Justicia rápida para casos sencillos

En plena luz del día, ante decenas de testigos, a una mujer le roban el celular. Un policía observa la escena, reacciona rápido, atrapa al delincuente y lo lleva a una comisaría. El delito es evidente, muy fácil de probar. O, en el lenguaje del derecho, es "flagrante".

En el sistema anterior, el delincuente era liberado automáticamente desde la comisaría, luego de una brevísima consulta judicial; para, ya en libertad, pasar por un largo proceso de prueba: citación de testigos, declaraciones, presentaciones de documentos. La duración promedio de este casos era de aproximadamente 2 años desde la comisión del hecho hasta el dictado de la sentencia.

Un proceso lento, largo y costosísimo para los ciudadanos, que generaba una enorme cantidad de papeleo y trabajo para un delito sencillo de probar. El resultado habitual era que la sanción llegaba demasiado tarde para ser eficaz. Y desde el punto de vista de la víctima, el sistema ignoraba su sufrimiento y el daño generado por el delincuente no tenía ningún tipo de reparación. La sociedad veía esto como una "puerta giratoria".

A partir del 1º de diciembre rige para este tipo de casos el nuevo proceso de flagrancia; una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso por iniciativa del gobierno nacional. Esta ley establece un procedimiento mucho más ágil para los delitos cometidos in fraganti en los que también se prohíbe la soltura desde comisaría.

De esta forma, el detenido tiene que ser llevado ante un juez dentro de las 24 horas siguientes a la detención para tener una audiencia oral y pública en la que obligatoriamente participan el fiscal, el imputado y su defensor. Si la víctima desea, puede asistir a la audiencia y ser escuchada. El juez tiene que resolver el caso en el momento con una sanción proporcional que, de ser apelada, será resuelta en un plazo máximo de 3 días.

El primer caso ingresado bajo el nuevo procedimiento fue resuelto en menos de 34 horas, mediante una audiencia oral de juicio abreviado en la que se dictó una condena de 6 meses de prisión a un acusado que había robado el estéreo de un automóvil. El imputado solicitó sustituir la pena por 790 horas de trabajo comunitario, y quedó en libertad con la condición de cumplir.

Con el nuevo procedimiento, un delito de fácil prueba es resuelto de un modo mucho más rápido. El debido proceso está garantizado, pero se realiza en tiempos acordes a la sencillez de los casos. El proceso es mucho menos costoso y burocrático. Pero su mayor fortaleza es que la víctima observa una respuesta rápida y eficaz al delito que sufrió. Así, la Justicia cobra legitimidad a los ojos de la víctima y de la sociedad.

La nueva ley de flagrancia es un paso importante en la construcción de una Justicia rápida y moderna. Una Justicia que asigna mejor sus recursos, que resuelve rápido y adecuando su respuesta a las características del delito cometido, y al hacerlo lo hace en el marco de una audiencia oral y pública que garantiza transparencia.

Es importante destacar que todas las decisiones que se toman en el proceso se realizan de forma oral. Desde los planteos de la fiscalía y la defensa, así como los recursos de apelación y las decisiones de la Cámara.

Esta reforma también es un paso importante en el camino hacia un sistema acusatorio, con fiscales que acusan y jueces que luego de escuchar a la defensa y a la víctima resuelvan en el acto.

Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Martín Casares