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Inoperancia del Comfer
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Diferentes sectores de la comunidad han manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la mala calidad moral de los contenidos audiovisuales que suelen difundir la televisión y la radio. Academias,organizaciones de bien público, asociaciones empresarias y entidades que agrupan a escritores, periodistas, comunicadores y especialistas de disciplinas diversas han llamado la atención sobre el descontrol que impera en los ámbitos radiofónicos y televisivos.
Quienes formulan esta severa crítica a los medios audiovisuales de difusión masiva consideran que la insatisfactoria calidad de los contenidos debe ser atribuida a la escasa supervisión del Estado y, sobre todo, a su falta de voluntad para obligar a los licenciatarios a cumplir y hacer cumplir la ley de radiodifusión.
El ente público encargado de asegurar que esa ley se cumpla es el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), sucesor de la vieja Dirección General de Radiodifusión, que dependía del Ministerio de Comunicaciones. La mayor parte de los ciudadanos considera que el organismo no cumple ni ha cumplido siquiera parcialmente con su misión.
Las funciones de contralor que el Comfer está obligado a cumplir han quedado desnaturalizadas debido a una reprobable costumbre adoptada por los gobiernos: la que admite que las multas impuestas a los licenciatarios por sus infracciones a la ley sean canjeadas por espacios de publicidad sin cargo en favor del Estado, cuando no lisa y llanamente del gobernante de turno. Desde esta columna editorial nos hemos referido reiteradamente a esa viciosa práctica.
Las anomalías en que incurre el Comfer son ampliamente conocidas. A su deficiente control del sector y a su ineficiencia para lograr que se respeten y se acaten las normas sobre el horario de protección al menor, hay que sumar las crónicas denuncias sobre corrupción que pesan sobre el organismo.
A pesar de contar con centenares de agentes, el Comfer registra una abrumadora cantidad de trámites pendientes y de situaciones no resueltas, societarias, administrativas, comerciales y sucesorias. Las demoras en los expedientes, acumuladas en casos durante años, generan complicaciones que dificultan la identificación de los reales titulares de las licencias o conspiran contra la posibilidad de controlar si se cumplen o no las condiciones en que fueron otorgadas.
El problema se acentúa cuando esas demoras se producen en el delicado terreno de las emisoras ilegales, muchas de las cuales operan desde hace años sin cumplir recaudos básicos esenciales. La situación resulta injusta si se la mira desde el punto de vista de los permisionarios legalmente habilitados, que respetan y cumplen las normas vigentes.
En una entrevista aparecida en este diario en los últimos meses de 2002, el actual interventor, Carlos Caterbetti, estimó en 7000 el número de emisoras ilegales en el país. El funcionario no insinuó si habría algún principio de solución para tamaña irregularidad. El transcurso del tiempo confirmó que no se tiene en vista poner fin a ese descalabro. A pesar de los resultados negativos de su gestión, el actual interventor, dicho sea de paso, ha sido incluido por el justicialismo bonaerense en su lista de candidatos a diputados provinciales.
La inoperancia del Comfer se ha ido agravando con el paso del tiempo. Con cada intervención se mantiene e incluso se incrementa el caos de nuestro espectro de frecuencias, alimentándose el desorden administrativo. Dado que las ondas transmisoras de radio y TV son un bien escaso que pertenece a la comunidad en su conjunto y el Estado es sólo un administrador de las frecuencias, es inadmisible que el organismo responsable no garantice en el territorio nacional la leal competencia de los servicios radiofónicos y de televisión.
Más de una vez dijimos desde esta columna que la televisión impone compulsivamente a la población, en algunos casos, ante la indiferencia del Comfer, el seguimiento de situaciones lesivas para la minoridad, en las cuales la violencia es exaltada perversamente o aparece tortuosamente vinculada con el sexo.
Recientes estudios de la consultora Gallup indican que los alumnos primarios argentinos ven un promedio de 3,6 horas diarias de televisión y los secundarios, 2,9 horas diarias. Los argentinos en general pasan 3,5 horas diarias frente a la pantalla chica.
A la hora de la reforma política y educacional, no se debe olvidar que, además de la escuela y la familia, existe un sistema informal de educación que opera varias horas del día sobre las mentes y las conciencias de las personas y que con demasiada fecuencia deforma y destruye en lugar de formar y construir.
En noviembre último, el presidente Eduardo Duhalde, junto con el interventor en el Comfer y con representantes de las cámaras del sector empresarial correspondiente, firmó en la Casa de Gobierno un acuerdo que reglamenta las nuevas pautas básicas a que deberán ajustarse los contenidos en la radio y en la televisión. Por ahora, ese texto es letra muerta.
