La caja negra de las universidades nacionales

Las universidades deberían ser centros académicos y de formación profesional comprometidos con la búsqueda de la verdad y el progreso en los distintos campos del saber. Y nadie podría objetar el crecimiento del número de instituciones universitarias nacionales en la medida en que obedezcan a genuinas necesidades de capacitación en distintas regiones del país. Pero, lamentablemente, cuando detrás del florecimiento de estas casas de altos estudios prevalecen motivaciones ideológicas, económicas y/o políticas por encima de las académicas, la desnaturalización se torna evidente: los supuestos centros de excelencia se convierten en meros espacios de poder donde anida la corrupción. Es lo que ha ocurrido con buena parte de las universidades nacionales creadas durante la era kirchnerista y utilizadas como auténticas cajas negras para el financiamiento político o de otra clase de negociados. Amparándose en la autarquía, muchas aprovecharon para no rendir cuentas claras.

El inicio de esta oscura historia debe situarse en el año 2004, con el dictado de un decreto de necesidad y urgencia del entonces presidente Néstor Kirchner, que reformó el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional. Su propósito era facilitar la contratación directa por parte del Estado de servicios con las universidades nacionales.

El paso siguiente fue la conversión de muchas universidades nacionales, entre ellas, varias creadas en los últimos años, en un nuevo botín político. No fue casual que al frente de ellas, especialmente en el Gran Buenos Aires, quedara un buen número de dirigentes o militantes políticos kirchneristas, que en muchos casos no poseen los antecedentes académicos que deberían exigírsele a un rector.

Al frente de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) se encuentra el ingeniero Jorge Calzoni, quien no ha dudado en definirse como "un rector militante", cuyo jefe político es el intendente de esa ciudad, el ultracristinista Jorge Ferraresi.

La Universidad Nacional de José C. Paz es dirigida por Federico Thea, un abogado nombrado rector a los 32 años, que fue mano derecha de Axel Kicillof en el área legal y técnica del Ministerio de Economía. Fue cuestionado por haber armado en un trámite exprés el plantel de profesores de esa casa de estudios y por haber nombrado docentes a varios miembros del equipo de Kicillof.

La Universidad de General Sarmiento es uno de los focos de resistencia del kirchnerismo, a través de su rectora, Gabriela Diker, una académica estrechamente vinculada con Cristina Kirchner y con su antecesor en el rectorado, Eduardo Rinesi, quien fue director de la ya disuelta Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

A mediados de 2015, la Afsca firmó con la Universidad Nacional de General Sarmiento un convenio marco de cooperación en comunicación audiovisual por 5.187.000 pesos. El objeto del acuerdo era "desarrollar un plan de trabajo a través de un programa de formación en comunicación popular para responsables y referentes de la comunicación en organizaciones sociales", destinado a promover "la comunicación popular". El convenio fue suscripto a instancias del ex rector de esa casa de estudios, Rinesi, quien pasó a ocupar un cargo en el directorio de la Afsca. La iniciativa no llegó a concretarse y, al producirse el cambio de gobierno, los fondos girados fueron devueltos al Estado. Al menos otras cuatro casas de estudios nacionales firmaron convenios económicos con la ex Afsca; entre ellas, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, cuya decana es la cuestionada dirigente kirchnerista Florencia Saintout; esta universidad recibió unos 2,9 millones de pesos para desarrollar un programa de formación en comunicación popular denominado "Ellas hacen, ellas dicen".

Los oscuros negocios entre distintas áreas del gobierno nacional, durante el kirchnerismo, y varias universidades nacionales han sido objeto de numerosos comentarios, al tiempo que este año el fiscal Guillermo Marijuan inició una pesquisa preliminar sobre algunos de esos millonarios convenios.

Dentro de ellos se encuentra uno que, a fines de 2014, permitió canalizar desde el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido, unos 214 millones de pesos a la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la contratación de artistas. También se investigan cuantiosos giros de fondos a otras universidades nacionales, como la de Hurlingham, creada en 2014 y dirigida por el ex secretario de Educación kirchnerista Jaime Perczyk; la de San Martín y la de La Matanza. Se debe determinar si hubo desvíos de fondos por obras inexistentes, subejecutadas o sobrevaluadas.

La cesantía de algunos empleados públicos en los primeros meses de la gestión del presidente Mauricio Macri puso además de manifiesto que estas personas cobraban a través de la presentación de facturas a universidades del conurbano, lo cual disimulaba que su verdadero empleador era el Estado.

Moneda corriente eran las triangulaciones del Ministerio de Planificación con distintas universidades, con el supuesto propósito de que éstas efectuaran trabajos para los cuales generalmente terminaban subcontratando empresas amigas de funcionarios por montos millonarios.

Las irregularidades durante la era kirchnerista no terminarían allí. Ocurre que en los últimos años, las unidades académicas vinculadas al por entonces partido gobernante vieron crecer su presupuesto en una forma desproporcionada respecto de otras universidades nacionales tradicionales, como la UBA. Y lo más lamentable es que buena parte de esos fondos públicos habrían sido empleados como fuente de financiamiento de la política y no de la siempre postergada calidad académica.