Injustificada oposición radical a la venta de Transener

El invalorable aporte institucional y político de la UCR a la coalición de gobierno debería completarse con una visión renovada y moderna de la administración
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16 de febrero de 2018  

El gobierno nacional tomó la decisión de vender la participación de la estatal Enarsa en Transener, empresa que desde 1993 opera en nuestro país el sistema de transmisión eléctrica en alta tensión. En rigor, lo que se vende son acciones de Citelec, que es la sociedad controlante, titular del 52,6% de Transener. El resto del capital cotiza en bolsa. El decreto que dispuso esta venta consideró que "la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado nacional o de Enarsa en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio".

La decisión de venta encontró una fuerte oposición en el radicalismo, manifestada duramente en una carta firmada por el presidente del comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Como parte de la coalición Cambiemos, la UCR -impulsada por varios miembros de la cúpula partidaria- solicitó al ministro que reviera la decisión y suspendiera el proceso de venta. La misiva radical argumentaba cuestiones estratégicas e ideológicas referidas al papel del Estado. También puso bajo sospecha un supuesto manejo indebido de intereses al señalar que el ingeniero Marcelo Blanco, que firmó la convocatoria a concurso público como subsecretario de Coordinación Administrativa, había pertenecido anteriormente a empresas del grupo Mindlin, posible interesado en la compra.

La misiva radical fue contestada por Aranguren mediante una extensa carta en la que fundamentó las razones de la venta y rechazó las insinuaciones de la presencia e intervención de intereses empresarios.

En el decreto se instruyó también al Ministerio de Energía y Minería para que realice la venta de las participaciones estatales en las centrales Ensenada de Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano II, Dique, Güemes, Puerto, Timbúes, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. No solo el principio de subsidiaridad explicó esta decisión. También estaba justificada por la necesidad de fondos en el contexto de un grave déficit fiscal, por ahora resuelto mediante un creciente y riesgoso endeudamiento. El conjunto de estas ventas podría aportar alrededor de 1100 millones de dólares, aplicables a inversiones que el Estado debe necesariamente realizar sin posibilidad de recurrir al sector privado. Respecto de Transener, el Ministerio de Energía comenzó a avanzar hacia la fijación de la valuación de la empresa.

Transener fue constituida como una sociedad anónima en 1993, en el proceso de privatización. Citelec fue creada, a su vez, como una empresa de control. Las acciones de Citelec fueron inicialmente adquiridas por National Grid y Perez Companc. Cuando estos grupos decidieron venderla y avanzaron en un acuerdo con el fondo estadounidense Eton Park, el gobierno kirchnerista intervino impidiendo esa operación y presionando su venta a Electroingeniería y a Petrobras. La primera de estas era una empresa relacionada con el poder. Se produjeron posteriormente sucesivas transferencias hasta llegar a la composición accionaria con Enarsa estatal y Pampa Energía. Esto no les da a Citelec ni a Transener el carácter de empresa estatal. Por eso, en rigor, la venta de sus acciones no constituye una privatización en su sentido legal.

La reacción del radicalismo muestra a este socio de la coalición Cambiemos en una posición ideológica estatista anacrónica, limitante de la tan necesaria inversión privada. Parecería, además, que no ha percibido la gravedad de la situación fiscal y las consecuencias que podría tener una crisis de deuda si no se la corrige. La calidad institucional y la confianza que el actual gobierno trabajosamente está reconstruyendo, no se pueden apoyar en un Estado empeñado en emplear sus escasos recursos para desarrollar actividades empresarias y comerciales que bien puede realizar el sector privado. El radicalismo parece no haber comprendido los problemas estructurales de la Argentina y cuáles son sus causas. Persiste en un encierro ideológico que tomó forma en 1948 con la aprobación de la Declaración de Avellaneda de 1945 como plataforma del partido. Se habían finalmente impuesto en la UCR los vientos nacionalistas y estatistas del peronismo. En aquella declaración se postulaba la "nacionalización de todas las fuentes de energía natural de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el progreso económico del país, entregando su manejo a la Nación, a las provincias, a las municipalidades o a cooperativas según los casos". Estos mismos condicionamientos ideológicos no parecen haberse disipado y predominaron en la posición del radicalismo en apoyo de la estatización del sistema de jubilaciones en 2008 y de la estatización de YPF en 2012.

El invalorable aporte institucional y político de este partido a la coalición que hoy nos gobierna debiera complementarse con una visión renovada y moderna de la administración y la economía si es que verdaderamente se quiere cambiar.

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