse en un puente para asistir a ciertas actividades, en particular a las pequeñas y medianas empresas.

No quiero opinar en esta columna si otorgar subsidios a algunas empresas o sectores es bueno o malo. Supongamos que sí, que es bueno, y que hemos decidido como sociedad que debemos favorecer y ayudar a ciertas actividades. Sobre lo que sí creo que debería existir consenso es sobre que es peligroso que estos subsidios se otorguen por intermedio del Banco Nación sin estar consignados en el presupuesto nacional y discutidos por la sociedad mediante sus representantes en el Congreso.

Que estos subsidios sean definidos por el banco nos aleja del objetivo deseado de tener cuentas fiscales transparentes y de poder evaluar en qué gastamos el dinero de nuestros impuestos.

Cuando las cuentas no son transparentes, terminamos descubriendo sólo cuando es demasiado tarde que se había abierto la canilla sobre un barril sin fondo.

Para colmo de males, los problemas del Banco Nación son en definitiva un problema fiscal, porque siendo, como dice el Art. 2 de su Carta Orgánica, es la Nación Argentina la que garantiza las operaciones del banco, y sus pérdidas deberán ser solventadas por el conjunto de la sociedad.

En pocas palabras, usando un ejemplo que vale por mil: si la curtiembre Yoma hubiera tenido que conseguir un subsidio del gobierno -visible en el presupuesto nacional- nunca lo habría logrado. Sin embargo, sí logró un préstamo importante del Banco Nación, del que la sociedad en su conjunto se enteró demasiado tarde. Por otro lado, en el Art. 3 de la nueva Carta Orgánica se explicita que el banco no podrá financiar proyectos en montos superiores a 1 millón de pesos (en conjunto con otros bancos, hasta 5 millones). ¿Cuál es la lógica de esta regulación? Obviamente, la de favorecer a las Pyme a costa de una menor rentabilidad para el banco.

Nuevamente no hago juicio de valor sobre la conveniencia de asistir a las Pyme. Asumamos que es correcta. Pero entonces, ¿no sería mejor que el banco tuviera un manejo independiente y que la mejora de rentabilidad que se podría lograr se utilizara para conformar un fondo que permitiera subsidiar explícitamente a los productores que lo necesiten? Sólo entonces podremos los argentinos decidir, a través de nuestros representantes, si ésta es la manera en que queremos gastar el dinero público.

Para un gobierno que busca -creo que sinceramente- la transparencia, esta manera de asignar subsidios avanza exactamente en la dirección opuesta a sus objetivos.

Finalmente llama la atención el Art. 6 de la ley 25.299, que indica que "en cada región de la Nación funcionará un consejo consultivo, que tendrá a su cargo la recepción, formulación y canalización de los requerimientos, iniciativas y propuestas de los sectores representativos de la industria, la producción agropecuaria, el comercio y los servicios. También integrarán dichos consejos representantes de los gobiernos provinciales y municipales de la región. Los consejeros se desempeñarán sin percibir retribución alguna, durarán dos años en sus funciones y serán nombrados por el directorio a propuesta de las respectivas entidades".

Hay un área en economía que estudia los mecanismos más apropiados de gobierno corporativo , es decir, cómo estructurar una organización para alinear los objetivos de los participantes, evitar la corrupción interna y mejorar resultados.

Asumiendo que el objetivo del banco es otorgar préstamos a proyectos económicamente viables, este artículo tiene, a la luz de esa teoría, todos los vicios imaginables.

Entroniza como filtro de los proyectos a los potenciales beneficiarios. En una empresa sería como dejar que los proveedores propusieran la política de compras.

Las Pyme probablemente queden relegadas, si es que no cuentan con poder político suficiente en las organizaciones que las representan.

Intereses empresariales

El interés del empresario entonces deja de ser el de mejorar su productividad y pasa a ser el de aumentar su cuota de poder dentro de la organización que pueda canalizar sus reclamos en el consejo.

Finalmente, obsérvese que estos consejeros no percibirán retribución alguna. Es decir que se apela enteramente a su buena voluntad y a su ética. Todos los esquemas modernos de compensación intentan justamente lo contrario: que el ingreso del empleado esté lo más alineado posible con los de la empresa. Imagínese una empresa donde el gerente general trabaje gratis; no hay que extremar el poder de imaginación para darse cuenta del descalabro que rápidamente se produciría. Esto sólo para decir de manera elegante que nadie trabajará gratis a menos que se le permita llevar algo del agua a su cántaro. Claro, no todo está perdido. Una privatización del banco podría aislarlo de las presiones corporativas y políticas. Pero si no se elige esta ruta, queda la salvaguardia del directorio, el presidente de la institución y sus cuadros gerenciales, que siguen teniendo el poder para usar la razonabilidad, ignorar estas presiones y defender el patrimonio de los argentinos. La rentabilidad sobre activos durante este año no ha estado tan lejos de la de los bancos privados (y su desempeño ha sido mejor que el de los dos últimos años). Preservar estos resultados está hoy en manos de la dirección del banco. Que así lo hagan, y si no, que la patria se los demande.

El autor es economista y director de la Escuela de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella.

• El próximo domingo: el columnista invitado será Miguel Angel Broda.

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