Kirchnerismo línea fundadora

En lo peor de la tarde del miércoles, mientras agentes y retirados de la policía bonaerense reclamaban frente a la residencia de Olivos, algunos empresarios recibieron llamadas de operadores de la Casa Rosada. Les proponían condenar públicamente la protesta, tal como estaban haciendo referentes de la oposición. Pedidos de respaldo explícito: una costumbre de gobiernos kirchneristas en momentos críticos. Pasó, por ejemplo, con la 125. Dicen que Alberto Fernández se preguntaba en esas horas cómo podía ser que cámaras y asociaciones que siempre reclaman por la república y las instituciones no dijeran absolutamente nada. Pero el hombre de negocios argentino es incrédulo. ¿Lo pedía realmente el Presidente? "A veces no hay una directiva central: a alguno se le ocurre y sale a hacer méritos frente a quien no se lo pide", dudó ante este diario un accionista al tanto de la iniciativa. El resultado de la gestión fue nulo: no hubo ni palabras ni tuits ni comunicados.

Hay vínculos que Alberto Fernández deberá recomponer. Últimamente, por lo pronto, sus convocatorias a empresarios no auguran finales felices

Hay vínculos que Alberto Fernández deberá recomponer. Últimamente, por lo pronto, sus convocatorias a empresarios no auguran finales felices. Aquella del 4 de junio a Olivos, por ejemplo, cinco días antes de que se anunciara el proyecto de expropiación de Vicentin. Delante de diez de ellos, el jefe del Estado buscó esa tarde tranquilizarlos sobre comentarios que surgían desde distintos ámbitos del Frente de Todos. "No tengo problemas con ninguna compañía privada", les dijo, cuestionó a dirigentes que escribían en Twitter "cosas que el Gobierno no piensa", e incluyó ahí con nombre y apellido a la diputada bonaerense Fernanda Vallejos, que venía de proponer en un posteo que el Estado tomara acciones de empresas que estuvieran recibiendo asistencia por la pandemia. El mensaje iba en línea con el que había dado dos días antes en la inauguración de un hospital en Pilar, citando al papa Francisco: "Dios no nos perdonaría que tengamos diferencias ante una emergencia como la que tenemos". Al lunes siguiente hizo la conferencia por Vicentin.

La otra reunión tampoco resultó auspiciosa. Fue en la celebración del 9 de Julio, con el Grupo de los Seis, 72 horas antes de que Cristina Kirchner objetara los invitados al acto posteando una columna de Alfredo Zaiat. Durante esa mañana de chocolate y churros, Alberto Fernández llamó "amigo" a Rodríguez Larreta y exhortó a poner de pie al país entre todos. "El odio y la división nos dejaron en el lugar donde nos quedamos. Me duele el odio, nos paraliza", dijo.

Aquellos malentendidos empeoraron con la intervención en el sector de las telecomunicaciones, otra primicia del Twitter de Fernanda Vallejos, pero parecen ahora insignificantes en relación con el desencuentro entre el Presidente y Rodríguez Larreta. Es cierto que los recursos de la Capital Federal han sido desde el inicio una obsesión del Frente de Todos. La primera vez que Alberto Fernández lo planteó fue en la campaña y el perjudicado resultó Matías Lammens, entonces candidato porteño, que se quejó en privado al ver que la propuesta electoral le reportaba una caída inmediata de 5 puntos en las encuestas. Y ya en el gobierno, con Cristina Kirchner y Axel Kicillof, llegaron las metonimias botánicas: el agua para los helechos y los jardines colgantes de la 9 de Julio.

Pero ese recelo primigenio hacia la Babilonia macrista, presente también en los Zoom del gobernador con intendentes durante la cuarentena, explotó esta semana con la crisis de la policía bonaerense. "Fue muy desleal: nos sentaron ahí y anunciaron lo que quisieron sin avisar", dijo un jefe comunal opositor que estuvo en Olivos y se percató ese día de otra novedad: los fondos del plan de seguridad anunciados hace dos viernes en un acto del también había participado no irán directamente a cada municipio, sino que serán administrados desde La Plata.

¿Cómo actuar en el futuro frente a estas invitaciones? En la Corte Suprema, donde ahora recaerá la fase decisiva del debate sobre la coparticipación, se jactan de haber perdido hace tiempo la ingenuidad: solo Elena Highton de Nolasco aceptó estar el 29 de julio en la Casa Rosada para el anuncio de la reforma judicial. Nada muy innovador ante un estilo que conocen bien: kirchnerismo línea fundadora. Pasó siempre. El 11 de mayo de 2004, el español Alfonso Cortina (Repsol YPF) y el brasileño Alberto Guimarães (Petrobras), que habían venido especialmente de sus países a escuchar un plan de gas, se sorprendieron en las primeras filas del Salón Blanco con un aumento en las retenciones al petróleo. Lo de Guimarães fue récord: minutos antes, ahí mismo, acababa de presentar en un Power Point las inversiones de la compañía en el gasoducto San Martín. Néstor Kirchner, el anfitrión, se había guardado el secreto incluso ante el presidente de la empresa, José Dutra, que lo había visitado dos días antes.

El regreso a ese carisma primigenio se produce sin embargo en condiciones muy distantes de las de entonces. En medio de una pandemia, con la economía desplomándose después de 9 años de estancamiento y ante una sociedad fragmentada y cansada de la cuarentena. Es entendible que los empresarios sientan desazón. Habían visto en el regreso de Alberto Fernández y el peronismo la oportunidad de volver a crecer. "¡Es otra cosa! Estos conocen la botonera de la gestión", se había esperanzado en diciembre ante este diario el lobista de un grupo nacional al salir de una reunión con funcionarios. ¿Es posible entonces que lo que esté fracasando sea precisamente la política? Peronismo sin control de la calle: la pesadilla de cualquier empresario.

Obturada toda negociación entre sectores, los conflictos se dirimen entonces en los dos únicos ámbitos posibles. En la Justicia: Vicentin, el traslado de los camaristas, las sesiones en Diputados, la intervención en las telecomunicaciones, la coparticipación y, después de la muerte de Solange Musse, las restricciones de la cuarentena en cinco provincias. Y también en la vía pública: los salarios de la policía bonaerense, la propiedad de los terrenos del conurbano y hasta una orden de prisión domiciliaria para un procesado con cuatro años de preventiva sin condena, Lázaro Báez.

La consecuencia de todo es una fragilidad que no afecta solo al Presidente. En el Instituto Patria han empezado a cuestionar también a Kicillof. Además de que la crisis policial lo tomó desprevenido, tampoco contribuye su modo de gestionar: dicen que, por desconfiado hacia otras fuerzas del Frente de Todos, no ha designado todavía a nadie en cargos menores provinciales estratégicos. Directorios de hospitales, consejos escolares o jefaturas distritales que están todavía ocupados por macristas. Justo en el kirchnerismo, que ha llenado siempre esos espacios con impronta propia.

El modo de salir de la crisis será seguramente el de siempre: hacia adelante y sin retroceder. Demasiado hostil, y hasta familiar, para que los empresarios acudan presurosos ante una simple llamada de respaldo. Con la confianza rota, hasta lo institucional tiene rasgos partidarios.