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La Cancillería no debe ser un botín
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De acuerdo con informaciones periodísticas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha decidido formular una modificación a la ley 20.957, que regula el servicio exterior de la Nación. Ningún gobierno desde su aprobación la derogó ni la reemplazó por otra, ya que es un instrumento útil.
Debemos recordar que todos los Estados, sean gobernados por progresistas, conservadores, de izquierda o de derecha, han avanzado hacia la profesionalización de sus servicios exteriores, adaptándolos a los tiempos que corren, dotándolos de profesionales capaces, que ingresan por concursos públicos.
La cultura política global ha construido un cuerpo de profesionales que, más allá de los cambios políticos, se mantiene por el nivel de conocimiento que posee de los organismos internacionales, del funcionamiento de las representaciones en el exterior y del manejo administrativo en general. El servicio exterior es una herramienta indispensable para desarrollar políticas de Estado.
Los diplomáticos no deciden ni deben hacerlo; deben elevar sus propuestas y luego es el poder político el que debe decidir los caminos a seguir. Pero se debe escuchar a los que saben y no reemplazarlos por amigos de una ignorancia supina acerca de cómo funcionan las relaciones exteriores. A causa de esto, la actual diplomacia argentina ha cometido errores inadmisibles, como impulsar el acuerdo ominoso y perjudicial con Irán, o modificar en 15 días el voto argentino en las Naciones Unidas sobre la secesión de Crimea, votando de una forma en el Consejo de Seguridad y de otra en la Asamblea General, o pelearse con la mayoría de los gobiernos del mundo occidental.
Resulta inadmisible, como ocurre hoy, que funcionarios autodenominados "cuadros político-técnicos" tomen por asalto los cargos que deberían ocupar los diplomáticos de carrera, que estudiaron e ingresaron a la Cancillería por concurso público.
En cierto sentido, a la Cancillería se la ha tomado como los piratas toman a los barcos, al abordaje, para quedarse con ese botín de guerra, repartiéndose funciones, ocupaciones y dinero público. Los actuales funcionarios, desde la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, han llegado a ocupar secretarías y subsecretarías sin el menor antecedente, o con antecedentes en alguna municipalidad o en alguna facultad del Gran Buenos Aires. Esto no es serio y perjudica a la Argentina.
Evidentemente, el propósito de modificar la ley del servicio exterior es "institucionalizar" a ese grupúsculo y dejarlo instalado en un ámbito del poder. La porción del Partido Justicialista denominada La Cámpora es la que maneja toda el área económica del Ministerio de Relaciones Exteriores a su arbitrio, y si bien podía ser desconocida por la jefa de Estado de Chile, Michelle Bachelet, es bien conocida por los ciudadanos que saben de los inmensos subsidios que recibe Aerolíneas Argentinas o escuchan los discursos de algunos de sus dirigentes en el Congreso cuando agreden o calumnian a otro partido político, o simplemente ven cómo se maneja discrecionalmente al Ministerio de Economía.
En ese marco parece imperativo que todos los candidatos presidenciales lleguen a un acuerdo para que, gane quien gane las elecciones, se lleve adelante una política de Estado distinta para la Cancillería, que privilegie a los profesionales y no a quienes utilizan al servicio exterior para promocionarse políticamente.
La clase dirigente argentina que permanentemente elogia la eficiencia de Itamaraty, la cancillería brasileña, debería recordar que las cancillerías eficientes son aquellas que están conducidas por personas que saben, no por improvisados, donde todos los embajadores son de carrera o de prestigio indiscutido.
La Argentina tuvo en el recientemente fallecido embajador Carlos Ortiz de Rosas a un postulante a la Secretaría de las Naciones Unidas (no lo fue por el veto soviético); al canciller Dante Caputo, como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988; a Alejandro Orfila, como secretario de la OEA en 1974, y a varios subsecretarios, representantes y altos comisionados de las Naciones Unidas, el canciller Carlos Saavedra Lamas obtuvo además un Premio Nobel de la Paz.
Después de más de 30 años de democracia, es necesario seguir la senda del profesionalismo e impedir que esta destrucción sistemática del servicio exterior no quede plasmada en una nueva ley que nos lleve a tiempo pretéritos, cuando sólo los amigos del poder de turno eran diplomáticos.
El autor, embajador, fue representante ante la ONU y embajador en Canadá y China
