La crisis boliviana se profundiza y es una amenaza a la seguridad regional
Según expertos en la materia, el país se estaría convirtiendo en “la nueva Afganistán”: refugio del narcotráfico penetrado por las redes globales del crimen organizado, incluido el terrorismo islámico
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PARA LA NACIONSergio Berensztein
“Bolivia se está convirtiendo en la nueva Afganistán: un santuario del narcotráfico penetrado por las redes globales del crimen organizado, incluido el terrorismo islámico”. El experto en temas de seguridad regional no ahorra adjetivos para describir la gravedad de la crisis actual, que podría derivar en un colapso económico y político con múltiples riesgos para los países vecinos, la Argentina entre ellos. Aunque parezca exagerado, la combinación de un Estado fracasado, una economía paralizada con una dinámica hiperinflacionaria, escasez de dólares y productos de primera necesidad, tensiones sociales que aumentan y un vacío de poder alimentado por la incertidumbre electoral (los comicios presidenciales están previstos para el 17 de agosto y, si fuera necesaria una segunda vuelta, para el 19 de octubre), es un entorno ideal para encubrir células “dormidas”, del grupo terrorista libanés Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria de Irán, país con el cual Bolivia estableció hace tiempo un acuerdo estratégico gracias a la identificación de Evo Morales (y tantos otros dirigentes chavistas de la región) con el régimen fundamentalista islámico.
En el contexto del debate que se impuso en nuestro país respecto de los roles y prioridades de los servicios de inteligencia y del desplazamiento de las FF.AA. en el norte (primero el Plan Güemes en la frontera con Bolivia, hace días el Plan Guazurari en la frontera con Brasil), esta amenaza genera interrogantes respecto de nuestra capacidad para prevenir y reaccionar ante el potencial desastre humanitario que conllevarían los eventuales flujos masivos de inmigrantes que voluntariamente o no abandonarían su país si se profundizara este escenario.
Bolivia experimentó en la primera década del siglo una etapa de relativa bonanza, especialmente en los primeros años de Morales, con Luis Arce como arquitecto de la política económica, apalancado por los altos precios de las materias primas. Hoy, ese recuerdo queda muy lejos. La producción de gas natural y petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos, cayó un 13% entre 2014 y 2023, y la contribución del sector energético en el PBI se redujo un 40% en los últimos años. El déficit fiscal es alarmante: se proyecta en torno a casi 11% del PBI en 2025 y al más de 13% en 2026. Sin crédito externo (la deuda ronda el 98% del producto), recurre a la emisión y, en consecuencia, entró en una dramática espiral inflacionaria mientras su moneda doméstica se devalúa constantemente. Con un Banco Central carente de reservas, se profundiza la escasez de insumos básicos y se ven larguísimas colas para conseguir combustible, mientras en el mercado informal el arbitraje de precios es despiadado. La vida diaria se convirtió en una odisea de incertidumbre y perplejidad. Si sabremos los argentinos de qué se trata.
En el plano político, la implosión del MAS (Movimiento al Socialismo) por la feroz interna entre Morales y Arce (ambos quedaron fuera de la carrera presidencial) aumenta la incertidumbre respecto del proceso electoral. El expresidente, con una orden de detención vigente por trata de personas que si bien se originó durante el mandato de Jeanine Áñez fue reflotada por este mismo gobierno, decidió refugiarse en la zona cocalera del Chapare para mantener su libertad, donde es “custodiado” por sus militantes más férreos mientras se desplaza en vehículos blindados pertenecientes a Petróleos de Venezuela (cuyos servicios de inteligencia, al igual que los cubanos, tienen amplia presencia en el país). Radicalizado, calificó de “enemigo” a su exvicepresidente Álvaro García Linera, que había propuesto unificar fuerzas detrás de un candidato común: el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Arce, por su parte, logró quedarse con el sello partidario del MAS. Pero sufrió un desgaste extraordinario: su gestión tiene solo el 10% de aprobación según un sondeo reciente de Ipsos. En este contexto, Arce aspiraría a una banca como senador mientras que su espacio respaldó a Eduardo del Castillo, actual ministro del Interior, como candidato presidencial. Esa decisión enfureció a la facción leal a Evo, que ahora sí impulsa la candidatura de Rodríguez, que, a su vez, tuvo dificultades para inscribirse formalmente: su improvisada alianza partidaria no contaría con los requisitos necesarios. Predominan las sospechas respecto de que el Poder Judicial, muy influenciable por los oficialismos de turno, está poniendo obstáculos como consecuencia de la presión del gobierno de Arce. Según el Latinobarómetro, la confianza en la economía (2%), las FF.AA. (23%) y la policía (16%) está en mínimos históricos y muy lejos de los promedios de la región. La desconexión entre la ciudadanía y el aparato estatal es total. Los sondeos electorales sugieren un escenario altamente fragmentado, impredecible y volátil. Las fuerzas moderadas y de centroderecha carecen hasta ahora de figuras convocantes.
Si algo faltaba a este combo explosivo es la penetración del narcotráfico y las redes globales de crimen organizado. Desde hace mucho tiempo, Bolivia es reconocida como uno de los principales productores de hoja de coca del mundo. Desde 2006, EE.UU. la considera país productor de pasta base, cuyos volúmenes se habrían multiplicado exponencialmente en el último lustro. Al menos cinco altos funcionarios de Morales, entre ellos los directores antidrogas René Sanabria y Maximiliano Dávila, terminaron arrestados luego de investigaciones de la DEA. En 2023, el candidato oficialista Del Castillo reconoció que se habían destruido 27 laboratorios y más de 1800 fábricas desde 2020, la mayoría en Chapare, bastión de Morales. Pero este funcionario estuvo presuntamente conectado con Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados por la DEA, que se fugó de Bolivia en 2023. La presencia de los más importantes carteles de la región es reconocida por los principales especialistas en seguridad y es un lugar común en medios diplomáticos. Uno de los jefes del PCC (Primer Comando Capital), la organización criminal más importante y sofisticada de Brasil, fue extraditado de manera exprés y sin el debido proceso. Integrantes del Tren de Aragua utilizan Bolivia como un santuario para “enfriar” (resguardar) a sus integrantes.
Para peor, últimamente se estrecharon las relaciones con Hezbollah (lo mismo ocurre en Brasil y Colombia), que tiene un papel vital en logística, en especial en el transporte de pasta base hacia la hidrovía, realizado generalmente con avionetas. Más: se detectó la presencia de la fuerza de elite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní (según fuentes de inteligencia, se han identificado entre Venezuela y Bolivia entre 120 y 150 integrantes de ese cuerpo). El gobierno argentino, en particular el Ministerio de Seguridad, está al tanto de la situación y advirtió a las autoridades bolivianas la decisión de impedir de forma taxativa cualquier incursión en el territorio nacional. Tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa y los servicios de inteligencia están monitoreando la evolución de la crisis, que podría aumentar en los próximos meses.
Bolivia se ha convertido en un “Estado fallido”: pérdida del monopolio de la violencia, colapso institucional, corrupción rampante, una economía informal cada vez más dominante, multiplicación de conflictos internos sin resolver y presencia de actores no estatales poderosos, sobre todo grupos que integran redes globales de narcoterrorismo. La Argentina debe prepararse para lo peor: si su vecino colapsa, el impacto no va a detenerse en su frontera.
Tipo de trabajo:
opinión
