Juicio a los genocidas

No podemos cerrar el panorama internacional de los últimos treinta días sin destacar que el 28 de junio pasado el serbio Slobodan Milosevic, ex hombre fuerte de su país, acusado de cometer actos de genocidio y crímenes contra la humanidad, fue trasladado a Holanda para quedar sujeto a juicio en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, con sede en La Haya. Tal decisión, en la que intervino el actual primer ministro de Serbia, Zoran Djindjic, debe ser analizada en relación con los juicios que se llevan a cabo contra un grupo de genocidas de Ruanda, un pequeño país africano. Es sabido que, en esa tierra, la locura genocida sacrificó en un lapso brevísimo a 800.000 víctimas pertenecientes, en su gran mayoría, a la etnia de los tutsis. Imposible imaginar una despedida más horrenda del siglo XX.

En los dos casos se puede advertir el tímido desarrollo de una justicia internacional, cuyos recursos son muy diferentes según sea el contexto desde donde se la ejerce. El Tribunal de La Haya, dotado de un equipamiento de primer nivel para juzgar a Milosevic, contrasta con la penuria de los estrados judiciales de la ciudad de Arusha, en Tanzania, donde un tribunal de las Naciones Unidas no ha producido sustanciales avances para poner entre rejas a los genocidas de Ruanda.

Con estas deficiencias a la vista, los tribunales belgas (Bélgica es la antigua potencia colonial de Ruanda) tomaron cartas en el asunto y sancionaron con pena de prisión a dos monjas católicas, acusadas de complicidad en el genocidio ruandés. El fundamento de estas acciones es una ley, promulgada hace siete años, que autoriza a las cortes de justicia belgas a juzgar crímenes de lesa humanidad ocurridos en otros países.

La acusación a Milosevic en La Haya está circunscripta a la feroz limpieza étnica que tuvo lugar en Kosovo y no contempla las atrocidades cometidas en Croacia y en Bosnia. Esta manera de enfocar el problema despertó en estos días enérgicas críticas nacionalistas en Serbia, a las cuales se sumaron de inmediato opiniones coincidentes de algunos exponentes de lo que, a grandes rasgos, podría denominarse ideología de la contraglobalización.

Según esta opinión bastante difundida, dicho juicio está contaminado por el poder de las fuerzas victoriosas de la OTAN en la guerra de Kosovo y por las donaciones, condicionadas a la entrega de Milosevic, de casi 1300 millones de dólares para reparar el daño infligido por los bombardeos. La presencia del arrogante prisionero en La Haya, por consiguiente, no representa más que una prolongación, en clave comunitaria, de la razón de Estado de las potencias dominantes.

Este contrapunto entre justicia y política está en la raíz del debate actual en torno del carácter universal de los derechos humanos. Si los derechos inherentes a la persona conforman el horizonte normativo de la humanidad, ¿qué instituciones habrán de salvaguardar esos principios, a sabiendas de que los mismos pueden ser violados dentro de las fronteras nacionales por Estados que invocan una soberanía exclusiva e ilimitada?

La pregunta merece dos respuestas opuestas. Tras la brecha que abrieron los Jjuicios de Nuremberg contra los crímenes del nazismo, la primera respuesta declararía que sólo una justicia internacional independiente, guardiana fiel de los derechos y garantías de las declaraciones universales de derechos humanos, podría poner coto a la acción sanguinaria y despótica de los gobernantes que, en cualquier lugar del planeta, se colocan fuera del derecho de gentes del siglo XXI. Para esta visión cosmopolita del planeta, la soberanía externa de los Estados, al igual que su soberanía interna, debe estar celosamente limitada por una red inexpugnable de derechos individuales. De John Locke a Immanuel Kant, éste es el ideal humanitario de la libertad. Merced a este depósito de valores caros a la dignidad humana, los ex dictadores (véase si no el caso de Pinochet) ya no pueden disfrutar como antaño de los beneficios del turismo o del exilio.

La segunda respuesta se inclina decididamente en favor de una concepción realista de la política en la cual predominan a la postre los intereses nacionales de los Estados soberanos. De Maquiavelo a Carl Schmitt, ésta es la visión que proclama la primacía de la guerra sobre la paz. No es una pretendida justicia internacional la que coloca ante fiscales y jueces a Milosevic y a los responsables del genocidio de Ruanda sino el triunfo contundente de las potencias occidentales en los Balcanes y la acción del viejo colonialismo en Ruanda.

Para quienes hoy participan de esta perspectiva, la justicia internacional es la justicia de los vencedores. Entre Nuremberg y La Haya, de 1946 a 2001, la historia se repite: los débiles y los vencidos son los únicos que sufren el yugo de esta clase de justicia. Los poderosos (o los que aún conservan algún resto de las viejas glorias guerreras) son inmunes a este control: nada ha pasado, en efecto, con respecto a la guerra de represión étnica que, primero con Yeltsin y después con Putin, Rusia llevó a cabo en Chechenia.

Razones no faltan para subrayar estos fenómenos de doble estándar, tan difundidos en el juego de poderes del tablero internacional. Sin embargo, pese al impacto contaminante de la política sobre la justicia, no está de más señalar un punto muy cercano, por cierto, al viejo sentido común que nos enseñó Thomas Paine. Aun admitiendo este contexto poco claro, donde no todo refulge como desearíamos, ¿invalida acaso la buena noticia de estos juicios, el hecho de que otros crímenes permanezcan impunes o de que Serbia y Ruanda se ubiquen en rangos inferiores de la estratificación internacional? ¿O acaso los criminales son menos criminales por haber sido vencidos o gobernar países asolados por la miseria? Gracias a estos destellos de una justicia internacional todavía en pañales, por lo menos algunos genocidas no habrán de permanecer impunes. Por eso, en un plano por ahora estrecho, algún cambio se advierte en el mundo. Honor pues a la tradición de los juicios de Nuremberg.

Por Natalio Botana

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