La coartada como política de Estado: una ética de baja intensidad en la vida pública
Es evidente que la vara se ha ido corriendo; de “el que las hace las paga” se ha pasado a una doctrina antagónica: “a los nuestros se los banca”
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LA NACIONLuciano Román
Si hubiera que armar una nube de palabras que describiera la realidad argentina de estos días, los siguientes vocablos y expresiones aparecerían muy destacados: testaferros, prestamistas, pagos en negro, evasión, empresas fantasma, facturas posdatadas, omisión de bienes y desvíos de fondos. Son “nubes” que atraviesan, por lo menos, a la AFA, a sindicatos y al Gobierno, pero que tal vez dibujen los contornos de algo más profundo: una especie de moral difusa en nuestra vida pública, en la que los límites éticos se hacen cada vez más laxos y donde tienden a naturalizarse, y contagiarse, conductas difíciles de explicar, que por lo menos juegan al fleje de la legalidad y que contradicen la supuesta “tolerancia cero” a las corruptelas, las avivadas y los privilegios del poder.
Hace apenas unos años, en esas nubes de palabras cabían otros conceptos, directamente asociados a la megacorrupción: bolsos, valijas, bóvedas, ruta del dinero, cuadernos, hoteles, lavado y financieras clandestinas. Fue un diccionario que definió una época en la que el discurso político se disfrazaba de ideologismo y de épica mientras, detrás del cortinado, funcionaba un sistema de sobornos y negocios ilegales en la cima del poder. Pero eso empieza a ser historia. Ahora se impone una pregunta más actual: ¿cuál es el clima de la moral pública que empieza a definir este tiempo de la Argentina?
Es evidente que la vara se ha ido corriendo. De “el que las hace las paga” se ha pasado a una doctrina antagónica: “a los nuestros se los banca”. Pero hay que repasar un tramo de la conversación que la semana pasada mantuvo el Presidente con dos simpatizantes de su gobierno contratados por la TV Pública para encontrar, quizá, la definición más clara y más rotunda sobre los parámetros éticos que convalida el oficialismo.
Cuando en esa charla se mencionó el otorgamiento de abultados créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del Gobierno, el Presidente lo justificó de esta manera: “Haber tomado ese crédito, ¿mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. ¿Violaron la propiedad privada? Tampoco. ¿Entonces cuál es el problema si lo tomaste a la tasa de mercado?”. La frase es muy reveladora, y tal vez haya pasado injustamente desapercibida. Nos dice, de una manera descarnada, que la moral política se agota en no cometer delitos penales graves. Todo lo demás –los conflictos de intereses, el aprovechamiento de posiciones de poder, el presunto enriquecimiento, la opacidad, el uso de información privilegiada– entra en una “zona permitida”, donde no cabe ni siquiera el juicio moral.
La doctrina fijada por el Presidente no solo parecería explicar una especie de defensa corporativa de su propio gobierno, sino la posición del Poder Ejecutivo frente a otros escándalos que contaminan la atmósfera de la Argentina. La decisión oficial de no inspeccionar las cuentas de la AFA ni impulsar las investigaciones sobre Chiqui Tapia y Toviggino quedó en evidencia la semana pasada con la renuncia del veedor que había designado el Ministerio de Justicia. Se fue por algo muy obvio: ya no había interés en que hiciera su trabajo.
Otro dato que rima con el anterior: el Gobierno no dijo una sola palabra sobre el escándalo en el gremio de camioneros, donde –según reveló una investigación de Nicolás Balinotti en LA NACION– se han desviado recursos de los afiliados hacia un conglomerado de empresas de la esposa de Moyano. Las pruebas quedaron a la vista, pero el Gobierno no mostró el mínimo interés en que se investigue ni tampoco dijo una palabra sobre semejante maniobra.
Todo parecería sugerir que asistimos a una redefinición del umbral de lo tolerable en el manejo de los asuntos públicos. Ese umbral se fija en el Código Penal, y no en la ética republicana. De ahí nace un interrogante básico: ¿alcanza con no matar a nadie para ejercer una función de manera confiable y honorable? Es cierto que la honorabilidad hoy suena a concepto anacrónico, pero ¿es suficiente no tener una condena penal para ejercer un cargo público o asumir un mandato representativo?
El espíritu dominante tiende a diluir un principio esencial: el de la obligación moral. “Si no me lo exige la ley, no estoy obligado a hacerlo; si no es delito, no está mal; si las explicaciones no me las pide un juez, no tengo por qué darlas”. Estas ideas, enarboladas desde el poder, marcan el tono moral de la época en la esfera pública.
Se habilitan, entonces, las justificaciones más absurdas. Hay que reparar, por ejemplo, en las declaraciones de María Gabriela Flores, una diputada libertaria por Salta que reconoció abiertamente que utilizó pasajes oficiales del Congreso para que su hijo, que estudia en Buenos Aires, vaya y venga en avión desde su provincia. “No es un delito”, se defendió la legisladora, amparándose en la doctrina del “no mató a nadie”. Suponiendo que no lo fuera, ¿y la ley de ética pública?; ¿y el sentido de la austeridad?; ¿y la obligación moral ante los ciudadanos? Todas parecen preguntas que desentonan con el clima moral oficializado por el poder.
Subyace, en esta concepción, una resistencia a aceptar las obligaciones y las restricciones que implica la función pública. Para el ciudadano común rige un fundamento básico del ordenamiento jurídico liberal: “Todo lo que no está prohibido está permitido”. Es una barrera que protege al individuo contra la arbitrariedad del Estado. Pero ante el poder público, ese principio se invierte: “Lo que no está expresamente permitido está prohibido”. Se trata, en ese caso, de poner un límite a los abusos de poder.
El funcionario, por su propia investidura, tiene mayores obligaciones que el ciudadano común. Por eso se restringe la esfera de su privacidad y está obligado, entre otras cosas, a dar explicaciones sobre su patrimonio, sus gastos y su vida personal. El hombre público no solo debe abstenerse de delinquir: debe responder ante la sociedad por cada decisión, cada beneficio y cada conflicto de intereses.
Si hay un patrón que se repite en este gobierno, es el de desafiar ese principio básico que indica que, a mayor responsabilidad, mayor obligación. Se vio, sin ir más lejos, en el vidrioso caso $LIBRA, cuando el Presidente argumentó, en el inicio del escándalo, que había promovido aquella criptomoneda desde su cuenta “personal” de X, como si eso lo ubicara por afuera de su investidura y lo eximiera de sus obligaciones como jefe de Estado.
En este ecosistema de ética laxa, o por lo menos difusa, florecen tipologías y personajes sociales que integran una fauna singular y también definen una época: jubiladas emprendedoras que aparecen como prestamistas; monotributistas que figuran como propietarios de mansiones; beneficiarios de planes sociales que son, a la vez, titulares de empresas radicadas en el exterior; escribanas que dan fe de operaciones estrambóticas. Todos representan un repertorio de conductas que encajan en esa suerte de limbo moral: “No mataron a nadie; ¿cuál es el problema?”.
Esos engranajes remiten también a una cultura de la impunidad: “Vos poné la firma, o poné la cara, que no pasa nada”. Y hay fundamentos para sostener que, en muchos casos, efectivamente “no pasa nada”. Si se observan en detalle los últimos escándalos que han impactado en la opinión pública, se verá que se desataron casi por casualidad. ¿Hubiéramos sabido lo que pasaba en la AFA si no se hubiera entregado aquel título inventado a Rosario Central? ¿Se habría puesto la lupa sobre el patrimonio de Adorni si no hubiera sido por aquel viaje de su esposa en el avión presidencial? ¿Nos hubiéramos enterado de las cosas sin el trabajo riguroso y profesional de los periodistas independientes a los que insulta el poder? Son preguntas que llaman la atención sobre otro problema estructural de la Argentina: la fragilidad de los mecanismos de control estatal. ¿Cómo pudo construirse semejante arquitectura de desvíos financieros alrededor de la AFA sin que sonaran alarmas oportunas de la AFIP, la UIF o la Inspección General de Justicia?
Eso de los “hallazgos casuales” también es un patrón que se repite en una escena pública dominada por la opacidad. Conviene recordar, por ejemplo, cómo se destapó el “caso Chocolate” en la Legislatura bonaerense. ¿Fue por controles internos?; ¿por inconsistencias detectadas por el Tribunal de Cuentas?; ¿por la investigación valiente de un funcionario o un legislador? No. Fue por la denuncia de un vecino anónimo que vio, con sorpresa, que en la oscuridad de la noche un hombre extraía plata de un cajero automático con una pila llamativa de tarjetas de débito. “¿Mató a alguien?”, preguntaría hoy el poder. Más que “la moral”, parece regir “la coartada como política de Estado”.
Tipo de trabajo:
opinión
