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La Argentina y la crisis de Irak
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Durante los últimos días, la situación internacional derivada de la resistencia de Irak a admitir de manera incondicional la inspección de sus arsenales por expertos de las Naciones Unidas se ha agravado, al punto que la ominosa posibilidad de que sea necesaria una acción militar contra ese país ronda insistentemente.
Los Estados Unidos están prestos para semejante contingencia y han obtenido, para afrontarla, el apoyo -con distintos grados de compromiso- de Gran Bretaña, Israel, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. En esas circunstancias, se ha conocido la decisión del presidente Menem de sumar a la Argentina al esfuerzo bélico encabezado por Washington.
Se trataría, en principio, de una intervención similar a la que le cupo a nuestro país en 1991, cuando, al llamado de las Naciones Unidas, elementos militares argentinos participaron con acciones logísticas en el operativo dispuesto para repeler la agresión de Saddam Hussein contra Kuwait. Se trató de una contribución que se mantuvo en un plano simbólico, si se la mide desde el punto de vista de la capacidad de combate efectiva que se congregó para forzar el repliegue del invasor iraquí; obviamente, el sentido de esa militancia argentina no podía ser evaluada en función de la magnitud de los medios enviados, acordes, en todo caso, con el limitado potencial de nuestro país.
Lo que la Argentina estaba demostrando era su solidaridad con unánimes exigencias de una convivencia internacional basada en el respeto a los tratados, a los pueblos y a los mandatos de las Naciones Unidas, y con los Estados occidentales que acudían con sus tropas a restablecer normas morales que no pueden ser desatendidas por ningún gobierno. Se rompía, a la vez, una tradición de aislamiento en materia de relaciones exteriores que, si en algún momento pudo ser reflejo de altiva neutralidad, con el correr del tiempo había llevado a que el país presentara una negativa imagen de indecisión y oportunismo.
Los cambios que para la actitud y la política de nuestro país significó la posición adoptada en el conflicto de 1991 son ya irreversibles, como asimismo lo es el claro alineamiento registrado entonces en favor de las naciones y los ideales rectores en Occidente, en la medida en que entrañan adhesión a la democracia como forma de organización institucionaly como sistema de vida.
En función de esas adhesiones, corresponde la nueva participación argentina en un conflicto que, en lo esencial, es una reedición del anterior. La nueva condición de aliado extra-Nato de los Estados Unidos refuerza inevitablemente los argumentos en pro de esa participación, por más que no sea ése un vínculo de específico carácter militar. Finalmente, el presunto deseo del presidente Menem de decidir esta cuestión antes de que estallen hostilidades no es, en el fondo, sino un acto de ductilidad diplomática, tendiente a impedir que el gesto sea visto como el resultado de una decisión improvisada o dictada por conveniencias coyunturales.
Es cierto que existen diferencias notorias entre el diferendo actual y el que se planteó hace siete años. En esta ocasión Irak no actúa como país agresor y ningún mandato de las Naciones Unidas ordena batallar con él. Este hecho ha instalado diversas dudas en no pocos países y los mismos Estados Unidos han adelantado que la acción preventiva que preparan no tendrá una extensión terrestre, sino que se limitará a bombardeos y a bloqueos de puertos, un poco al modo de las represalias decimonónicas.
Si en 1991 nuestro país se sumó a una decisión institucional de la UN, en este caso aparece como aliado de un determinado bloque de naciones, bajo la égida de la única superpotencia. En atención a esa diferencia, más formal que sustancial, hoy más que nunca deberían ser observados los preceptos institucionales y dar al Congreso el papel que le corresponde en el envío al extranjero de fuerzas militares.
