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La desregulación de los servicios públicos, clave para volver a crecer
En los dos últimos meses, se ha acentuado el clima de pesimismo reinante dentro y fuera del país sobre las perspectivas de la economía argentina. Aunque asentado en innegables problemas reales, el pesimismo se magnifica por la sensación de que ellos no encontrarán solución en el futuro cercano, aun más allá de la asunción del próximo presidente. Los mensajes de los principales partidos son cada día más decisivos, pero por ahora resultan contradictorios.
Por un lado, hay que festejarlo, los consensos son mayores que en ningún momento del pasado. Aunque a veces trastabillan, hay acuerdos sobre la estabilidad, la apertura de la economía, no retrotraer las privatizaciones y comprometerse a un "razonable" déficit fiscal.
Por otro lado, en el último mes ha habido declaraciones que han hecho dudar del compromiso de honrar la deuda pública. Pero aunque este segundo factor, hoy decisivo, no hubiera hecho su aparición, las dudas sobre la economía argentina se refieren también a sus posibilidades de crecimiento en un mundo en el que casi todos los países han devaluado sus monedas respecto del dólar y el peso y en el que los precios de los principales productos exportables argentinos son muy bajos y con pronósticos algo exagerados, pero en todo caso pesimistas.
Más allá de opiniones personales, la incertidumbre reinante pone de manifiesto que los principales candidatos en pugna no han logrado todavía convencer al electorado y a los mercados financieros de su capacidad para inducir un crecimiento sostenido.
Riesgo país y crecimiento
En el gráfico adjunto puede verse la evolución del riesgo país de la Argentina, Brasil y Chile entre enero de 1994 y junio de 1999. Se trata de una variable crucial, que mide la diferencia entre las tasas de interés pagadas por cada gobierno y las pagadas por los Estados Unidos, pero que es también determinante de todas las tasas de interés domésticas y, en buena medida, de la inversión.
El riesgo país no refleja sólo la solvencia fiscal, sino también las expectativas de crecimiento, generalmente convalidadas por los hechos. Pruebas al canto: entre 1994 y 1999, Chile creció 5,9% anual; la Argentina, 3%, y Brasil, 2%. La comparación con Chile muestra elocuentemente la conveniencia de un bajo nivel de riesgo país.
La comparación con Brasil deja otras enseñanzas. Salvo en el último período, cuya duración parece acortarse, la Argentina no ha logrado capitalizar en un menor nivel de riesgo país su mejor desempeño fiscal. Nos guste o no, esto tiene que ver con las dudas antes mencionadas sobre nuestra capacidad de crecer.
La desregulación
Para convencer al mundo, comenzando por la pléyade de escépticos locales, de que la Argentina puede volver a crecer en el marco de la convertibilidad, es crucial mostrar bien concretamente cuál es el camino. En tal empeño, el Ieral realizó para la reciente convención de la Asociación de Bancos de la Argentina un trabajo cuyos mensajes centrales son bien claros.
El primero es que, efectivamente, la Argentina puede bajar el riesgo país y volver a crecer en el marco de la convertibilidad. El segundo es que para ello es necesario un amplio programa de reformas, que desarrollaré en esta y en próximas columnas.
Uno de los capítulos más promisorios de la densa agenda que espera al próximo gobierno es el referido a los servicios públicos. Desde hace un par de años se ha estado insistiendo, no sin razón, en las falencias regulatorias de estos servicios.
La solución propuesta se ha limitado generalmente a subrayar la necesidad de independencia y profesionalización de los entes reguladores. No puede dudarse de que es uno de los ingredientes importantes. Pero lo más importante que debe hacerse, de aquí en más, en esta materia es introducir tanta competencia como sea posible. Los entes reguladores funcionarán tanto mejor cuanto más competitivo sea el mercado en el que operan.
Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, el Gobierno ha puesto en marcha un programa de desregulación que resulta arbitrario e insuficiente. Es arbitrario, porque se ha limitado a cuatro el número de empresas competidoras, se las ha elegido discrecionalmente y ellas han venido a ser las mismas que operarán en telefonía móvil.
Y es insuficiente, porque se ha limitado la liberación de precios, se han mantenido barreras a la entrada de nuevas empresas y se han erigido trabas a la libre elección. Por ejemplo, la selección entre compañías no se ejercerá por discado, sino por presuscripción, y el cliente no podrá conservar su número.
Aunque el Gobierno ha prometido un esquema más desregulado a partir del 2000, por ahora se ha perdido claramente la oportunidad de crear un mercado más competitivo en telecomunicaciones, cada vez más posible por las nuevas tecnologías y que habría redundado en menores precios y mayor calidad del servicio.
El caso de la energía eléctrica es de una índole diferente. No estamos en presencia de un deficiente marco regulatorio, ya que es reconocido como uno de los mejores del mundo. Lo que ocurre es que el cambio técnico posibilita conquistar ahora la última frontera de la desregulación, la minorista.
Para ello es necesario subdividir las concesiones de distribución en una de cableado o transporte (wire company) y un sinnúmero de compañías comercializadoras, que comprarían al generador que ellas elijan; pagarían el peaje por el uso de las redes, troncal y de distribución, y venderían luego al consumidor, quien tendría así absoluta libertad de elección y, seguramente, menores tarifas y mayor calidad del servicio.
Estos son apenas un par de ejemplos de lo mucho que puede hacerse para aumentar la competitividad de la economía y su potencial de crecimiento. Por cierto, en todos los casos se lo debe hacer sin vulnerar los derechos adquiridos, pero con gran firmeza.
