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Inversiones en energía, provincias y RIGI: el árbol y el bosque
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es una obra de infraestructura esencial que permitirá transportar petróleo crudo de la Cuenca Neuquina desde Allen hasta Punta Colorada y exportar 800.000 barriles diarios, por un valor aproximado de 40 millones de dólares por día. Constituye además una inversión estratégica de aproximadamente 2500 millones de dólares, elegible para obtener los beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y de estabilidad regulatoria del régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) creado por la Ley Bases.
Según trascendidos el gobernador de la provincia de Rio Negro habría transmitido a las accionistas de VMOS que la provincia quiere cobrar el equivalente al 1% de regalías sobre el precio de venta del crudo que se transportará por el oleoducto Vaca Muerta Sur. Además, advirtió que el 80% de la mano de obra debe ser rionegrina y que el “compre rionegrino” no es opcional: “¡Rio Negro no se entrega! Cumplen o se van”.
Aclaraciones previas: estamos en el mundo del midstream (procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y derivados). No hay que hablar entonces de regalías porque las regalías se cobran sobre el valor boca de pozo del hidrocarburo producido (upstream) no transportado. La regalía propiamente dicha se rige por la ley federal (no por leyes provinciales) y corresponde a la provincia titular del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio como participación en el producido de su venta (no a la provincia de paso).
Por otra parte, se habla de la obligación de contratar mano de obra local y proveedores locales, todo lo cual no tiene nada que ver con la supuesta “regalía”.
El asidero probable de la pretensión del gobierno provincial es una ley provincial de 2022 que establece que las empresas de transporte de hidrocarburos deben contratar trabajadores y proveedores “radicados en la provincia” en un porcentaje no menor al 80%, aportar al desarrollo territorial para financiar equipamientos u obras “que mejoren la calidad de vida de los rionegrinos” y pagar una tasa anual para fiscalización y control.
Está claro que las empresas involucradas en el proyecto VMOS no contemplaron esa pretensión provincial por varias razones: la Constitución Nacional veda a los estados provinciales ejercer el poder delegado a la Nación, como lo es la regulación de los ductos interjurisdiccionales, y prohíbe en particular el establecimiento de aduanas interiores.
Por otra parte, la ley federal de hidrocarburos, que prevalece sobre las normas provinciales, establece que la proporción de ciudadanos nacionales (no necesariamente provinciales) referida al total del personal empleado por cada permisionario, concesionario o autorizado, no podrá en ningún caso ser inferior al 75%, la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos.
Y finalmente el RIGI, al que adhirió tempranamente Rio Negro, ya contempla como requisito el compromiso de contratar para el desarrollo del proyecto, a proveedores locales (léase con domicilio fiscal en el país) para la provisión de bienes y obras en un porcentaje equivalente, como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto al precio y calidad.
Pero más allá de las cuestiones normativas, lo esencial del RIGI es su objetivo de “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones” y en ese marco se veda a las provincias que adhieran al régimen la creación de nuevos gravámenes locales.
Es de esperar que la legítima expectativa provincial de promover el bienestar de sus habitantes no culmine en un intempestivo incremento de la carga tributaria de un proyecto tan importante para todo el país. De la pacífica resolución de este conflicto en ciernes con el acuerdo de todas las partes involucradas -¿quizás con un pago voluntario?- depende la suerte de la estrategia exportadora de Vaca Muerta y el éxito o el fracaso de un régimen de fomento que recién está dando sus primeros pasos. No sea cosa que el árbol no nos deje ver el bosque y que las decisiones de inversión imprescindibles para el desarrollo energético se vean menoscabadas, afectándose la confianza y la frágil credibilidad del país.
Director del Posgrado en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Austral
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