Herramientas para combatir la corrupción

Laura Alonso
Laura Alonso PARA LA NACION
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15 de agosto de 2016  

La corrupción es un delito complejo y un fenómeno global. Posee un impacto negativo en el desarrollo de los países, empeora la calidad de vida y de los servicios públicos, destruye las oportunidades de millones de personas y familias en todo el mundo. La corrupción ahuyenta la inversión (o atrae la peor), frena la creación de riqueza, viola los derechos humanos, contamina el medioambiente, infecta a los partidos políticos y a las instituciones democráticas y republicanas, y levanta las barreras al narcotráfico, el terrorismo y otras caras del crimen organizado. Un Estado corrupto es fácilmente capturable por redes mafiosas.

Los países con bajos niveles de corrupción, en cambio, tienen controles eficientes y sanciones aplicadas con efectividad sobre sus funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, policías y fuerzas armadas. También sobre sus empresas, fundaciones y asociaciones civiles, colegios profesionales y sindicatos.

La Argentina tiene malos resultados y deudas pendientes en el combate a la corrupción. La ratificación de tratados internacionales contra la corrupción de la ONU, la OEA y la OCDE y las nuevas expectativas mundiales generadas por nuestro país constituyen una oportunidad para incorporar nuevos estándares y herramientas diseñadas para mejorar la coordinación y cooperación global frente al aumento y la sofisticación de una de las caras del crimen organizado.

Un estudio publicado por la ONU en 2004 estimaba que uno de los principales cárteles mexicanos invertía US$ 40 millones por año para sobornar a jueces y a otros funcionarios. Cuán fácil es destruir tanto con tan poco.

Las leyes del arrepentido y de recuperación de bienes de la corrupción son algunos de los instrumentos novedosos que buscan incentivar las investigaciones, su efectividad y la reparación a las víctimas. Aunque no son suficientes ni milagrosos, estos nuevos institutos pueden provocar un efecto preventivo, disuasorio o revelador.

En la Argentina, un proceso penal lleva años de instrucción, suele ser difícil producir evidencias sólidas y es casi imposible llegar a juicio. Es necesario incorporar medidas que ayuden a agilizar la tarea judicial respetando los derechos constitucionales y el debido proceso y que permitan acceder a información útil, comprobable y precisa sobre las redes criminales y sus activos.

La adaptación de estos institutos a nuestro orden constitucional es posible, viable y deseable. Por ejemplo, el arrepentido fue incorporado a la legislación argentina para los casos de secuestros extorsivos, narcotráfico, trata de personas y terrorismo hace muchos años. ¿Por qué no para los corruptos que delinquen contra el Estado y la sociedad? Muchos pensarán dos o tres veces antes de pedir o pagar una coima si hay ley del arrepentido. Se prevé un régimen de protección y un procedimiento detallado para la negociación del acuerdo de colaboración con el fiscal y la homologación del juez. Los charlatanes serán sancionados fuertemente para evitar el daño al honor de personas inocentes.

La recuperación de activos mal habidos tampoco es un instituto totalmente ajeno a nuestra tradición jurídica. La legislación argentina ya prevé el decomiso sin condena para determinados delitos. Está en debate la incorporación de una medida más ágil de toma de bienes de origen ilícito a través de una acción judicial de tipo civil. Los senadores se inclinarán a vincularla con una investigación penal. De ser así, si el proceso penal prescribe, si la persona imputada se fuga o si existen sospechas fundadas sobre la procedencia ilícita de los bienes, se iniciaría un proceso civil contra éstos. Será el imputado el que deba demostrar que esos bienes tienen un origen legal. Se siguen así principios previstos en la Convención de la ONU contra la Corrupción ratificada por el Congreso argentino hace varios años. El destino de esos activos recuperados debe ser transparente e identificable para toda la sociedad.

Las dos medias sanciones aprobadas por los diputados nacionales y actualmente en tratamiento en el Senado tienen puntos para modificar y mejorar. Ello no debe ser excusa para que el Congreso no les dé tratamiento y aprobación antes del fin de este año parlamentario. La sociedad nos lo demanda con urgencia.

Titular de la Oficina Anticorrupción

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