1
¿Juegos de azar o de la política?
Resulta imperioso limitar el crecimiento de esta actividad que crea una profunda adicción en las personas y favorece negociados de lo más diversos
1 minuto de lectura'
La apertura del Bingo La Noria, ubicado en una de las zonas más empobrecidas de Lomas de Zamora y, por esa perversa razón, una de las más atractivas para los empresarios del juego -a metros de la Capital Federal y justo enfrente de la terminal de transbordo de colectivos más transitada del conurbano bonaerense-, casi se concreta al final del mandato de Daniel Scioli, pero fue oportunamente bloqueada por presión de la Iglesia y la oposición. Hoy vuelven a alertar sobre el asunto la diputada nacional Margarita Stolbizer y el legislador bonaerense Marcelo Díaz, ambos del partido GEN. Los dos cuestionan que el lugar tiene como público cautivo a decenas de miles de bonaerenses de las clases medias y bajas que transitan por la terminal de colectivos.
La decisión sobre la apertura de la sala depende ahora de que el gobierno de María Eugenia Vidal autorice un pedido de la compañía española Codere para trasladar el bingo que funciona dentro de un supermercado, en Temperley, al nuevo lugar, cercano a un barrio densamente poblado y a pocas cuadras de la feria La Salada, donde la empresa, según trascendió, tiene todo listo para habilitar una sala de 2180 metros cuadrados, que se extendería luego a 3000, y pasar de 166 máquinas tragamonedas a 600.
Detrás de este proceso y de las gestiones para el traslado del Bingo La Noria figuran nombres de políticos vinculados directa o indirectamente a la industria del juego, cuyos intereses -ya sea a favor o en contra de la mudanza- están motivados por cuestiones políticas y económicas y no por las razones que han provocado el firme y contundente rechazo de la Iglesia, para la que "el juego de azar es un negocio que mueve gran cantidad de dinero para beneficio de unos pocos en detrimento de muchos, especialmente de los más pobres". No es ocioso recordar en este punto que el juego representa una de las principales fuentes del financiamiento de la política.
Es de desear que las autoridades bonaerenses impidan el traslado del bingo a una zona carenciada del conurbano, con independencia de que se aumente o no el número de máquinas tragamonedas ya que, como lo hemos señalado desde estas columnas, el juego es una costumbre perniciosa que los gobiernos deben combatir y no facilitar, y mucho menos valerse de ella para recaudar dinero a menudo de los más necesitados y desprotegidos.
La adicción al juego o ludopatía, como también se la conoce, es un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en relación con los juegos de azar. La inversión de tiempo, energía y dinero en este tipo de actividades aumenta con los años y la persona se va haciendo cada vez más dependiente de ese vicio. Muchos han llegado a perderlo todo, familia, trabajo, dinero y relaciones, por culpa de su dependencia del juego.
No se trata, entonces, de una actividad libremente elegida, sino de la satisfacción de una compulsión, sumamente dañina. Además la gran proliferación de las salas de juego trae la aparición o el incremento de problemáticas de inseguridad, criminalidad, narcotráfico, lavado de dinero y prostitución.
La Argentina ya debió haber comenzado hace años a debatir la necesidad de erradicar el juego, que es una esperanza irracional y azarosa que conlleva lamentablemente para muchas personas la idea de que no se hace fortuna trabajando y que hay que apostarlo todo al azar. De haberlo hecho, se habrían evitado los grandes negociados de quienes explotan y administran los juegos de azar y el infierno que esa adicción implica para los millones de personas que terminan atrapadas por ellos.
Por consiguiente, resulta absolutamente inconveniente y pernicioso que el Estado, por acción u omisión, sea el que facilite la instalación de casinos, bingos y máquinas tragamonedas, entre otros juegos de azar, por el mero afán de recaudar a cualquier costo y de cualquier forma. Más aún, cuando el juego está avanzando desde hace años desproporcionadamente en localidades que no son turísticas y castigando, cada vez más, al igual que la droga, a los sectores más humildes de la población.
