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Juicio en ausencia: una herramienta constitucional para acabar con la impunidad
Esta semana, la justicia federal dio un paso histórico contra la impunidad: por primera vez en la historia se aplicó la ley de juicio en ausencia en un proceso penal. Fue ni más ni menos que en el caso en que se investiga el atentado a la AMIA, que lleva más de treinta años irresuelto.
Ahora, a instancias de la nueva norma promovida por el gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso de la Nación en marzo de este año (Ley 27.784), la justicia argentina podrá avanzar contra los funcionarios iraníes y libaneses apuntados como responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
La novedosa ley permite que la persecución penal avance incluso cuando los acusados se encuentran prófugos o en territorios donde no es posible su extradición.
Se trata de una legislación que impulsamos desde el Ministerio de Justicia de la Nación con la convicción de que en esta nueva Argentina ya no hay lugar para la impunidad, y menos aún para delitos de lesa humanidad y actos de terrorismo. Estos brutales crímenes no solo hieren a las víctimas directas, sino que socavan los pilares mismos del Estado de Derecho.
El juicio en ausencia no es una herramienta de excepción, sino una garantía de justicia. Está cuidadosamente delimitado a ciertos delitos de extrema gravedad, y solo puede aplicarse bajo condiciones estrictas que aseguran el respeto por el debido proceso legal: la representación obligatoria de los acusados por parte de una defensa técnica, el derecho a revisar la sentencia en caso de que el imputado se presente posteriormente ante la Justicia, y la participación activa de las víctimas y de los organismos querellantes.
Esta normativa es coherente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Países como Francia, Italia y Alemania cuentan con figuras similares, especialmente en casos donde los acusados han eludido sistemáticamente a la justicia durante décadas. La Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido la validez del juicio en ausencia cuando se garantizan los derechos fundamentales del acusado; y la ley argentina se ajusta a esos estándares.
Nuestro país tiene una deuda pendiente con la verdad y la justicia en causas de terrorismo como la voladura de la embajada de Israel, de 1992, o el atentado a la AMIA, en 1994. En ese último caso, a más de 30 años de los hechos, existen acusaciones contundentes contra ciudadanos extranjeros que han sido objeto de alertas rojas internacionales pero cuya comparecencia ha sido sistemáticamente obstruida. Esta nueva ley nos permite, por fin, impulsar el proceso penal sin quedar atados a la incomparecencia de quienes buscan eludir la acción de la justicia argentina y prolongar el sufrimiento de las víctimas.
Lo que está en juego no es solo la resolución de causas históricas, sino también el mensaje que el Estado argentino transmite hacia el futuro. No hay escape posible para quienes cometan crímenes contra la humanidad. Tenemos la obligación y el compromiso de hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para brindarle a la justicia las herramientas necesarias para perseguir, investigar y condenar estas atrocidades.
Con esta primera aplicación judicial, la ley de juicio en ausencia comienza a mostrar su potencial. El tiempo dirá cuán lejos podremos llegar, pero lo importante es que, por fin, contamos con un instrumento jurídico contundente, constitucional y respetuoso de los derechos humanos para avanzar hacia donde antes no era posible.
La impunidad ya no es opción. Y ahora, la ley nos da el camino para que tampoco sea el destino.
Vamos por más.
Ministro de Justicia de la Nación
Tipo de trabajo:
opinión
