1
La clave es el empleo y los emprendedores
Desde hace décadas, la Argentina atraviesa crisis económicas recurrentes y un marcado retroceso en su prosperidad. Según datos del Banco Mundial, nuestro país es uno de los que menos creció en comparación con 190 naciones. Esa caída sostenida obliga a preguntarnos por qué algunas economías prosperan mientras otras permanecen estancadas.
De hecho, durante mucho tiempo la inquietud acerca del desarrollo de las naciones fue la base de las reflexiones de economistas de renombre -incluidos premios Nobel y el profesor de economistas, Paul Samuelson- sin una respuesta clara. No obstante, en los últimos años comenzaron a aparecer respuestas más concretas: el desarrollo está vinculado al empleo y al rol de los emprendedores en la creación de procesos de innovación. Así, cuando estos actores son desincentivados por la legislación o por el clima económico, el resultado suele ser el estancamiento.
Esta verdad es evidente a pesar de que muchas veces sigue siendo ignorado por gobernantes, políticos, legisladores y economistas. No hace más que analizar algunas de nuestras legislaciones como la Ley de Contrato de Trabajo y sus cláusulas indemnizatorias -en particular el artículo 256 que permite reclamos durante dos años- han dado lugar a lo que muchos denominan la “mafia de los juicios laborales”. Sin dudas, ese esquema debería ser revisado para permitir reclamos dentro de plazos más razonables, como ocurre en el sistema del Fondo de Cese Laboral de la industria de la construcción.
Ahora bien, es claro que con las recientes reformas a las leyes laborales estamos mejor que antes, pero todavía no es suficiente para alcanzar el desarrollo económico. En este sentido, cabría recordarle al presidente Javier Milei que presidentes como Carlos Menem y Mauricio Macri tampoco lograron transformar al país porque ignoraron el papel central del empleo en el desarrollo.
Así, cuando se ataca o se desincentiva a quienes generan trabajo las consecuencias son previsibles: desempleo, bajos salarios, pobreza, escasa creación de riqueza, pocas inversiones, menor creación de empresas y problemas sociales.
Un ejemplo claro es el caso de Puerto Rico. En 2016 el Congreso de los Estados Unidos creó una junta de expertos economistas para analizar por qué este Estado asociado permanecía estancado en comparación con los estados continentales. En 2017 esa comisión concluyó que Puerto Rico debía implementar cambios para restaurar el crecimiento económico: liberalizar el mercado laboral, reducir impuestos, bajar costos energéticos y simplificar regulaciones para atraer inversiones y crear empleo. Los expertos señalaron también que una de las principales diferencias con los estados continentales era su legislación laboral y recomendaron aproximarla a la de Estados Unidos, donde los trabajadores son protegidos principalmente mediante seguros de desempleo.
Algo similar ocurre en la Argentina. Las leyes laborales muchas veces terminan desincentivando la contratación. Mientras tanto, algunos sectores sindicales sostienen que estas normas son conquistas irrenunciables de los trabajadores, aunque en la práctica muchas veces terminan beneficiando a quienes viven de los juicios laborales.
En nuestro país existe, sin embargo, un ejemplo de sistema eficiente: el Fondo de Cese Laboral (FCL) de la industria de la construcción, que protege a los trabajadores de ese sector. Si un sistema similar se extendiera a otros ámbitos, podría estimular la contratación de más personas. También contamos con la Ley de Seguro de Desempleo, que podría cumplir un rol central en la protección de los trabajadores si reemplazara los actuales esquemas indemnizatorios.
Por otro lado, hay que ver qué ocurre en el mundo donde muchos países desarrollados ya utilizan este tipo de sistemas. Estados Unidos, Corea del Sur, Dinamarca, Japón, Alemania, Australia y Singapur protegen a los trabajadores mediante seguros sociales. También lo hacen países de la región como Panamá, Perú y Brasil, protegidos mediante FCL.
De todos ellos, el caso de Brasil resulta ilustrativo. Tras la Segunda Guerra Mundial era un país pobre exportador de productos primarios. Hoy es una de las mayores economías del mundo y en las últimas décadas logró sacar de la pobreza a decenas de millones de personas. Esto se debe a que los países prósperos comprenden que el desarrollo económico y la protección social no son conceptos opuestos. En esa dirección, ya el papa Juan Pablo II había llamado a “superar la confrontación por la Justicia Social en favor de los trabajadores, pero no en contra de los demás”.
En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que las políticas de protección social cumplen un papel clave para reducir la pobreza y promover un crecimiento inclusivo. También las Naciones Unidas establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho de toda persona a la seguridad social y a la protección frente al desempleo.
Por eso, uno de los cambios más importantes que necesita la Argentina es construir un clima favorable a los negocios que, a su vez, mejore la vida de la población. Cuando exista ese clima se producirán inversiones, se crearán nuevas empresas -principalmente pymes- y se generarán millones de empleos, con mejores sueldos, que, a su vez, aumentarán los ingresos fiscales, sin inflación. Es de esperar entonces que entraremos al club de los países con alto PBI per cápita, salarios de tres a siete veces a los actuales, baja desocupación y un bienestar generalizado.
Así, la Argentina volverá a ser uno de los países más ricos del mundo, como lo fue cien años atrás, con su población con mayores ingresos y bienestar, crecimiento superior a las mejores tasas chinas y un PBI per Cápita, inclusive, como el de los EE.UU.
Empresario, autor del libro Pleno empleo
Más leídas de Opinión
