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Justicia politizada en Buenos Aires
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La generalizada sospecha de que el Poder Judicial tiende a subordinarse a las exigencias y a las presiones provenientes del ámbito político configura uno de los grandes males de la vida argentina. Si no se consigue restablecer la confianza pública en la incorruptibilidad moral y profesional de los órganos que administran justicia será imposible asegurar el funcionamiento armonioso del Estado de Derecho y las instituciones republicanas.
De ahí el malestar que ha provocado la decisión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de acrecentar la influencia de los sectores políticos en la composición del Consejo de la Magistratura provincial, el organismo creado por la Constitución bonaerense para asegurar el correcto funcionamiento de la Justicia.
Una comisión integrada por representantes de los poderes políticos, de las instituciones representativas de las corporaciones judicial y profesional y del ámbito académico trabajó casi un año para elaborar el anteproyecto de la ley que deberá regular la composición y las atribuciones del consejo, y propuso que se lo integre de manera pareja y equilibrada con representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, de las asociaciones de magistrados provinciales y del Colegio de Abogados de la provincia.
De ese modo se cumpliría con lo establecido en el artículo 175, párrafo cuarto, de la Constitución bonaerense: el Consejo de la Magistratura -dice- "se compondrá, equilibradamente, con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados de la provincia".
El Poder Ejecutivo aceptó la propuesta de la comisión y envió al Senado el correspondiente proyecto de ley, respetando esa composición equilibrada. Lamentablemente, los senadores modificaron el proyecto, aumentando de cuatro a seis el número de representantes de la Legislatura, descompensando la integración del Consejo, robusteciendo la influencia del sector político y debilitando el peso relativo de los estamentos judicial y profesional.
La Cámara de Diputados rechazó la modificación y retornó al proyecto originario, pero el Senado -desafortunadamente- hizo valer su condición de cámara iniciadora y convirtió en ley su antojadiza propuesta. El resultado de ese trajinado proceso ha sido una ley que distorsiona el espíritu de la Constitución provincial, pues crea un Consejo de la Magistratura con predominante influjo del poder político.
El caso es particularmente grave, pues se ha creado un mecanismo que tiende a fortalecer la politización de la justicia y no a desalentarla. En esta columna se ha alertado muchas veces sobre la imperiosa necesidad de promover la despolitización y la profesionalización de la Justicia. Es lamentable que la Legislatura provincial se haya apartado de ese saludable objetivo y que hayan prevalecido los intereses netamente corporativos de la clase política.
Las tres entidades representativas de la corporación judicial de la provincia (el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la Federación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial) han coincidido en señalar que la ley sancionada desvirtúa el consenso alcanzado por los diferentes estamentos en la redacción del anteproyecto.
Aparte del perjuicio que se causa a las instituciones provinciales, este episodio debe ser visto como una advertencia de lo que podría ocurrir en el orden nacional. Si en la sanción de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura que habrá de intervenir en la designación de los magistrados dependientes de la Nación prevaleciesen también los intereses del sector político, se habría desaprovechado una excelente oportunidad para asegurar la despolitización y la independencia del Poder Judicial, eliminando así dos males notorios del sistema institucional argentino.
