
La ciudad más pobre Sobrevivir en Concordia
La localidad entrerriana es considerada por el Indec como la más golpeada por la pobreza. Paradójicamente, se encuentra en una de las provincias más ricas de la Argentina. Una de las contradicciones típicas de la crisis
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A los pueblos que habitan montañas, hielos, desiertos de arena, a los que sufren guerras o fallas sísmicas, los sorprenderán las contradicciones de esta comarca abundante en agua y suelos fértiles. La riqueza agraria, ganadera, forestal y frutal es mucha. No faltan las fábricas, las instituciones poderosas, las obras faraónicas. Sin embargo, ocho de cada diez habitantes de Concordia son pobres. Más de la mitad, indigentes.
¿Cómo es esta ciudad entrerriana que, según un relevamiento del Indec, es la más pobre del país? La respuesta puede buscarse en los carritos de cirujas con tracción a sangre que se ven en la orilla del arroyo Yuquerí o en el hacinamiento de las familias que levantaron sus ranchos de un ambiente con desechos de eucalipto. También en el vaho del arroyo Manzores, un monumento a la contaminación que serpentea por la ciudad, y en el hábito creciente de resolver los pleitos a cuchilladas y a balazos. O en la prostitución y travestismo en el acceso noroeste de la ruta 4.
Las estadísticas revelan un 18 por ciento de desocupación y otro tanto de subocupación. Esa miseria se nota, pero sería aun mayor si, como admiten los vecinos, la ciudad no se sostuviera en la economía informal, el trabajo en negro. Pasteleros, verduleros, zafreros, maestros particulares, lecheros, locutores de FM, pintores, fotógrafos sociales, fleteros, tapiceros, mecánicos, albañiles, son todos oficios dignos no registrados.
La miseria, sin embargo, no se agota en lo económico. También es posible verla en la política. Concordia es una ciudad quebrada y atomizada. Una sociedad sin contrato, en la que sus principales dirigentes políticos se enriquecieron durante 20 años de manera inversamente proporcional al empobrecimiento de los ciudadanos que en teoría representan.
San Antonio de Padua de la Concordia, tal su nombre completo, tiene orígenes jesuíticos y guaraníes que se remontan a dos siglos y medio, aunque sólo fue fundada por decreto en 1832. Esa fundación clausuró una serie de luchas intestinas de los panzaverde -de allí su nombre- y hasta 1970 en sus calles lucían el progreso y el bienestar.
Naranjas importadas
Concordia fue el centro de la vida del ferrocarril que en Entre Ríos llegó a emplear a 7000 personas en 100 estaciones. Hoy la concesionaria brasileña a su cargo no brinda servicio de pasajeros y mantiene apenas 200 empleados en dos estaciones para facilitar el transporte de las cargas que van de Brasil a Chile.
Fue y es Capital Nacional de la Citricultura, una actividad tradicionalmente generadora de empleo (en tiempos normales había un operario cada tres hectáreas) y que ofrecía a los ciudadanos sin estudios un lugar en la poda, en la zafra y en las cargas. La fruta fue el eje del crecimiento económico hasta que en los últimos años cayó víctima de los desfases de la convertibilidad: en la misma zona donde los zafreros llegaron a cosechar 400.000 toneladas de naranjas, la mitad de toda la producción argentina, las góndolas del hipermercado local exhibían para la venta naranjas de Israel...
Se arruinaron las fábricas de jugo, entraron en crisis los aserraderos que proveían los cajones de embalaje, se diluyó el negocio de la forestación. Cinco de los principales supermercados locales fueron absorbidos por una sola multinacional. La suma de los puestos perdidos, aquí y allá, uno tras otro, es concluyente. Lo único que verdaderamente creció fue el asistencialismo social, en el que algunos supieron descubrir otra clase de negocio: el electoral. Al derrumbe económico se sumó el moral. La codicia de los políticos se extendió a rincones hasta entonces insospechados, como los gremios, proveedores, medios de prensa, clubes...
Pero Concordia es también reflejo de la provincia en la que se encuentra: Entre Ríos.
Antes del default argentino, a la actual gestión radical de Sergio Montiel le cortaron cualquier financiamiento. Se topó entonces con vencimientos abultados en el cortísimo plazo, y con documentos firmados por los sucesivos gobernantes que permitían a los acreedores cobrarse directamente de la coparticipación federal de impuestos, sin límites. Así, necesitaba 60 millones sólo para la masa salarial, y le entraban 15. De esa manera se atrasó, recurrió a los bonos, el peso se devaluó, los bonos se depreciaron más aun. Y lo que estaba circunscripto a los trabajadores públicos se extendió al comercio, a las empresas y a los empleados privados. Los bonos se concentran en los problemas inmediatos: los sueldos, los servicios sanitarios y educativos.
Las deudas provinciales, potenciadas por la devaluación, superan los 2000 millones de pesos. Cada entrerriano debe, sólo por esto, 2000 pesos.
Con este panorama nada alentador, Entre Ríos se transformó en la provincia argentina que más habitantes expulsa de su seno. Sus récords sucesivos de producción agropecuaria (220 por ciento más de soja en cuatro años) son buenas noticias repetidas, pero no van acompañados de un aumento en el empleo. Por el contrario, la planta de productores bajó en 14 años de 27.000 a 20.000.
Sin desarrollo
Sus servicios de gas, electricidad, comercio exterior, teléfonos, dragado y ferrocarriles, más sus principales obras públicas y la provisión de insumos del agro, todo en manos de multinacionales, no produjeron el desarrollo social que algunos esperaban.
Tampoco colaboró con ello la transferencia de las explotaciones agropecuarias de productores a gremialistas y políticos, y menos aún la concentración de explotaciones no intensivas (ganadería, soja) sin actividades complementarias que movilizaran la economía. Las expectativas en torno del turismo, algunas exportaciones crecientes (pollos, citrus, miel) y la radicacion de fábricas en los parques industriales matizan el panorama.
La provincia y los municipios no cobran ingresos brutos a la actividad primaria, y tampoco reciben coparticipación por las retenciones a las exportaciones, de manera que las superproducciones inciden poco y nada en el erario local. Por eso el oficialismo y sectores privados opositores reunidos en una multisectorial reclaman a la Nación una deuda de 450 millones de pesos, cuya cancelación, consideran, aliviaría las tensiones.
Lo nacional, potenciado por lo provincial, potenciado por lo local, hace entonces que las causas de la pobreza en Concordia sean múltiples y variadas.
El actual intendente de Concordia, Hernán Orduna, enumera otra de las causas a nivel local: "Cuando asumimos (en 1999) había decisiones tomadas en los últimos meses que llevaban el gasto de personal en el año 2000 a 24 millones de pesos, y los ingresos totales del municipio en ese año, por todo concepto, estaban en los 26 millones de pesos. Era una barbaridad".
¿Malversaciones?
La mayor parte de los aportes del Tesoro Nacional que llegaban a Entre Ríos, muchos de ellos investigados hoy por presunta malversación, terminaban licuándose en el barril sin fondo de Concordia.
Justicialista como todos los que lo precedieron en el puesto, Orduna optó por una gestión austera, de fuerte lucha contra la evasión, y los resultados son alentadores en las cuentas públicas. Ya puede pagar sueldos con recursos propios. Pero le faltó actitud conciliadora con el resto de los actores sociales.
A esto, además de los conflictos provinciales, debe sumársele la demora del gobierno de Eduardo Duhalde en pagar una deuda de 102 millones de pesos con la zona, que corresponden por los excedentes de la represa hidroeléctrica de Salto Grande (deja medio millón de pesos diarios al país), mientras envía bolsas de alimentos y hospitales móviles bien promocionados.
Las pasiones se recalentarán pronto. Se avecinan las internas, las generales, y la ciudad será la primera en encender los motores como trampolín que es de su dirigente político más poderoso, Jorge Busti. En los últimos 18 años fue dos veces intendente de la ciudad (1983-87 y 1991-95), dos veces gobernador (1987-91 y 1995-99), diputado nacional y senador nacional.
En un segundo plano, se encuentra el ex senador nacional Augusto Alasino, radicado también en Concordia, que siempre fue aliado de Busti y por eso preside el Partido Justicialista provincial, pero que este año competirá con él por la gobernación.
Pacto de impunidad
Para el fiscal provincial de Investigaciones Administrativas, el también concordiense Oscar Rovira, los peronistas, los radicales en el gobierno provincial y la Legislatura, e incluso las autoridades del Poder Judicial son "la troupe de Titanes en el Ring... Se golpean, se injurian, se escupen, se destruyen, pero comparten, siempre comparten".
Sus denuncias por presuntos hechos de corrupción millonarios, tomadas muchas de investigaciones periodísticas que involucran a varios dirigentes entrerrianos, pero particularmente a dirigentes de Concordia, no echan a andar en la Justicia. Rovira piensa que en la provincia los comandos radicales y peronistas cumplen, junto a los jueces, un pacto de impunidad.
La realidad lo corrobora con el pago de 50.000 cajas de alimento jamás distribuidas (una causa que ya prescribió), con la recepción de fondos nacionales para planes de viviendas invisibles, la distribución de subsidios que nunca llegaron a sus beneficiarios, los gastos para campañas contra el sida desviados a las arcas de un partido político...
Pero si la madre de todas las desgracias es la desocupación, y la gestión política no ayuda a reducirla, en la calle la debacle económica se mide en indigencia y distintas formas de violencia.
Enganchados
Cintia Beatriz Fernández, de 6 años, por ejemplo, murió electrocutada en su casa de la calle Yamandú Rodríguez la semana última. Buena parte de la población se engancha, como puede, de los cables, y ese cable se peló en el portón de hierro. Los directivos de la cooperativa eléctrica local revelaron a LA NACION que desde hace 10 años las pérdidas de energía tocan el 22 por ciento, pero que hoy superan el 29 por ciento. De diez familias, tres están colgadas.
El hambre, sin embargo, parece encontrar mayor atención.
Con 126 comedores gratuitos el Estado contiene, mínimamente, a los grupos marginales entre los 137.000 habitantes. Casi todos los planes sociales (para desnutridos, familias, jefes de hogar o alimentarios) son más intensos en Concordia que en cualquier otra ciudad de la provincia. Hace dos semanas, la coordinadora de Políticas Sociales de la Nación, Hilda de Duhalde, lanzó el Programa Vida, que atenderá con alimentos a 18.700 personas (niños, ancianos, embarazadas), a través de 347 manzaneras, en un modelo que no repara en la superposición del padrón de los beneficiarios con los ya existentes. Hay familias que reciben dos, tres, incluso más programas sociales y aun así permanecen bajo la línea de indigencia.
Si a los 150 pesos del plan Jefes y los 25 del plan Alimentario se suman dos bolsones de los planes Vida y de Atención a desnutridos, más una ración en el comedor comunitario de la esquina y una beca estudiantil de 40 bonos federales para el hijo mayor, todo ello habrá satisfecho a medias las necesidades en materia de salud, educación, vivienda, energía eléctrica, gas natural, vestimenta, transporte. Sin embargo, esto no alcanza.
"Será Entre Ríos la mejor provincia de esta América", vaticinó hace 220 años, a la par que fundaba pueblos en la zona, el nicaragüense Tomás de Rocamora. Pero advirtió al mismo tiempo que debían contenerse "los desmedidos deseos de algunos pocos para que encuentre acomodo el pobre vecino."
Fue premonitorio. Las desmesuras no fueron contenidas.





