Justicia e impuesto al juego

Causan indignación las medidas cautelares dictadas por el juez del fuero en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico en favor de diversas empresas que explotan bingos, como consecuencia del fuerte lobby que estos ejercen, impidiendo la aplicación del aumento de la alícuota del impuesto extraordinario al juego hasta tanto no haya sentencia definitiva.

Los pronunciamientos se dictaron en las causas promovidas por la cámara del sector contra el Estado nacional-AFIP. Antes de analizar puntualmente estos casos, cabe preguntarse si éticamente es correcto proteger judicialmente este negocio que se estructura sobre lo que, caracterizado como "juego", es en realidad la explotación de un vicio que impulsa a muchas personas a practicarlo compulsivamente, consumiendo dineros que deberían tener otros destinos y que, en muchos casos, genera una grave patología identificada como ludopatía. Tampoco debe ser ajeno al análisis el hecho de que los lugares de juego suelen ser tierra fértil para delitos como el lavado de dinero y el consumo de drogas, por citar solo dos.

Un ejemplo digno de imitar es el de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, que no han renovado las licencias vencidas de varios bingos bajo su jurisdicción, así como las medidas tomadas desde el inicio de su gestión por la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El aumento de la alícuota contempla un contexto económico-social en el que una actividad como el juego merece ser gravada de manera diferente a la de una actividad productiva, por lo que no es razonable que empresarios de esta tan lamentablemente expandida "industria" del juego queden en igualdad de condiciones respecto de otras actividades.

El aumento de la alícuota responde a una saludable política restrictiva de una actividad considerada socialmente dañina, equiparándola al caso de los impuestos a los cigarrillos o al alcohol, supuestos en los cuales existe un interés social y público en limitar el desarrollo de actividades nocivas para la salud.

El mencionado magistrado ha hecho lugar a las medidas cautelares que prohíben aplicar el gravamen a las empresas de juego sobre la base de que el aumento por encima del 35% -recordemos que se busca llevar la alícuota al 41,5 caería en el margen de confiscatoriedad que la Corte tiene fijado como violatorio del derecho de propiedad. Además, el juez adujo que se violaba el principio de legalidad que prohíbe delegaciones legislativas en materia de impuestos, aunque cabe tener en cuenta que esa suba fue dispuesta por ley. La interpretación del juez, que consideramos equivocada, serviría, a su juicio, para fundar el requisito de la "verosimilitud del derecho", propio de toda medida cautelar, en tanto que los demandantes fundaron el "peligro en la demora", que refiere a la imposibilidad de aguardar a la sentencia definitiva porque las empresas no podrían afrontar el aumento del impuesto durante el tiempo que dure el juicio.

Lavié Pico sostiene en sus sentencias que entre "hacer las cosas pronto, pero mal, y hacerlas bien, pero tarde, las providencias cautelares privilegian hacerlas pronto, dejando para más tarde el problema de la justicia intrínseca de la decisión". Su afirmación es parcialmente cierta y, en rigor, daría pie para resolver casi cualquier cosa merced a medidas que se pueden prolongar, con los consiguientes perjuicios que no se compensan con las cauciones reales dictadas para un negocio millonario. Más aún cuando la resolución avanza sobre aspectos no planteados por las partes.

El asunto, más allá de todas las posibles disquisiciones jurídicas y de la inocultable irritación social que agita, encierra indiscutibles ribetes políticos. Abona una prolongada contienda entre la diputada Elisa Carrió y el controvertido binguero Daniel Angelici, beneficiado con estas cuestionables medidas. Las fundadas críticas y las suspicacias que encienden estas incomprensibles prebendas con las que se incentiva el arraigado vicio del juego están por demás justificadas en un escenario donde un tercio de nuestra población está por debajo de la línea de pobreza.