Juan Pablo Cafiero: "Yo no odio a la policía bonaerense"

“Hemos establecido que el 70 por ciento de los homicidios de policías ocurrieron cuando se resistieron a que les robaran sus automóviles. Mientras que casi el 20 por ciento de los asesinatos de civiles en la provincia de Buenos Aires durante el año último se produjo por el mismo motivo. Por eso es que hemos decidido declararle la guerra a los ladrones de automotores y a los desarmaderos y vamos a dar una lucha muy frontal contra este tipo de delitos”.

La afirmación pertenece a Juan Pablo Cafiero, ministro de Seguridad bonaerense, que en una entrevista exclusiva con LA NACION respondió a las críticas que le hicieron desde diversos sectores por la ola de inseguridad; explicó que las bandas de ladrones de vehículos tienen estructura mafiosa y se manejan desde adentro de algunos penales; habló de los policías vinculados con secuestradores y del proyecto de ley elaborado en su cartera para que, en caso de que la policía encuentre en poder de un comerciante artículos robados, se secuestre toda la mercadería y no sólo los productos mal habidos.

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad, el delito que más creció durante el último año fue el de los asaltos contra establecimientos rurales, con un incremento del 90 por ciento, seguido por el robo de automotores.

La preocupación de Cafiero por atacar esta modalidad delictiva se funda, además, en que se trata de la cuarta causal de homicidios en la provincia, mientras que las sumas de los otros tres móviles (ajuste de cuentas, riñas y violencia familiar) alcanzan al 47 por ciento.

-El miércoles último, en el programa “A dos voces”, el ex secretario de seguridad bonaerense y actual intendente de San Miguel, Aldo Rico, dijo que la política de seguridad en la provincia iba a fracasar porque como usted tiene una tendencia progresista odia a la policía.

-Yo no odio a la policía. Le confieso que he tenido que tragarme algunos prejuicios al ver el sacrificio enorme de muchos policías y que eso me ayudó a madurar en algunas ideas al respecto. Pero no he cambiado y me aboqué a que los policías también maduren en otro concepto: que las garantías individuales y ciudadanas son compatibles con el concepto de la seguridad y que el derecho a la protección de la gente es un derecho colectivo e individual que debe sostenerse siempre desde el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Esto la policía lo supo desde siempre. Mi llegada estuvo muy cuestionada, pero el gobernador Felipe Solá y todos los integrantes del gabinete provincial respaldaron mi gestión.

-¿Cuáles fueron los proyectos que pudo concretar y los que quedarían pendientes?

-Las políticas de reivindicación del personal herido, el plan de compra de mil vehículos por año para renovar el parque automotor; informatizamos el mapa del delito en todas las departamentales del conurbano; la capacitación del personal policial y se elevó la jerarquía de la Dirección de Asuntos internos y Abuso Funcional. Tenemos buena investigación de la actuación policial en cada uno de los hechos para establecer si la policía actuó bien o actuó mal, si violó la ley o algún reglamento. En la medida en que esta idea siga no serán necesarias grandes purgas dentro de la policía sino que el proceso será de decantamiento natural para el policía que no sea honesto. En este momento, dicha dependencia se abocó a investigar los patrimonios de varios comisarios mayores de la vieja policía. Además hemos trabajado en la búsqueda de un inmueble para que de una vez por todas la policía bonaerense pueda tener su hospital.

-Así como existe una política de seguridad ¿cree que existe una política de inseguridad y que alguien pueda sacar provecho de la falta de seguridad?

-Hasta el momento no tengo pruebas de ninguna conspiración política. Pero sí estoy seguro que algunos medios de comunicación intentaron instalar la sensación de inseguridad.

-¿Cómo piensa detener la ola de secuestros?

-Con más prevención y trabajo de inteligencia entre las bandas. Así se han abortado cuatro intentos de secuestros. En uno de los casos había un policía involucrado. Además, debo aclararle que la policía esclareció el 95 por ciento de los secuestros extorsivos ocurridos durante 2002.

-¿Usted está seguro de eso? Tenga en cuenta que por el caso de Cristian Riquelme la policía detuvo a quince personas y la Justicia los liberó por falta de mérito; tampoco hubo detenidos por el caso Virasoro y ya no quedan presos por el caso Echarri, donde la Justicia cuestionó la actuación de la policía.

-Sí que estoy seguro. En este punto tenemos percepciones distintas. Le repito, según nuestras estadísticas, el 95 por ciento de los secuestros extorsivos están esclarecidos; tenemos algunos prófugos, pero están identificados y tienen pedido de captura. Yo no puedo hablar de las prisiones preventivas y las liberaciones.

-¿Qué piensa hacer para bajar la estadística de los robos de automóviles?

-Se trata de un delito que produjo una gran cuota de violencia, hubo muchos homicidios por culpa de estos robos y mucha sangre. Hay varios proyectos presentados por legisladores bonaerenses para crear un registro de desarmaderos de automotores. De todas maneras nosotros estamos trabajando con la Justicia en causas que son de gran envergadura y que demuestran la raíz mafiosa de las organizaciones que se dedican a este tipo de delitos y las conexiones que tienen las mismas. Tan grandes son estas organizaciones que, por ejemplo, tenemos chequeado que existen vínculos entre el doble crimen de Bahía Blanca y la banda que comandaba el rey del corte. Dicho vínculo está acreditado, se conocen los contactos. Está en plena investigación. Hay muchas conexiones. En la investigación que encaró la policía se logró unificar distintos aspectos de ambas causas y demostrar cómo se manejan los delincuentes y cómo estas organizaciones se pasan productos robados entre ellas y cómo negocian su precio. Muchas de estas bandas siguen trabajando desde dentro de la cárcel. Tenemos la red de comunicación investigada, además hacemos inteligencia sobre las comunicaciones.

-Siempre se dijo que los desarmaderos de organizaciones tenía protección policial por eso podían funcionar.

-Estas organizaciones no cuentan con la protección de toda la policía. Hemos descubierto algunos casos, como en el caso de los desarmaderos de General Pacheco que un comisario y otros oficiales de la zona apoyaban el funcionamiento de estas bandas y estos policías están presos. Con respecto a los delitos rurales, la propia investigación policial estableció que un comisario de Bahía Blanca ayudaba a los cuatreros. Este policía, que tenía una barraca de cueros en la zona, también quedó detenido. En este ministerio se trata a los policías que ayudan a los malvivientes como delincuentes. No puede ser que en el país se roben más automóviles que los que todas las terminales producen durante un año.

-Durante la última semana se presentó el proyecto para se modifique el Código Penal con el fin de que, en caso de que la policía encuentre en poder de un comerciante artículos robados, se secuestre toda la mercadería, aun aquella que se compró de buena fe. ¿No piensa que se trata de un avasallamiento de la propiedad privada?

-De ninguna manera. No se trata de un proyecto que vaya contra la Constitución ni nada por el estilo. El dueño del comercio donde se encontró la mercadería robada utiliza esa fachada y mezcla los productos que compró en buena ley con los artículos mal habidos. Esto provoca que un ciudadano que quiere comprar un producto legal pierda la posibilidad de distinguir entre los objetos robados. Esto ocurre, especialmente en el delito rural, en las carnicerías; entre los repuesteros, con las autopartes; en las farmacias, con los medicamentos apócrifos; en el comercio de alimentos, bebidas y comestibles, donde se mezclan productos buenos con otros que fueron robados en algún hecho por piratas del asfalto. Pretendemos que la ley nos permita secuestrar absolutamente todo el fondo de comercio de esa manera. La organización va a sentir que así como el delincuente que ellos utilizan para el robo puede perder su libertad ellos pueden perder todo su patrimonio; así como al cometer un delito uno es privado de su libertad como sanción, lo mismo va a suceder con los bienes de estos delincuentes, van a perder sus bienes. En caso que esta ley se sancione, provocará un abrupto descenso de los delitos con connotación económica que tienen incidencia directa en el patrimonio de los delincuentes que, con más robos, pueden aumentar su capital.

-Pero, los comerciantes que venden cosas robadas lo hacen porque existe un público que las compra ¿no cree entonces que se trata más de un problema de conciencia que de las leyes?

-Si se quiere terminar con la ola de inseguridad es necesario que la sociedad se sincere. Si demandamos seguridad no debemos quebrar las leyes. Debemos tener conciencia de que cuando un ciudadano compra un producto robado está fomentando una cadena de delincuentes inescrupulosos y que esa mercadería puede estar manchada con sangre.

-¿Tiene alguna relación con Miguel Angel Maldonado, actual asesor de la SIDE, ex chofer de su padre y supuesto integrante del entorno de los hermanos Conzi, del restaurante Dallas, de Martínez?

-Lo conozco, es un vecino de San Isidro pero sobre este tema no crucé ninguna palabra ni con él ni con ningún emisario.

-En los últimos días allegados al gobernador Felipe Solá dijeron que al comisario mayor Angel Casafus se le había perdonado la vida por su intervención en el caso García Belsunce debido a su buen trabajo al frente de la Brigada Antisecuestros, ¿es cierto esto?

-No, en este ministerio se mide a todos los hombres con la misma vara y no hay compromisos con nadie.

El perfil

Desde el Frepaso

Nació hace 49 años. Está casado y tiene cuatro hijos. Fue convencional constituyente en 1994, diputado nacional por el Frepaso y ministro de Desarrollo Social durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

Convocado por Solá

Al asumir Eduardo Duhalde, lo nombró vicejefe de gobierno. En julio último, luego de los incidentes del Puente Pueyrredón, fue nombrado por Felipe Solá ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. Tras la división de la cartera es hoy ministro de Seguridad.

Por Gustavo Carabajal

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