La deuda con la región metropolitana
1 minuto de lectura'
Una ciudad sitiada por las malas intenciones electorales y el desmanejo político convirtieron recientemente la vida cotidiana en Buenos Aires en un infierno. El millón de pasajeros que viajan a diario en el subterráneo y los otros más de dos millones que utilizan el servicio de transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires son las víctimas principales de una forma de relación entre gobiernos que está agotada.
La política tiene una deuda con los tres millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y con los 10 millones de los 24 partidos del conurbano. En total, 13 millones de personas -el 32% de la población argentina- que sufren las malas estrategias políticas decididas en medio de una pelea tan absurda como mezquina.
Desde 1983, se desarrollaron iniciativas para generar los ámbitos donde pudieran trabajar en forma conjunta la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación los temas comunes a estos casi 13 millones de personas; eso llevó a la creación del AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) por el intendente Julio César Saguier y el gobernador Alejandro Armendáriz, el 8 de noviembre de 1984.
Hay buenos antecedentes que marcan lo que debería ser una línea de trabajo para profundizar: la creación, en 1977, de lo que hoy es el Ceamse, con participación de la provincia y la ciudad de Buenos Aires; la Corporación del Mercado Central, inaugurada en 1984 con participación de la Nación; el Hospital Nacional de Pediatría, integrado en un principio por las tres jurisdicciones, luego terminado y mantenido hasta hoy por la Nación y la ciudad.
Con la reforma de la Constitución en 1994 se institucionaliza en el artículo 124 la región como nueva categoría administrativa, dejando en manos de los gobiernos de cada Estado el impulso y la formulación de cualquier acuerdo de ese tipo.
Pero en los últimos años es más lo retrocedido que lo avanzado: la increíble disputa entre los gobiernos de la Nación y la ciudad por los subterráneos; el anunciado conflicto entre la provincia y la ciudad por la disposición final de los residuos, conflicto fogoneado y estimulado hasta el cansancio desde la Casa Rosada; la superposición de funciones entre las policías Metropolitana y la Federal, que deja a los ciudadanos rehenes de los caprichos de quienes tienen a su cargo el poder de policía en la ciudad de Buenos Aires, es decir, el gobierno nacional, y que agrava la inseguridad; la anacrónica situación de los hospitales públicos de la ciudad, que fueron casi en su totalidad construidos por la Nación para atender el área metropolitana y que fueron siendo transferidos a la ciudad sin recursos, cuando más de la mitad de sus pacientes son vecinos del conurbano bonaerense, y por último, el intento ilegal de retirarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad.
Son fuertes evidencias de un ataque sistemático del gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires. La presidenta de la Nación está abocada a este ataque permanente e impulsa enfrentamientos falsos y perversos. El jefe de gobierno de la ciudad, por su lado, con su opción por la victimización y la falta de manejo político y el aislamiento, tampoco contribuye a superar la situación. La magnitud de los problemas requiere la acción conjunta de los gobernantes de las tres jurisdicciones: Nación, provincia y ciudad. Y terminar con esta lógica de enemigos de juego de mesa, un partido en el que la mayoría de los ciudadanos no quieren jugar.
Proponemos que en el marco de lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad acuerden la integración de una región metropolitana entre la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos más próximos a ella.
La Nación, en estos últimos 30 años, se ha ido desprendiendo de servicios que estaban a su cargo, pasando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hospitales y la educación primaria y secundaria. Tanto la provincia como en mucho mayor medida la ciudad han venido perdiendo participación relativa en los recursos coparticipables, y la Nación ha incrementado a un rango sin precedente la recaudación no coparticipada.
La Nación presta cada vez menos servicios y dispone de más fondos. Hoy se queda con el 75% de los recursos coparticipables, cuando en 1988 su porcentaje era del 42,33%. Si de estos recursos se destinaran 7 puntos a la región metropolitana, equivaldría a unos 8000 millones de pesos. Estos fondos se podrían aplicar a la red suburbana de ferrocarriles, subterráneos, infraestructura en general, y a un sistema de hospitales públicos metropolitanos financiado por la región.
Esto revertiría la fuerte injusticia que sufren tanto la provincia de Buenos Aires y la ciudad de ser las que peor relación tienen entre lo que aportan y lo que obtienen de los recursos coparticipables.
Renovar y actualizar instituciones es la respuesta que debe dar la política a los tres millones de pasajeros que ingresan a diario al centro de la región metropolitana, a otros tantos millones de pacientes que sufren a diario un sistema desfinanciado de salud y a los 13 millones de ciudadanos que soportan las consecuencias de un diseño institucional obsoleto, funcional a una lógica sin futuro.
Aspiramos a que una fuerza nacional como el radicalismo, junto con otras con una impronta progresista, moderna, republicana e innovadora, generen una alternativa de poder capaz de crear las instituciones e impulsar los proyectos que consideramos indispensables. Proyectos que, a la vista de los acontecimientos que describimos y que viven los ciudadanos todos los días, no están en la agenda de los que hoy gobiernan la Nación y la ciudad de Buenos Aires.
© La Nacion
