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La Celac en la Cuba de los Castro
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Desde fines de enero de 2013, Cuba quedó al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un organismo cuya creación fue impulcsada por Hugo Chávez como alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), este último también integrado por los Estados Unidos y Canadá. Podría sonar simplista afirmar que la Celac es la versión subdesarrollada de la OEA. ¿Pero cómo tomar en serio a un organismo que estableció una cláusula democrática y termina siendo presidido por una dictadura? Algo similar resultaría impensable en la Unión Europea (UE) y de hecho fueron principalmente los países del Viejo Continente los que formularon las recomendaciones más categóricas a Cuba durante su Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 1° de mayo de 2013, en Ginebra.
Por ejemplo, Alemania le recomendó a Cuba "abstenerse de todas las formas de hostigamiento, intimidación y detención arbitraria de activistas en favor de los derechos humanos"; Holanda le pidió "poner fin a la represión, investigar actos de repudio y proteger a todas las personas que sean víctimas de intimidación o violencia"; Francia le solicitó "garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores políticos"; y España le reclamó "respetar la libertad de expresión, asociación y reunión, y reconocer personalidad jurídica a las asociaciones de derechos humanos mediante un sistema de registro oficial inclusivo".
En esa oportunidad, salvo Chile, ningún país latinoamericano expresó en Ginebra una recomendación a Cuba en línea con las formuladas por los países de la UE y otras democracias desarrolladas, como Suiza, Australia y Canadá.
Por eso no resulta extraño que, en su momento, ningún gobierno latinoamericano haya cuestionado en Caracas (2011) la incorporación de Cuba a la Celac y tampoco observado en Santiago de Chile (2013) la increíble contradicción de que un país gobernado por un régimen de partido único, al quedar a cargo de la presidencia pro tempore del organismo, sea el que tenga que intervenir en caso de ruptura del orden constitucional en un Estado miembro.
En la Cláusula Democrática de la Celac, suscripta el 3 de diciembre de 2011 en Caracas, se dice reafirmar el respeto al Estado de Derecho, la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y a las autoridades legítimamente constituidas como expresión de la voluntad soberana de los pueblos. Además de todos los cuestionamientos en materia de derechos humanos que se le formulan a Cuba, si hay algo muy claro es que de un régimen de partido único no pueden surgir autoridades legítimas desde la perspectiva democrática. Por lo tanto, existe una responsabilidad moral e institucional de los Estados miembros de la Celac en legitimar al régimen militar de los hermanos Castro y negarle al pueblo cubano sus aspiraciones democráticas.
Asimismo, la igualdad de trato que se le brinda a la dictadura cubana desmerece a los gobernantes latinoamericanos surgidos en elecciones libres y competitivas. En todos los países que integran la Celac –menos Cuba– para convertirse en jefe de Estado como mínimo hay que ganar una elección general ante uno o más candidatos de otro partido. En algunos casos, los aspirantes presidenciales tienen que imponerse primero en una votación interna o primaria, luego alcanzar un determinado porcentaje de votos en la elección general ante uno o más partidos y finalmente triunfar en un ballotage, como sucedió recientemente en Chile con Michelle Bachelet.
Sin embargo, el régimen cubano sostiene que es democrático, pero no caben dudas de que la forma en la que Raúl Castro llegó a ser jefe de Estado –y antes su hermano Fidel– careció de la competencia electoral que caracteriza a una genuina democracia. Con independencia de la natural diversidad de modelos democráticos, todos tienen en común el respeto a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, en especial las establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el régimen cubano viola expresamente.
De todo esto se pretenderá reflexionar, nada menos que en La Habana, el próximo 28 de enero, durante el II Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos que organiza el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con base en Buenos Aires, con el coauspicio local del Arco Progresista, Nuevo País y el Comité Ciudadano por la Integración Racial, con el título "La declaración especial de defensa de la democracia de la Celac y su incompatibilidad con el sistema de partido único de Cuba".
Este encuentro se realizará en el contexto de la Cumbre de la Celac que durante esos días se realizará en La Habana y que tendrá a su dictadura como anfitriona de los jefes de Estado y gobierno de los países latinoamericanos. Tanto la seguridad personal de los asistentes, como la garantía al derecho humano universal a la libertad de reunión y expresión durante el Foro convocado por Cadal y sus contrapartes cubanas, serán también responsabilidad de todos los Estados miembros de la Celac, incluida la Argentina, con su declamado liderazgo internacional en la defensa de los derechos humanos.
© LA NACION
Gabriel Salvia y Manuel Cuesta Morúa
