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Honrosa designación
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El nombramiento del doctor Luis Moreno Ocampo como fiscal de la flamante Corte Penal Internacional (CPI) debe ser celebrado como el justo reconocimiento a la trayectoria de un distinguido jurista argentino, de sobresaliente actuación en la defensa de los derechos humanos y de los valores cívicos que dignifican la vida pública nacional. La designación debe ser interpetada, al mismo tiempo, como un gesto que honra al país y retribuye la fructífera labor que nuestros gobiernos desarrollaron en apoyo a la creación de ese importante organismo. La Argentina fue -en efecto- una de las primeras naciones que suscribieron el Tratado de Roma e impulsaron su aceptación por otros Estados.
Lejos de ser un simple signatario, nuestro país desplegó en los últimos años, a través de la Cancillería, una activa tarea técnica y política en la elaboración de las normas y de los acuerdos que permitieron concretar esa valiosa iniciativa supranacional.
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal permanente de nivel mundial con competencia para juzgar los crímenes de guerra, los delitos contra la humanidad y los genocidios que se comentan en el territorio de alguno de los 89 países signatarios. Interviene en los casos en que las respectivas organizaciones judiciales nacionales no den respuesta adecuada.
Por cierto, la CPI nació con algunos puntos débiles, debido al cuestionamiento que le han formulado los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, país que no suscribió el tratado porque reclama un "status" de inmunidad militar para sus tropas, y otros más como el de la China. Pero los acontecimientos actuales parecen confirmar la consistencia de la posición defendida por la Argentina y por los otros países que impulsaron la instalación de esa corte internacional.
Por otra parte, si bien nuestro país no tuvo éxito en su impulso a la candidatura de un prestigioso magistrado y jurista argentino para integrar el tribunal, nuestra participación queda ampliamente satisfecha con la designación de quien se desempeñará como jefe de los fiscales del organismo.
Hace ya diez años, el nombre del doctor Moreno Ocampo, recordado por su actuación como fiscal en el juicio a las juntas militares y por su enérgica e infatigable lucha contra la corrupción política y administrativa, había ya circulado en la Organización de las Naciones Unidas para integrar el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (CPIY). En aquel momento su designación no se concretó.
En esta nueva ocasión, su candidatura nació y se consolidó directamente en el exterior, a instancias de los Estados signatarios y con el aval de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, de la convivencia pacífica y de la transparencia institucional.
