Instituciones inclusivas, la clave para el desarrollo

Desde David Ricardo y Adam Smith, los economistas han buscado definir la fórmula que hace al desarrollo exitoso de los países. Han desfilado ventajas comparativas referidas a materias primas que, extendidas a la geografía, llegaron a incluir el clima, la religión y hasta la raza. Otras explicaciones señalaban tempranas etapas agrícolas que evolucionaban hacia la revolución industrial, y llegando a las propuestas de modernización post-Segunda Guerra Mundial, la teoría de la dependencia de los países en desarrollo y los sistemas mundiales que dieron paso a la globalización de las últimas décadas del siglo XX. Pero no alcanzan a explicar por qué algunos países pequeños sin recursos logran establecer una senda sostenida de progreso mientras otros, en el mismo tiempo, no llegan a despegar, y algunos en el mejor de los casos parecen ir de crisis en crisis. La historia del desarrollo de la Argentina se inserta en este último grupo.

La conclusión es que además de condiciones estructurales propias o contextos más o menos favorables, como los que facilitaron el ascenso de la Argentina a principios del siglo XX, existen condiciones de organización interna de los países que promueven el crecimiento sostenido o, por el contrario, corroen sus bases haciendo fracasar los eventuales despegues económicos. La continuidad democrática o la existencia de poderes separados no garantizan el progreso, y en algunos casos, como Singapur, no son parte de la fórmula. Sabemos que el acceso a la tecnología marca y evidencia las diferencias de desarrollo, así como la educación que ayuda a formar el capital humano es crítica, y la salud que extiende la vida y mejora sus condiciones.

Pero a esta altura de la historia, el acceso a la tecnología, la educación y la salud está más condicionado por las propias políticas que por la posibilidad efectiva de acceder a ellas. El desarrollo temprano de la educación en la Argentina y su actual estado de deterioro son pruebas de que la pobreza proviene de políticas equivocadas que alejan de la prosperidad y no permiten el desarrollo de la riqueza que en muchos casos bendice a los países.

Es necesario entonces poner el foco en las condiciones del conjunto de reglas de incentivos y oportunidades para prosperar, ese conjunto que conforma las instituciones que condicionan las relaciones entre las personas y las organizaciones en una sociedad. Instituciones que crean prosperidad facilitan la actividad de innovadores como Emiliano Kargieman, un hacker que entre sus emprendimientos terminó lanzando un nanosatélite con un costo de una fracción de un satélite normal, abriendo el espacio para la difusión de comunicaciones a bajísimo costo, beneficiando con su desarrollo a muchísima gente más allá de lo que podría beneficiarse él mismo, así como la lámpara de luz creó un beneficio social enorme, facilitando innumerables actividades nocturnas imposibles hasta ese momento, al tiempo que con su patente enriqueció a su inventor, Thomas Edison.

Este esquema de patentes es ejemplo de una institución que promueve la creatividad de los innovadores, que pueden venir de los más variados sectores de la sociedad –productores agrícolas, artesanos, técnicos, profesionales e incluso personas con mínima educación–, ya que el talento y la creatividad no están concentrados en determinado sector social. La innovación necesita desplegar el talento, la energía y la ambición latentes en la sociedad, creando riqueza que excede el beneficio de los mismos innovadores. Y eso es lo que hacen las patentes, ejemplo de una institución inclusiva que crea amplios incentivos en la sociedad. Por el contrario, una estructura económica y social oligárquica, cerrada y elitista no promueve la innovación y el crecimiento económico. Consideremos el caso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, cuyo dominio de las comunicaciones carente de incentivos para mejorar e innovar, según estudios de la OCDE, reduce el PBI per cápita de México en un 2% en lugar de ampliarlo. Se trata de un monopolio claramente extractivo de la riqueza de la sociedad en beneficio de una persona. Por el contrario, el caso de Bill Gates, otro magnate global que innegablemente ha beneficiado a millones en todo el mundo, y cuyo monopolio bajo el imperio de la ley operando en forma inclusiva fue cuestionado por Netscape, obligándolo a fraccionar su imperio además de pagar una multa y ser humillado en los tribunales. Las instituciones extractivas bloquean los incentivos y oportunidades para nuevos participantes, en tanto los países con instituciones inclusivas impulsan la acumulación de capital humano y la innovación.

No se trata tanto de una distinción entre sistemas capitalistas o socialistas o comunistas, sino de si los países promueven instituciones o reglas inclusivas que favorezcan el desarrollo del conjunto de la sociedad de manera sostenible, o extractivas que promueven el beneficio de unos pocos, provocando inevitablemente inestabilidad y, a largo plazo, pobreza. Las primeras requieren dos dimensiones: que el poder político esté distribuido ampliamente en la sociedad y que el Estado ejerza su poder de manera efectiva. Así darán origen a instituciones y reglas inclusivas. En cambio, si el Estado es débil y poco efectivo o el poder político está concentrado, sin desafíos ni controles, las condiciones estarán dadas para que se desarrollen monopolios o esquemas extractivos que permitan adueñarse del valor del trabajo de muchos en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría, como ocurre en las provincias pobres con esquemas políticos monopólicos incontestados a lo largo del tiempo.

El Estado argentino dista de funcionar eficazmente, poblado de funcionarios designados por razones políticas por encima de sus cualidades profesionales. Y su sistema político ha estado signado por elecciones corruptas y continuas interrupciones abruptas del proceso de gobierno hasta llegar a la violencia del terrorismo insurgente y del Estado. El populismo emergente es un remedo de inclusión que utiliza métodos forzados en lugar de reglas acordadas y sostenidas por el conjunto de la sociedad. Para romper este ciclo es necesario romper con el clientelismo discrecional, promoviendo en cambio la inclusión, el crecimiento y la participación en la riqueza, favoreciendo un amplio acceso a bienes públicos. Y esto requiere una amplia coalición social, que procure el beneficio del mayor espectro social y no de ninguna minoría por importante que sea. No se trata de cambiar un clientelismo por otro, sino de tratar a todos con las mismas reglas, impidiendo la depredación del Estado por parte de unos pocos.

La Argentina tiene en su historia antecedentes de organizarse efectivamente con inversiones en infraestructura y educación que promovieron un desarrollo y crecimiento que la llevó a ser uno de los países más ricos del mundo. Volver a esa senda requiere cuidar la calidad de las reglas e instituciones políticas y sociales que promuevan comportamientos inclusivos impulsados y validados socialmente, con reglas parejas para todos en lugar de favores para algunos, que desplieguen el inmenso talento y creatividad de una buena parte de su población educada y globalizada. En 20 o 30 años el país podría estar entre los cinco o diez más ricos del mundo y dejar de ser la inexplicable curiosidad de un país rico que vive cada vez más pobre.

Profesor de dirección de empresas en IAE Business School